Cuatro años de cárcel, diez años de inhabilitación, una multa de 6.000 euros y la devolución de los 24.000 euros que presuntamente recibió en sobornos. Eso es lo que pide la Fiscalía para el ex consejero del Cabildo Sergio Machín, que fue detenido en noviembre de 2014 dentro de una causa contra la corrupción a nivel nacional, que ya está ya a punto de ir a juicio. Machín, que antes había sido consejero del PIL, era en el momento de su arresto portavoz de Coalición Canaria en la Corporación insular, y después de quedar en libertad con cargos siguió ocupando ese puesto hasta el final del mandato.
La detención de Sergio Machín se produjo por orden de la juez de Sevilla Mercedes Ayala, pero la causa pasó después a la Audiencia Nacional, que es quien ha ordenado ya la apertura de juicio oral dentro de esta pieza del caso Fitonovo, que sentará en el banquillo a Sergio Machín y a otras ocho personas. La Voz ha tenido acceso ahora tanto a ese auto como al escrito de acusación del Ministerio Público, que pide que el ex consejero sea condenado por un delito continuado de cohecho, por recibir sobornos a cambio de la adjudicación de obras del Cabildo.
Además, el Juzgado Central de Instrucción Número 5 de la Audiencia Nacional ha impuesto una fianza de 32.000 euros al ex consejero lanzaroteño, para asegurar las cantidades de las que tendría que responder tanto en concepto de multa como de devolución de las "ganancias del delito" en caso de condena.
La empresa cobró del Cabildo casi 700.000 euros en dos años
En total, Fitonovo facturó del Cabildo 693.763 euros entre los años 2004 y 2006, siendo Sergio Machín consejero de Obras Públicas, aunque el auto de la Audiencia señala que solo se han localizado dos expedientes de contratación. Uno se firmó 2004 por 175.150 euros y correspondía a "Servicio jardinería y limpieza de zonas de dominio público y carreteras del Cabildo Insular de Lanzarote", y el otro se firmó al año siguiente por el mismo concepto, aunque con un presupuesto que ascendió en este caso hasta los 236.880 euros.
En ese mismo periodo, la Fiscalía y el Juzgado de Instrucción sostienen que Machín recibió "al menos 24.000 euros" en sobornos de Fitonovo en dos entregas distintas, la primera por valor de 6.000 euros y la segunda de 18.000. De hecho, el auto de apertura de juicio oral dedica más de dos folios solo a enumerar las pruebas que existen para acreditar esos pagos, entre las que se incluyen correos electrónicos, contabilidad b de la empresa localizada por la UCO y también la confesión de otro de los acusados, Adolfo José de la Torre García, que era apoderado de Fitonovo en la zona de Canarias y reconoció haber entregado dos sobres con dinero al consejero lanzaroteño.
En esa confesión, De la Torre relató que tras comer juntos en un restaurante en Lanzarote, Sergio Machín le preguntó "si podía hablar con su empresa para darle un dinero para el partido", a lo que le respondió que "tenía que consultarlo". Después, "tras hacer la consulta y obtener la aprobación de la empresa, y una vez que recibió el dinero, quedó con él otro día y se lo dejó en el coche, en la guantera", recoge el auto de la Audiencia Nacional.
Además, el apoderado de Fitonovo explicó que después hubo una segunda petición y de nuevo la empresa accedió a pagar el soborno. Según su relato, en esta ocasión el dinero se lo dio en mano otro de los directivos de la empresa acusados en la causa, Rafael González Palomo, y después él se lo entregó a Machín "en un restaurante en Famara". "Es importante destacar que los términos de esta declaración confirman todos los extremos que aparecen en la contabilidad "B" de Fitonovo SL en cuanto al destinatario de las comisiones, cantidades entregadas y procedimiento para el pago", subraya el auto.
Los papeles que trajeron de nuevo a la UCO hasta Lanzarote
Precisamente esa "contabilidad B" de la empresa fue la que permitió llegar hasta Sergio Machín cuando se estaba investigando esta causa, que se inició en Sevilla. Al interceptar tanto esta contabilidad paralela como distintos correos electrónicos, los agentes de la UCO encontraron otras ramificaciones que les llevaron también de nuevo hasta Lanzarote, donde esta unidad de la Guardia Civil ya se encargó de la investigación del caso Unión.
