"Canal Gestión Lanzarote habrá ejecutado y certificado obras por valor de más de 35 millones de euros antes de que finalice 2015". Eso fue lo que aseguró aquel año el entonces presidente del Cabildo, Pedro San Ginés, cuando Gerardo Díaz aún era gerente de la empresa en la isla, antes de ser detenido y trasladado a otro destino. Sin embargo, las actas de la comisión de seguimiento del contrato que San Ginés había mantenido ocultas, y a las que ahora ha tenido acceso La Voz, muestran que la realidad de lo que estaba ocurriendo nada tenía que ver con lo que el presidente trasladaba públicamente.
De hecho, no solo no se certificaron 35 millones de euros hasta 2015 sino que ocho meses después, en agosto de 2016, Canal solo había presentado obras por valor de 15,9 millones de euros. Y de esa cantidad, en realidad el Consorcio únicamente había dado por buenos 800.000 euros. El resto habían sido rechazadas o seguían en estudio, bien porque no las consideraban realmente inversiones o porque había discrepancias con los cálculos realizados por Canal, que imputaba sumas al Plan de Inversiones por encima del valor por el que se habían adjudicado las obras.
Sin embargo, pese a esos incumplimientos que se dieron desde el inicio, San Ginés alababa públicamente la labor desarrollada por Canal y especialmente la del que era entonces su gerente, Gerardo Díaz. De hecho, salió en su defensa tanto tras su detención por el presunto amaño de contratos, como cuando ocho meses después, en octubre de 2015, la empresa decidió apartarle de este cargo. Entonces San Ginés llegó a pedir a Canal que se replanteara esta decisión y que le mantuviera "al menos un tiempo prudencial", o que le permitiera seguir "vinculado a la coordinación y desarrollo del Plan Estratégico y de Inversiones". Y todo ello cuando en ese momento, el contrato ya llevaba dos años y medio en vigor y la empresa había acreditado poco más del 1% de las obras que debía ejecutar en los cinco primeros años.
"Las inversiones se están ejecutando a todo rendimiento"
"Las inversiones se están ejecutando a todo rendimiento en estos momentos", defendió San Ginés en la carta que remitió a Canal pidiendo la continuidad de Gerardo Díaz, y que unió a otra firmada por los trabajadores. Sin embargo, la empresa mantuvo su decisión de trasladar a Díaz a otro puesto y fue a partir de ahí cuando empezó a crecer la tensión entre el Consorcio y Canal en las reuniones de la comisión de seguimiento del contrato.
Esas reuniones se celebraban a puerta cerrada y el único político que participaba era Pedro San Ginés, aunque después se incorporó a este órgano el alcalde de Haría, Marci Acuña, también de Coalición Canaria, y desde 2018 San Ginés fue reemplazado por Echedey Eugenio, al asumir la presidencia del Consorcio del Agua. No obstante, las actas también evidencian que en los dos primeros años hubo asuntos que no se abordaron en esa comisión. Y es que entre otras cosas, no hay una sola mención al momento en el que San Ginés ordenó incautar la desaladora y la depuradora de Club Lanzarote en Montaña Roja en septiembre de 2014 y entregársela a Canal, que de la mano de eso aumentó sus ingresos por facturación hasta que la Justicia anuló esta medida ilegal.
Fue a partir de 2016, tras la salida de Gerardo Díaz, cuando se incrementó la periodicidad de las reuniones y también las discrepancias. Además de hacer constantes referencias a las inversiones que no se estaban justificando, el Consorcio también empezó a acusar a Canal de otros incumplimientos. Incluso, ya a principios de 2019 llegó a proponer hasta seis sanciones, pero ninguna de ellas vinculada a las inversiones que siguen sin estar acreditadas a día de hoy, cuando ya se ha cumplido con creces el plazo previsto para completar ese plan de inversiones.
Sanciones económicas
En cuanto a las sanciones que sí promovió el Consorcio, una de ellas fue porque Canal se negó a pagar el 50% de las obras que correspondían a los promotores de cuatro planes parciales de Playa Blanca -con los que San Ginés había firmado convenios- y a asumir la depuradora de Juan Francisco Rosa, tal como adelantó la pasada semana La Voz. Entre otras cosas, Canal alegaba que esa depurada presentaba "graves deficiencias" y riesgos para la seguridad de los trabajadores y para el medio ambiente. Sin embargo, aunque el propio Consorcio tenía informes que acreditaban esas deficiencias, exigió a Canal que asumiera esas instalaciones y que terminara las obras que no habían concluido los empresarios. Y ante su negativa, el gerente del Consorcio, Domingo Pérez, propuso penalizarle con 640.000 euros.
