El nombre del magistrado Ángel Aguallo Avilés, que asesoró a uno de los principales imputados en el caso Unión, ha vuelto a surgir en el marco de otro caso de corrupción, el caso Urdangarín. Y, al igual que sucedió en la causa abierta en Lanzarote, en esta ocasión Aguallo vuelve a verse salpicado por sus labores de asesoramiento privado, pese a que era letrado de Tribunal Constitucional y después magistrado del Tribunal Supremo.
El ex socio de Iñaki Urdangarín, Diego Torres, ha sido quien ha aportado al Juzgado correos electrónicos que probarían ese asesoramiento de Aguallo a los directivos del Instituto Nóos, en un proyecto de responsabilidad social corporativa a Pernod Ricard. Según publican distintos medios nacionales, esos correos fueron enviados por Aguallo "desde direcciones corporativas del Ministerio de Justicia".
El abogado de Torres (el mismo que defiende a Dimas Martín en el caso Unión) ha entregado esos mails junto a una nueva remesa de documentos que comprometen a la Casa Real, pero también a otras destacadas personalidades, entre ellas este magistrado.
Tal como en su momento subrayó la UCO en el caso Unión (al detectar labores de asesoramiento de Aguallo a Luis Lleó), los cargos que desempeñaba el juez, primero en el Tribunal Constitucional y después en el Supremo, son incompatibles con ese tipo de actividad.
En Lanzarote, las pruebas fueron anuladas
En la causa abierta en Lanzarote, los agentes también encontraron correos electrónicos entre el magistrado y Luis Lleó, aunque esas pruebas terminaron siendo invalidadas, al anularse los autos de entrada y registro en las oficinas del empresario. El motivo fue un supuesto error en la redacción del auto, aunque el juez que instruía entonces la causa denunció la sustracción de éste y otros autos originales del procedimiento.
Así, aunque Lleó continúa acusado por el intento de soborno a Carlos Espino para desbloquear la construcción de la parcela de Costa Roja, tuvieron que cerrarse otras vías de investigación, como la posible comisión de delitos relacionados con la evasión de impuestos.
En uno de sus informes, la UCO apuntaba a esos posibles delitos y señalaba que hasta seis personas asesoraban a Lleó en materia fiscal. Y, entre ellas, se encontraba Ángel Aguallo, que en ese momento era letrado del Tribunal Constitucional. Según los agentes, Aguallo fue uno de los "autores intelectuales" de un dictamen en el que recomendaban a Lleó los pasos a seguir para que una de sus sociedades, Residencial Costa Roja, tributara como sociedad patrimonial, obteniendo una tributación muy inferior a la que se realiza en el régimen general de sociedades, pese a que no cumplía los requisitos para ello. En ese dictamen, proponían a Lleó la disolución de la sociedad Residencial Costa Roja y la entrada de otras personas como accionistas. Esto último se hizo con la compra de participaciones por parte de dos personas, aunque la UCO subraya que pudo tratarse de una operación ficticia, "realizada exclusivamente de manera documental".
Además de apuntar la incompatibilidad en la que podría haber incurrido Aguallo con esa labor de asesoramiento, la UCO apuntaba también su "posible participación en las presuntas irregularidades desde el punto de vista fiscal realizadas por Residencia Costa Roja", dado que él era uno de los "autores intelectuales" del informe que recomendaba los pasos a seguir.
En cuanto al cobro por esos servicios prestados a Lleó, los agentes señalaban que tanto Aguallo como otro letrado del Constitucional, que también asesoró a este empresario, intentaron camuflar esos pagos, evitando que vinieran "reflejados directamente a nombre de la persona que realiza el asesoramiento". En Lanzarote, Aguallo no llegó siquiera a ser citado, al anularse las pruebas. Ahora, la defensa de Diego Torres sí ha pedido que declare en el juicio del caso Nóos.
