"El suelo no era apto", "el Plan Insular lo prohibía", "es una edificación que no está permitida" y "las obras no son legalizables". Éstas han sido algunas de las contundentes frases de los tres peritos de la Oficina del Plan Insular del Cabildo que han declarado este jueves en el juicio del caso Stratvs, y que han coincidido en que las obras nunca debieron autorizarse por parte del Gobierno de Canarias, que tiene a tres acusados en el banquillo por estos hechos. "Tenían que haberlo denegado, porque no estaba permitido", ha sostenido la jurista Joana Macías, que ha cuestionado que con esa autorización otorgada por el Ejecutivo regional, se "exoneró a un caso concreto de cumplir la regla que todos tenemos".
Por su parte, la arquitecto técnico Amada Fontes ha insistido en que el tipo de suelo no permitía esa actividad, y también en que el Plan Insular "prohibía toda obra que implique movimiento de tierra". Precisamente sobre "qué es un movimiento de tierra" han girado buena parte de las preguntas realizadas por las defensas, que insisten en sostener que la construcción de Stratvs no implicó ese movimiento, comparándolo por ejemplo con actividades que sí se permiten, como la instalación de socos o los trabajos propios del mantenimiento de la tierra para el cultivo de la vid.
"¿Hacer un soco un movimiento de tierra?", ha exclamado con sorpresa una de las peritos al escuchar al abogado de Juan Francisco Rosa. "!Son cosas distintas!", ha precisado Amada Fontes, que también se ha encargado de explicar que los movimientos de hasta 20 centímetros están permitidos en la normativa de agricultura, "para el refresco de la tierra, un movimiento normal para el refresco de la vid". "Un soco no es una obra", ha respondido por su parte Joana Macías, que ha leído en varias ocasiones el artículo del PIOT que prohíbe toda "obra" que implique movimiento de tierra en La Geria. "No es una interpretación, voy a leérselo literal", ha respondido la jurista al abogado de Rosa cuando éste insistía sobre el mismo tema.
Los peritos concluyen que la bodega ni siquiera es subterránea
A las mismas preguntas de la defensa se ha enfrentado también el arquitecto técnico Gustavo Navarro, que ha aclarado que tampoco se puede comparar una obra como la de Stratvs, por ejemplo, con la intervención para soterrar un cableado. "Hay un movimiento de tierra, pero el suelo queda igual, y aquí el suelo no quedó igual", ha señalado. De hecho, a preguntas de la acusación popular, ha afirmado que aunque el empresario se hubiera ajustado a la autorización que recibió del Gobierno canario, que solo permitía la construcción de una bodega-almacén subterránea de 900 metros, tendría que haber realizado una excavación de 3.600 metros cúbicos. Pero es que además, en este caso, solo la bodega triplicaba con creces lo autorizado, y el conjunto del complejo ocupa según las periciales más de 12.000 metros cuadrados.
Por otra parte, tanto Gustavo Navarro como Amada Fontes han coincidido también en que esa bodega ni siquiera es subterránea. "El proyecto que a mí me presentaron no era totalmente subterráneo", ha señalado Fontes, en referencia a un informe que ella tuvo que emitir en el año 2005. De hecho, ha precisado que solo eso ya hacía que la obra no fuera autorizable. Y es que al margen del debate planteado por las defensas sobre si hubo o no movimiento de tierras, el Plan Insular también prohíbe expresamente cualquier construcción nueva aérea en esa zona de La Geria.
Por su parte, Gustavo Navarro ha ido más allá, afirmando directamente que la bodega "no es subterránea". Según el perito, lo que hizo Rosa fue usar el desnivel del barranco y luego cubrirlo, alterando así la rasante. "Se puso una cubierta de picón encima. Sobresale nueve metros sobre la rasante resultante", ha detallado.
