El Tribunal Supremo ha confirmado la condena al juez Salvador Alba por graves delitos de corrupción en el ejercicio de su cargo, haciendo así firme el fallo dictado en septiembre de 2019 por el TSJC. La sentencia considera probado que Alba incurrió en delitos de prevaricación, cohecho y falsedad documental, para intentar perjudicar a la también magistrada Victoria Rosell.
El fallo, contra el que ya no caben recursos, le impone una condena de seis años y medio de cárcel e implica también su inhabilitación como magistrado. En concreto, le impone 18 años de inhabilitación especial para el cargo de juez, “con pérdida definitiva del cargo que ostenta”. Además, deberá pagar una multa de 12.000 euros e indemnizar con 60.000 euros a Victoria Rosell.
El magistrado, que tras la apertura de juicio oral ya fue apartado de sus funciones, formaba parte de la Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Las Palmas, y desde ahí intervino en algunas de las principales causas de corrupción abiertas en Lanzarote. Entre otras cosas, Alba autorizó la reapertura de la bodega Stratvs y anuló pruebas clave del caso Unión, lo que llevó a cerrar varias líneas de investigación abiertas, que perjudicaban aún más al condenado confeso Luis Lleó e implicaban a miembros de la judicatura.
Además, también fue el ponente del auto por el que se dejó a Ignacio Calatayud fuera de la causa por la incautación de la desaladora de Montaña Roja. Su desimputación fue clave para que la Fiscalía no formulara finalmente acusación contra el resto, “ante la imposibilidad de formular acusación contra quien, según los demás investigados, fue el ideólogo de la operación”.
La sentencia del Supremo rechaza el recurso presentado por Salvador Alba contra el primer fallo, pero también el de la acusación particular, ejercida por Victoria Rosell, que solicitaba que se aumentaran las penas.
Estando ya investigado en esta causa y antes de ser apartado de su cargo, Alba tuvo que decidir sobre la validez de la primera grabación del caso Unión, cuando Luis Lleó intentó sobornar al entonces consejero Carlos Espino a través de Fernando Becerra. El propio Salvador Alba se enfrentaba en ese momento a grabaciones incriminatorias contra él -aportadas por el empresario con el que intentó conspirar contra Rosell-, pero aún así fue el ponente de ese recurso.
En su resolución, Salvador Alba anuló esa grabación afirmando que Espino vulneró "la expectativa de intimidad" de Becerra y Lleó al ofrecer el soborno. "Es evidente que don Fernando Becerra se hubiera conducido de manera bien distinta de saber que don Carlos Espino ya había acudido días antes a dependencias de la Policía, donde le habían facilitado una grabadora", sostenía el auto, que después fue anulado por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias.
No obstante, otras polémicas decisiones que adoptó el magistrado en ésta y otras causas no pudieron ser recurridas e influyeron de forma decisiva en algunos procedimientos.