A esta se sumaron otras cinco propuestas de penalidades, todas entre abril y mayo de 2019, poco antes del cambio de gobierno. La primera fue por "dilatación no justificada en la ejecución de las actuaciones orientadas a la mejora del parque de contadores", y se propuso una sanción de 31.000 euros; la segunda por no notificar al Consorcio despidos de personal en la planta de Janubio; la tercera, por "incumplimiento de la obligación de suministro de información al Consorcio"; la cuarta, de 10.000 euros, "por la falta de mantenimiento de la estación de bombeo de agua residual intermedia de Playa Blanca"; y finalmente se habló de una última "por incumplimiento de las obligaciones de suministro de información al Consorcio, el incumplimiento del plan de explotación de los servicios y del plan de organización y gestión del servicio ofertado, el incumplimiento de la solicitud de autorización al Consorcio en materia de personal y por no cumplir las órdenes dispuestas por el Consorcio".
Además, en la reunión de la comisión de seguimiento celebrada el pasado mes de mayo también advirtieron a Canal con abrirle otro expediente sancionador por no haber abonado lo correspondiente a los cánones A y C previstos en el contrato del primer trimestre del año y tampoco el canon extraordinario "a pesar de los requerimientos", y le dieron un plazo de cinco días para efectuar los pagos, advirtiendo que en caso contrario se enfrentaría a otra sanción económica.
"Estos incumplimientos pueden abrir la puerta a rescindir el contrato con Canal", advirtió hace dos semanas el ex portavoz de Podemos en el Cabildo, Carlos Meca, que acababa de conseguir acceso a estas actas que San Ginés le había estado ocultado durante tres años, tal como confirmó el Comisionado de Transparencia al estimar una queja del ex consejero.
Bajas temerarias y adjudicaciones sin supervisión
Las actas también reflejan que fue a partir del tercer año cuando el Consorcio empezó a plantear en la comisión de seguimiento cuestiones básicas sobre las adjudicaciones de obras que realizaba Canal. En concreto, en la reunión de diciembre de 2016 hablaron de la participación que podía tener el Consorcio "para supervisar los pliegos" y "el procedimiento". Unos meses antes, habían advertido de una adjudicación con "una baja temeraria" en un concurso de obras en la red, y el Consorcio pidió a Canal que parara la adjudicación, pero ésta se negó.
En cuanto a las inversiones que defiende haber realizado Canal, que desde 2018 asegura que ya ha ejecutado toda la inversión comprometida, el Consorcio seguía discrepando hasta las últimas reuniones celebradas antes de terminar el pasado mandato. De hecho, seguían dejando fuera supuestas inversiones, porque consideraban que en realidad eran gastos de mantenimiento propios del servicio, y también cuestionando las cantidades que imputaba Canal a determinadas obras.
En mayo de 2019, la jurista designada por San Ginés para formar parte de este órgano, Eugenia Torres, advirtió que en casi todos los lotes de obras presentados por la empresa había contratos que habían sido modificados sin que constaran los expedientes. Como ejemplo, señaló que la obra del depósito de Zonzamas se había adjudicado por 2,7 millones de euros, pero Canal había presentado como justificación para el plan de inversiones 3 millones de euros.
"No puede adjudicarse el contrato por dos millones y justificar tres. Esa diferencia debería estar regulada mediante un modificado y dicho expediente de modificado no ha sido presentado en el Consorcio para su revisión y posterior comprobación con lo que se justifica", advirtió.
El 10% para Canal
Pese las serias discrepancias sobre la acreditación de la inversión realizada, al mismo tiempo el Consorcio siguió planteando encomendar a Canal la ejecución de obras financiadas directamente por el Consorcio. Para ello, la empresa reclamaba quedarse con el 10 por ciento del valor total de cada contrato, que es el mismo porcentaje que ha venido aplicando a las obras con cargo a su plan de inversiones. Es decir, que de los 54 millones que debía ejecutar y que siguen sin acreditarse, 5,4 quedarían en manos de Canal en concepto de gastos.
Una de las ocasiones en las que se planteó encomendar otras obras a Canal fue en septiembre de 2018. En esa reunión el gerente del Consorcio, Domingo Pérez, señaló que no veía "viable la ejecución directa de Canal de las obras no incluidas en el plan de inversiones", aunque agregó que "en operatividad" era "más rápido". Después, el tema se siguió abordando en otras reuniones, planteando encomendar otras obras a Canal, pese a que el Consorcio seguía poniendo en duda la justificación de las que formaban parte de su plan de inversiones comprometido en el contrato.