"Para poder desclasificar un espacio protegido tienes que hacerlo por ley"
Además, los tres peritos han rebatido de forma unánime otras tesis de las defensas, que en el juicio están intentando sostener entre otras cosas que La Geria no es un espacio protegido. Al respecto, lo que plantean es que tras su declaración como espacio natural en el año 1994, se debió aprobar un Plan de Ordenación de Recursos Naturales (PORN), y que al no haberlo hecho esa declaración perdió su vigencia y por tanto decayó la protección de este espacio. "No", ha respondido con rotundidad la jurista Joana Macías, que ha explicado que lo que se hizo en 1994 fue "reclasificarlo", pasando de parque natural a paisaje protegido. "Si se reclasifica es porque ya estaba clasificado antes", ha enfatizado, explicando que eso hacía innecesario aprobar un PORN, ya que además estos instrumentos son para ordenar "parques protegidos", que no es el caso de La Geria.
Además, ha añadido que "para poder desclasificar un espacio natural protegido, tienes que hacerlo por ley. O por una sentencia", y ha subrayado que eso "solo podría hacerlo el Tribunal Constitucional, declarando inconstitucional la ley que lo declaró". Por eso, ha defendido la plena vigencia de esa protección como espacio natural, y a eso ha sumado otros dos niveles de protección con los que cuenta el suelo donde se levantó Stratvs, al ser suelo rústico y también zona paisajística, con la categoría de paisaje singular.
En cuanto a la posibilidad de otorgar autorizaciones de forma excepcional, que es a lo que se aferra también la defensa de Rosa y la de los tres miembros del Gobierno de Canarias acusados en la causa, tanto Joana Macías como Gustavo Navarro han subrayado que para abrir ese procedimiento se tiene que declarar el interés público de la obra y no ser "discrepante con el planeamiento". Y han insistido en que ninguna de las dos condiciones se cumplieron en este caso. Además, Macías ha subrayado que de haber optado por ese trámite para otorgar la autorización, tendrían que haber pedido informes sectoriales y también haber sometido a información pública el proyecto, cosa que tampoco se hizo.
Los peritos contratados por Rosa tienen "otro criterio jurídico"
En cuanto a lo que requería la declaración de La Geria como espacio natural, Macías ha precisado que sí era necesario un Plan Especial, que llegó a aprobarse por el Gobierno de Canarias pero fue anulado por los Tribunales, y ha explicado que mientras no exista ese documento, el espacio se sigue rigiendo por el Plan Insular. Sin embargo, pese a la sentencia firme que declaró ilegal el Plan Especial de La Geria, la defensa de Rosa ha seguido este jueves insistiendo en defender la vigencia del documento, con el que sostiene que la bodega quedó "legalizada".
"Usted interpreta que el Plan Especial de La Geria está expulsado del ordenamiento jurídico, pero es su opinión. Sobre eso hay otro criterio jurídico que dice que no pierde su eficacia", ha llegado a afirmar el abogado de Rosa, José Antonio Choclán Montalvo, pese a que otra sentencia del Supremo ratificó recientemente que ese Plan ya está anulado de manera firme desde hace años. En cualquier caso, tanto Gustavo Navarro como Joana Macías han coincidido en que ni siquiera ese Plan de La Geria hubiera permitido legalizar Stratvs, tal como hicieron constar en los informes periciales que realizaron en su día a petición del Juzgado.
"Ya van a oír otras opiniones", ha afirmado Choclán, en referencia a los peritos de parte que también declararán en el juicio, contratados por Juan Francisco Rosa. Y también se ha referido a ellos en otras ocasiones en las que ha intentado rebatir a los peritos oficiales. "Yo no soy perito, pero ya vendrán peritos que nos ilustren mejor", ha apuntado también el abogado cuando estaba cuestionando el criterio de Gustavo Navarro sobre la potestad del Plan Insular para regular La Geria.
