Los principales casos de corrupción que se vienen arrastrando desde hace al menos una década en Lanzarote podrían quedar por fin juzgados el próximo año. Además de señalar las fechas de la vista que quedaba pendiente del caso Unión, derivada de la operación Jable, la Audiencia Provincial ya ha señalado también para 2023 el último juicio del caso Montecarlo.
Además, en lo que queda de 2022 están previstos otros dos juicios: en septiembre el de la licencia de Costa Roja, y en noviembre se había señalado la repetición del juicio de La Bufona, aunque ha vuelto a retrasarse.
En cuanto a la última pieza de Montecarlo, centrada en los pagos presuntamente ilegales y por servicios no prestados a la empresa Tunera Producciones, la vista comenzará el 30 de enero y está previsto que se desarrolle en 15 jornadas, terminando el 17 de febrero.
El juicio correrá a cargo de la Sección Primera de la Audiencia Provincial, que celebrará algunas sesiones en Arrecife y otras en Las Palmas de Gran Canaria.
En total están acusadas 11 personas, y varias de ellas ya fueron juzgadas recientemente en otra pieza de Montecarlo, que está a la espera de sentencia.
Entre ellas se encuentra el ex alcalde de Arrecife, José Montelongo, que era concejal de Hacienda cuando ocurrieron los hechos, bajo el gobierno del PP y el PSOE presidido por Cándido Reguera. El propio Reguera fue también investigado en ésta y otras piezas de la causa, pero falleció durante la instrucción.
Junto a Montelongo, en el banquillo se sentarán otras diez personas, por presuntos delitos de malversación de caudales públicos, fraude a la administración, prevaricación administrativa y falsedad documental.
La Fiscalía pide para ellos penas de entre tres y seis años de prisión, además del pago de multas y el abono de la responsabilidad civil, que implicaría la devolución al Ayuntamiento del dinero presuntamente malversado.
En el juicio también repite como acusado el ex interventor de Arrecife, Carlos Sáenz, que ya ha confesado en todas las piezas del caso Montecarlo que se han juzgado, incluida la que está pendiente de sentencia. También repetirán en el banquillo los ex concejales Eduardo Lasso (PIL), Isabel Martinón (PNL) y Víctor Sanginés (PSOE), a los que se sumará ahora el ex edil Lorenzo Lemaur (PP).
Además, están acusados los trabajadores municipales José Nieves Caraballo, Miguel Ángel Leal, Blas Antonio Cedrés y Francisco Hernández Betancort; así como el empresario Eduardo Ferrer, propietario de Tunera Producciones.
Fraccionamiento de facturas y "servicios que nunca se prestaron"
El escrito de acusación, presentado hace más de seis años, sostiene que el interventor "se concertó" con el dueño de Tunera Producciones para que pudiera obtener fondos públicos del Ayuntamiento de manera ilegal. Según la Fiscalía, esto "exigía la participación de otros cargos y funcionarios públicos que en cada departamento debían asumir el teórico y legal control de la contratación y de la ejecución de los supuestos servicios facturados, con el fin de dotar de apariencia de legalidad a todo el entramado y justificar la facturación y por ende los pagos".
De esta forma, el Ministerio Fiscal sostiene que se pagaron fondos públicos "por servicios que nunca se prestaron". Además, a esto añade la existencia de otros que sí llegaron a realizarse pero que se adjudicaron "de forma directa, verbal y sin expediente de contratación", cuando debían haberse sacado a concurso público.
Así, considera que se fraccionaba la facturación para "crear la apariencia de legalidad de los supuestos servicios prestados y vinculados a las áreas municipales de Festejos o Cultura", que "eran abonadas por el Ayuntamiento a sabiendas de su ilegalidad, en cuantías cuya determinación solo dependía del capricho del proveedor y de los responsables de la custodia de los fondos públicos, sin que conste que se acreditara por los responsables municipales el cumplimiento de los servicios en los términos que se facturaban, y sin que se pusiera traba alguna al abono de las cantidades reclamadas por la mercantil".
Entre los contratos investigados, había varios vinculados a la organización de eventos, incluyendo el concierto de Alejandro Sanz, por el que esta empresa cobró 290.220 euros; así como los conciertos del Festival Malpaís de 2009 y 2010, por más de 600.000 euros en total, y otros actos del Carnaval y de otras fiestas del municipio.
Además, también se le adjudicó a la misma empresa un "proyecto de apoyo al desarrollo de las acciones y programas de la Concejalía de Barrios del Ayuntamiento de Arrecife", gestionada entonces por Lorenzo Lemaur, que según la Fiscalía nunca llegó a ejecutarse, y por el que la empresa cobró casi 100.000 euros.
