El Tribunal Superior de Justicia de Canarias no ha accedido a la petición del Gobierno regional de levantar la suspensión cautelar del protocolo de menores, tras solicitarlo la Fiscalía Superior de Canarias.
El protocolo aprobado por el Gobierno de Canarias hace dos semanas exigía al Estado la salvaguarda de los menores hasta identificarlos, obtener la documentación individualizada por el menor, y hasta que la Policía Nacional se entrevistase con ellos y, luego, hacer una comunicación previa con la comunidad autónoma para conocer si había disponibilidad de las plazas de acogida y esperar a su respuesta.
La Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJC se ha pronunciado este lunes negándose a levantar la suspensión cautelar del protocolo y ha incidido en que "difícilmente cabe imaginar otro supuesto" que "requiera la adopción de una resolución urgente y excepcional", como ocurre en esta ocasión.
La Sala suspendió de forma cautelar el protocolo de "recepción" de menores migrantes, alegando la situación de "vulnerabilidad" de los niños, niñas y adolescentes y teniendo en cuenta "la máxima protección que se merecen" sus derechos.
Ahora, en respuesta al recurso del Gobierno de Canarias, el Tribunal ha añadido que aunque el menor quedaría custodiado por las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, "el problema surge cuando esa custodia se prolonga y alarga en el tiempo". Así, ha señalado que "existe una fundada y razonable sospecha" de que con estas medidas "puede ralentizarse el momento de entrega y recepción" y que esto "repercute negativamente en sus derechos".
En este mismo sentido, el Ministerio Fiscal ha resaltado que si este protocolo se llevara a cabo, los menores "quedarían desprovistos de atención inmediata" y "en situación de desamparo patente" en el caso de haber sido rescatados por el Estado en el mar o interceptados por la Guardia Civil o la Policía Nacional a su llegada a las costas canarias.
El Tribunal ha insistido así en que la dilación en su acogida "produciría efectos irreversibles para los menores a los que se les ha aplicado el protocolo", ya que quedarían "desprovistos de la primera y más fundamental de todas las garantías", la atención inmediata a su llegada a España.
Posible vulneración de los derechos humanos
El Tribunal no ha entrado a pronunciarse sobre si es legal o no la resolución del Gobierno canario. Simplemente, como medida cautelar trata de evitar que puedan vulnerarse los derechos de los menores migrantes no acompañados que llegan en patera a las islas.
Mientras tanto, ha expuesto que la capacidad de acogida del archipiélago se ha visto "desbordada notoriamente" en el caso de los menores migrantes y que las cifras "no hacen sino aumentar", con en torno a 6.000 niños, niñas y adolescentes acogidos en los diferentes recursos del archipiélago. En esta línea, la Sala no le resta credibilidad a la saturación que alega el Ejecutivo canario y a la forma en la que se entregan los menores por parte del Estado .
Sin embargo, ha indicado que "no son suficientes los esfuerzos realizados" por parte de las diferentes instituciones y señala que un encuentro en una conferencia sectorial no es suficiente para atajar la situación. "Requiere una interacción mucho más intensa y completa", ha puntualizado.
Así pues, sobre la argumentación presentada por el Ejecutivo canario, aunque el Gobierno de Canarias alegó que el protocolo es una copia del Protocolo Marco aprobado por el Estado en 2014, el Tribunal ha señalado que "aunque reitera" este protocolo de hace diez años, no expone "lo que añade".
Entre los cambios que el Ejecutivo canario le hace al protocolo de 2014, están los puntos principales y más polémicos del nuevo protocolo: la exigencia de hacer una comunicación previa para conocer la disponibilidad de plazas de acogida, el señalamiento del lugar de entrega y recepción de los menores no acompañados, una vez se confirme que la plaza está disponible.
La Sala ha expuesto así que si realmente fuera una copia del protocolo de 2014 entonces "resultaría innecesaria la adopción" del nuevo protocolo, porque ya estarían protegidos por el anterior. Además, insta al Gobierno de Fernando Clavijo a reclamar al Estado que se aplique el texto de 2014 y a denunciar "el reiterado incumplimiento del mismo".