La defensa apela a normativa no aplicable al caso
"Yo no invoco nada, mi informe está basado en el uso del suelo", "la norma que me cita no influye en mi informe" y "ese artículo no es aplicable a la Comunidad Autónoma" han sido otras de las respuestas que han tenido que dar los peritos, en este caso a la abogada de los tres acusados del Gobierno de Canarias, que a su vez es jefa de los servicios jurídicos del Ejecutivo regional. Y es que una vez más, esta letrada ha puesto sobre la mesa distinta normativa que según los peritos no es aplicable al suelo donde se levantó Stratvs.
Esto ha motivado que la abogada de la acusación interrumpiera la declaración en varias ocasiones, especialmente durante el interrogatorio a Gustavo Navarro, que además no es jurista sino técnico. "Está haciendo preguntas jurídicas y además genéricas", ha cuestionado la letrada. "Le pregunta lo que sería autorizable según qué leyes, sin tener en cuenta el tipo de suelo", ha vuelto a advertir en otro momento.
Después, la escena se ha repetido durante la declaración de Joana Macías, aunque en este caso la perito se ha explayado explicando por qué cada norma que citaba la letrada no era aplicable al caso, mientras que esta abogada era la que intentaba interrumpir sus respuestas. "Por la perito no se preocupe, que se defiende muy bien", ha señalado el presidente de la Sala, Emilio Moya, cuando la abogada de la acusación ha vuelto a cuestionar las preguntas que se estaban formulando.
"Los recursos naturales se han destruido"
"Los recursos naturales no es que se hayan visto afectados, es que se han destruido", ha señalado también Macías a preguntas del Ministerio Fiscal, explicando que las obras no solo afectaron al paisaje y al suelo, sino también al subsuelo. Además, ha hecho hincapié en el daño que supone la extracción de rofe, que ha definido como el "oro negro" de La Geria.
Respecto al subsuelo, ha hecho referencia también a los recursos hídricos de la zona, subrayando que era una barranquera entre dos montañas, que formaba una red hídrica natural debido al suelo permeable de la zona, que permite acumular el agua de las lluvias e incluso de la bruma. Sobre este punto, tras ser cuestionada por el abogado del ex gerente del Consejo Insular de Aguas, José Juan Hernández Duchemín, Macías ha aclarado que lo que recogió en su informe se basa en la memoria del propio Plan de La Geria.
La importancia de este punto radica en otro de los delitos que se juzgan en esta causa, por la emisión de vertidos contaminantes que podrían haber afectado a las posibles aguas subterráneas. Al respecto, cabe recordar que entre los peritos que aún deben declarar en el juicio se encuentra el ingeniero Carlos Soler, que elaboró un informe por encargo del anterior grupo Podemos en el Cabildo sobre la existencia de un acuífero bajo Timanfaya, y después realizó un estudio ya para el Consorcio del Agua para completar ese dictamen, en el que incluye el detalle de las fuentes y nacientes en toda la zona, concluyendo que también están presentes en el Barranco del Obispo donde se levantó Stratvs.
Otro testigo y un perito que no llegó a declarar
Durante la sesión de este jueves también ha declarado un agente que tramitó una de las denuncias contra Stratvs en el año 2008. Según ha relatado, al realizar una inspección encontraron varias construcciones, así como distintos muros y pavimento de aparcamiento que no contaban con ninguna autorización.
En cuanto al otro perito que estaba citado este jueves, Esteban Armas Matallana, finalmente no ha llegado a declarar. Armas Matallana había sido citado por un informe que realizó como técnico del Cabildo sobre otra bodega -que la defensa intenta comparar con el caso de Stratvs-, pero antes de comenzar su declaración el presidente de la Sala le ha recordado que podía no hacerlo, al ser hermano de uno de los acusados, el arquitecto Miguel Ángel Armas Matallana.
Inicialmente, el técnico ha mostrado su disposición a responder a todo lo que tuviera que ver con su informe, aunque ante la posibilidad de que le formularan preguntas relacionadas con su hermano, finalmente se ha acogido al derecho que le ha recordado el magistrado que le asistía.