"Impuesto revolucionario D. Sergio Machín, consejero de Obras Públicas", decía en un email el apoderado en Canarias de Fitonovo a otro de los acusados, Ángel Macedo Gajete, para explicar el destino de los 6.000 euros que retiró de las cuentas de la empresa. Según el sumario, Macedo era "el responsable de la gestión de la caja B" de Fitonovo y había escrito previamente a De la Torre para que identificara a la persona a la que le realizó la entrega.
Además, hay constancia de esa retirada en efectivo de 6.000 euros por parte de Adolfo De la Torre García, así como varios documentos internos de la empresa para justificar la salida de ese dinero, incluyendo dos facturas con el concepto "ventas Sergio Machín (obra Lanzarote)" y un justificante de caja del recibo por valor 6.000 euros con el concepto de "abono extraordinario a contrato de mantenimiento del Cabildo".
En cuanto a los otros 18.000 euros, De la Torre firmó un recibo interno en la empresa por la recogida de ese dinero, en el que consta la anotación "Pendiente de que Adolfo nos diga algo más de este pago". Después, envió un correo eléctrónico en el que explicaba que era un "regalo" para el consejero de Obras Públicas del Cabildo. "Como en el caso anterior, la anotación contable queda corroborada por los documentos que acompañan a los datos contables y por el correo electrónico del comercial de Fitonovo que explica el trasfondo de la entrega", señala el auto.
Los expedientes tenían "todas las bendiciones legales", según San Ginés
Tras la detención de su compañero de partido y portavoz de su grupo en el año 2014, el presidente del Cabildo, Pedro San Ginés, compareció en un Pleno para defender las adjudicaciones a Fitonovo, realizadas unos años antes de iniciarse su mandato. Para ello, presentó un informe jurídico e hizo comparecer también a María Eugenia Torres. "Queda reflejado que el procedimiento administrativo de cada uno de los expedientes de contratación cumplió con todos los requerimientos establecidos en la legislación aplicable de contratación pública", señaló entonces San Ginés. "Se hicieron de acuerdo con los informes técnicos y jurídicos y con todas las bendiciones legales pertinentes", añadió en declaraciones a los medios.
Sin embargo, el auto de apertura de juicio oral de la Audiencia Nacional concluye que Fitonovo tenía "una red de contactos con funcionarios corruptos" que les "facilitaban la contratación", tanto en este caso de Lanzarote como en otros puntos de Canarias y de España, contando además con una contabilidad paralela con "facturación falsa" a través de la que pagaban los sobornos. Y todo ello "causando grave daño al interés público, por cuanto pervirtieron numerosos procedimientos de contratación en detrimento de las arcas públicas y del interés público en una adecuada prestación de los servicios, además de un grave daño al orden socioeconómico, al perjudicar a las sociedades que de forma legal pretenden participar en la contratación pública, pero que no tienen posibilidad de resultar adjudicatarias al estar en franca desventaja por las prácticas corruptas de la trama".
Cuando ocurrieron los hechos Sergio Machín militaba aún en el PIL, pero después abandonó el partido junto a la mayor parte de sus cargos públicos, con María Isabel Déniz a la cabeza, para integrarse después todos en Coalición Canaria. Con CC fue consejero de Residuos, pero San Ginés le retiró las competencias cuando iban a adjudicarse contratos millonarios vinculados a Zonzamas, que el presidente decidió asumir personalmente. Esto provocó una crisis que hizo que Machín se mantuviera durante varios meses fuera del grupo de gobierno, dejando a San Ginés en minoría.
"Algunos estamos más tranquilos desde que usted no es consejero de Residuos", le llegó a decir Pedro San Ginés a Sergio Machín en un Pleno. Sin embargo, después se cerró esa crisis con su nombramiento como portavoz del grupo de CC en el Cabildo y San Ginés le mantuvo en el cargo después de su arresto, defendiendo incluso las adjudicaciones que se habían hecho a Fitonovo.
