El juicio contra el ex presidente del Cabildo y actual portavoz de CC en la oposición, Pedro San Ginés, arrancará el próximo lunes y se extenderá durante cuatro jornadas -los días 16, 17, 23 y 24-, con la declaración de más de 20 testigos y peritos ante el Juzgado de lo Penal Número 3 de Arrecife. Uno de esos peritos, Manuel Rebollo Puig, fue contratado por San Ginés con fondos públicos, cuando aún ostentaba la Presidencia, para elaborar un informe que después aportó para su defensa en esta causa por la incautación de la desaladora de Montaña Roja.
La expectación mediática que ha despertado la vista, unida a las actuales restricciones por el Covid, ha obligado a habilitar una sala contigua donde los periodistas podrán seguir el desarrollo del juicio por un circuito cerrado de vídeo -instalado expresamente para la ocasión-, mientras que a la sala solo podrán acceder tres. En total habían pedido acreditarse más de 20 profesionales de los medios, incluyendo periodistas de diarios, radios y agencias de noticias; fotógrafos y operadores de cámara de cuatro televisiones, una de ellas Televisión Española.
La vista comenzará con la exposición de las cuestiones previas, en las que los acusados ya han adelantado que invocarán supuestas causas de nulidad para pedir que no se celebre el juicio. De hecho, San Ginés pidió que esas cuestiones previas se resolvieran por escrito y antes de la vista, pero la magistrada que juzgará la causa desestimó esta petición. Y tampoco es probable que se pronuncie al inicio del juicio, porque esas cuestiones suelen resolverse siempre al dictar la sentencia. Y en este caso, repiten argumentos que fueron rechazados por el juez instructor y por la Audiencia Provincial.
A continuación, según el calendario establecido, se tomará declaración a los tres acusados, para los que piden 12 años de inhabilitación por delitos de prevaricación. El primero en hacerlo será el propio Pedro San Ginés, y después lo harán el ex secretario del Cabildo, Francisco Perdomo, y el que era gerente del Consejo Insular de Aguas, José Juan Hernández Duchemín.
La sesión del día 16 terminará con la declaración de los primeros testigos, que son agentes de la Policía Local de Yaiza y de la Guardia Civil. Su citación ha sido solicitada por la acusación popular, ejercida por los ex consejeros de Podemos en el Cabildo, Carlos Meca y Pablo Ramírez. Los agentes fueron testigos del momento en el que un cerrajero rompió el candado de las instalaciones de Club Lanzarote, para arrebatar a esta empresa su planta desaladora y entregársela a Canal Gestión, cumpliendo una orden de Pedro San Ginés.
La medida, que se ejecutó sin autorización judicial y que ni siquiera tenía informes por escrito que la avalaran, fue después anulada por los Tribunales, que concluyeron que fue "extrema", "gravosa" y "desproporcionada". De hecho, todo lo que había cuando San Ginés ordenó esta medida cautelar era un expediente sancionador que se había abierto ese mismo día, por tres faltas leves y una menos grave, y que solo proponía una sanción de 7.800 euros.
Además de ganar esa batalla en la vía contencioso administrativa, Club Lanzarote presentó también una querella, que es la que dio lugar a esta causa. Sin embargo, aunque durante toda la instrucción ejerció la acusación particular, la empresa se terminó retirando, tras firmar un acuerdo con San Ginés, que lo negoció y rubricó en nombre de la institución.
En función de ese acuerdo, Club continuó -y continúa a día de hoy- con la gestión de sus plantas, mientras que el ex presidente se comprometió, tanto en nombre del Consejo Insular como del Gobierno de Canarias, a archivar todos los expedientes que abrió y que consiguió que el Ejecutivo regional abriera a la empresa después que este tema llegara a los tribunales. Ni siquiera se le impuso la sanción prevista en el único expediente que se había abierto antes de la incautación.
Ahora, pese a que se retiraron de este procedimiento como acusación, dos representantes de Club Lanzarote sí declararán como testigos durante el juicio, a petición también de la acusación popular. El primero, el abogado Pedro Soriano, lo hará al día siguiente, el martes 17; mientras que Joaquín Cañada declarará en la sesión fijada para el lunes de la semana siguiente, día 23. Y en ambos casos, su declaración cobra especial importancia de cara a este juicio, ya que fue esta empresa la que inició el procedimiento, como víctima de los delitos investigados.
En su querella, Club Lanzarote sostenía que el gerente del Consorcio, Domingo Pérez Callero, el abogado Ignacio Calatayud y "agentes no identificados" de la Policía Local de Yaiza "se personaron en las instalaciones" de la planta desaladora y "a pesar de ser advertidos de la ilegalidad de su acción, al carecer de autorización judicial, se introdujeron en las instalaciones violentando su entrada, forzando sus cerraduras, cambiando posteriormente los bombines de las puertas de entrada a las instalaciones, de las que se hizo cargo la entidad Canal Gestión Lanzarote, utilizando la vía de hecho de forma violenta sobre las cosas".
