El Tribunal Superior de Justicia de Canarias ha acordado dirigir un “requerimiento personal” al alcalde de Yaiza, Óscar Noda, advirtiéndole de que le impondrá multas si el Ayuntamiento sigue sin entregar el expediente con el que se intenta legalizar el hotel Princesa Yaiza, propiedad del empresario Juan Francisco Rosa.
La Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso del TSJC requirió esa documentación al Consistorio el 4 de noviembre de 2020 y la providencia, que fue recurrida, es firme desde el pasado 26 de enero. “Sin embargo, a pesar del tiempo transcurrido, no consta que hasta la fecha por parte del Ayuntamiento de Yaiza se haya procedido al cumplimiento de lo dispuesto en la misma”, señala la nueva resolución de la Sala, que tacha de “excesivo” el retraso del Consistorio.
Por eso, ordena reiterar al alcalde que proceda a la ejecución de la providencia dictada hace más de ocho meses o a que formule alegaciones, “apercibiéndole de que en caso de incumplimiento en el plazo de un mes desde la recepción de la notificación, se podrá proceder a la imposición de multas coercitivas”.
Al respecto, se remite al artículo 112 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, que autoriza a los magistrados a imponer multas “de ciento cincuenta a mil quinientos euros a las autoridades, funcionarios o agentes que incumplan los requerimientos del Juzgado o de la Sala, así como reiterar estas multas hasta la completa ejecución del fallo judicial, sin perjuicio de otras responsabilidades patrimoniales a que hubiere lugar”. Incluso, ese artículo contempla la posibilidad de “deducir el oportuno testimonio de particulares para exigir la responsabilidad penal que pudiera corresponder”, en caso de incumplimientos graves y reiterados.
Casi dos décadas sin ejecutar la sentencia
El requerimiento de esa documentación se produjo dentro del procedimiento de ejecución de la sentencia que declaró ilegal el hotel en el año 2003, y que sigue sin ejecutarse casi dos décadas después.
Tras la aprobación del nuevo Plan General de Yaiza, Rosa intentó pedir una nueva licencia, pero los informes municipales concluyeron que era ilegal e ilegalizable, incluso pese al aumento de edificabilidad que permitía el nuevo plan. En concreto, concluían que seguía teniendo 5.116 metros cuadrados más de lo permitido, que la superficie habitable en sótanos se excedía en cerca de 1.000 metros cuadrados y que la ocupación sobre rasante también estaba muy por encima de los parámetros establecidos, y advertía incluso de la necesidad de demoler parte de la construcción.
Sin embargo, el diciembre de 2017, la Junta de Gobierno de Yaiza concedió al empresario una licencia de obras para varias intervenciones menores, valoradas en poco más de 36.000 euros, para la “adecuación de la realidad física a la ordenación urbanística”. En ese acuerdo, se indicaba que se procedería “en una fase posterior del expediente a pronunciarse respecto a la legalización del establecimiento turístico hotel Princesa Yaiza”.
Durante la tramitación de la solicitud de esa licencia, el empresario llegó a presentar proyectos y planos distintos hasta en cuatro ocasiones, y ni siquiera coincidían las distintas mediciones aportadas por la propiedad. La última la entregó el 26 de octubre de 2017 y dos meses después el Ayuntamiento le concedió la licencia, como paso previo al intento de legalización.
Ahora, lo que sigue reclamando el TSJC es todo ese expediente, incluyendo los distintos proyectos y planos presentados por la propiedad, para decidir si autoriza un acceso a las instalaciones para realizar las comprobaciones necesarias. Esa solicitud para acceder al hotel fue planteada dentro del procedimiento de ejecución del fallo que declaró ilegal el Princesa Yaiza, para garantizar que el proyecto y lo ejecutado ahora se corresponden con la realidad, cosa que no ocurrió cuando se construyó. Y es que además de que la licencia era ilegal -como determinó la sentencia que estimó los recursos del Cabildo y de la Fundación César Manrique-, la obra realizada en su día ni siquiera se ajustaba a lo que se había autorizado.
Por la concesión de ésa y de otras licencias ya fue condenado el que entonces era alcalde, José Francisco Reyes, dentro del caso Yate; mientras que su sucesora en el cargo, Gladys Acuña, fue condenada por delitos de prevaricación, al haber otorgado un permiso ilegal a este mismo empresario para la apertura de la bodega Stratvs.
