Agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil continúan la investigación al ex presidente del Cabildo, Pedro San Ginés, y ya han citado a declarar a varias personas. Entre otros, en la tarde de este lunes declararon como testigos la ex consejera del Cabildo y actual alcaldesa de Arrecife, Ástrid Pérez, y el ex alcalde de Haría José Torres Stinga. En su día, ambos fueron miembros del Consorcio Insular del Agua.
El despliegue de la UCO en la isla se hizo público este lunes, cuando se inició el registro de la casa donde vive el expresidente, que era propiedad del abogado Felipe Fernández Camero. Posteriormente, los agentes se trasladaron al Cabildo junto a San Ginés, para acudir al despacho de Coalición Canaria en la Corporación.
Las diligencias, que se instruyen en el Juzgado de Instrucción Número 2 de Arrecife, han sido declaradas secretas. Lo que se sabe hasta el momento es que se investigan delitos contra la Administración Pública, presuntamente cometidos por Pedro San Ginés durante su mandato. Los delitos contra la Administración Pública incluyen desde prevaricación, tráfico de influencias y malversación de fondos públicos, hasta cohecho.
En cuanto a los hechos concretos que se investigan, hasta el momento se desconoce su alcance; pero el hecho de que el juez autorizara un registro domiciliario apunta a que existen indicios sólidos para justificar una medida de este calado.
La última denuncia conocida contra San Ginés se centraba en el pago de cerca de un millón de euros de forma presuntamente irregular al abogado Ignacio Calatayud -que es yerno de Felipe Fernández Camero- por el concurso de acreedores de Inalsa. Este letrado también fue quien "asesoró" a Pedro San Ginés en la incautación ilegal de la desaladora de Montaña Roja, por la que el expresidente se sentará en el banquillo el próximo mes de mayo.
Además, Calatayud también intervino en la adudicación del ciclo del agua a Canal Gestión bajo el mandato de San Ginés. Posteriormente, este abogado recibió importantes pagos de esa empresa, para la que trabajaba mientras asesoraba a San Ginés en la incautación de la desaladora, de la que se vio beneficada Canal. Y es que entregaron la planta incautada a Canal, hasta que la Justicia anuló ese decreto.