Junto a los dos representantes de Club Lanzarote, también declararán a petición de la acusación tres trabajadores de esta misma empresa, José Miguel Andrés García, José Luis Garzón González y Rafael Soto Betancort, así como el notificador del Cabildo José Manuel Fuentes Cabrera y el propio cerrajero que intervino, José Rodríguez Rivera.
Canal Gestión fue quien llamó al cerrajero
En su primeras declaraciones durante la instrucción, todos los imputados -entre los que se encontraban también entonces Domingo Pérez y el abogado Ignacio Calatayud- aseguraron que ellos no daban las órdenes durante la ejecución material de la incautación. Lo que sí quedó claro es que fue Canal Gestión -la empresa beneficiada con esta incautación- quien llamó al cerrajero, porque así lo confirmó el entonces gerente de la empresa, Gerardo Díaz. Sin embargo, Díaz no concretó quién le pidió que llamara a ese cerrajero y nadie asumió haberle dado la orden de romper el candado.
El propio Gerardo Díaz -que dos años después fue detenido en una causa de corrupción nacional, que San Ginés destacaba esta semana que acaba de ser archivada- tendrá que declarar como testigo el día 17. En su escrito de calificación, la acusación popular subrayaba los “pingües beneficios” que obtuvo esta empresa, que durante el año que gestionó las plantas incautadas y “hasta que la justicia puso fin a semejante dislate, facturó mil millones de litros de agua más".
"El cúmulo de irregularidades a las que se presta el señor San Ginés para favorecer el negocio de Canal Gestión Lanzarote S.A.U. ha sido puesto de manifiesto por el TSJC desde su origen, es decir, desde la celebración del concurso negociado con publicidad por el que se le concede la gestión del ciclo integral del agua a la filial de Canal Isabel II", subraya el escrito de acusación, en referencia a una sentencia que ordenó revisar la adjudicación de ese contrato, al considerar acreditado que se “alteraron” los pliegos “en beneficio” de Canal. Ese fallo, a día de hoy, sigue sin ejecutarse.
Además, también declarará a petición de la acusación la ex consejera de CC Soraya Brito, que actualmente es concejal en Haría y tiene abierto un expediente en el partido por haberse negado a romper el pacto en el municipio. Cuando se produjo la incautación, Brito era vicepresidenta del Consejo Insular de Aguas y tenía delegadas las competencias. Sin embargo, San Ginés se las retiró y las asumió personalmente justo antes de adoptar esta medida. Brito declarará como testigo el próximo martes 17.
Calatayud, de imputado a "perito"
Otra de las declaraciones que marcarán el juicio será la del abogado Ignacio Catalayud, que estuvo imputado en esta causa y que fue señalado como el “ideólogo” de la incautación. Calatayud, que trabajaba para Canal Gestión mientras asesoraba a San Ginés para incautar la desaladora y entregárselas a Canal, fue desimputado durante la instrucción por el juez Salvador Alba, que poco después fue condenado por graves delitos en el ejercicio de su cargo.
A raíz de esa decisión, no compartida por la Fiscalía ni por el juez instructor, el Ministerio Fiscal ya adelantó que sin poder formular acusación contra Calatayud, tampoco podría hacerlo contra el resto, ya que Pedro San Ginés se escuda en él para justificar su actuación. No obstante, la fiscal sí respaldó que el juicio siguiera adelante con la acusación popular, e incluso pidió la declaración de Ignacio Calatayud durante la vista.
Además de la Fiscalía, también la acusación popular y el propio San Ginés habían pedido que Calatayud fuera citado como testigo. No obstante, en el señalamiento del juicio figura que declarará como perito, aunque la acusación popular ha pedido que se corrija.
Lo mismo sucede con otras tres personas, en este caso citadas a petición de la defensa de San Ginés, que figuran en el señalamiento del juicio como peritos, cuando se pidió su declaración como testigos. Dos son los gerentes del Consorcio Insular de Aguas y del Consejo Insular de Aguas durante la incautación, Domingo Pérez y Erik Martín, y otro el diputado del Común, Jerónimo Saavedra.
Con la declaración de Saavedra, la defensa de San Ginés volverá a poner sobre la mesa las advertencias que afirma que había recibido por la situación en Montaña Roja, donde Club Lanzarote facturaba el agua a los vecinos con sus propias tarifas, ya que era la encargada de la prestación del servicio al no haberse recepcionado ese plan parcial por parte de la administración. Incluso, el ex presidente llegó a asegurar después que adoptó esta medida para evitar el “desabastecimiento” en la zona.
Al respecto, la Audiencia Provincial, cuando ordenó continuar esta causa penal contra San Ginés, subrayó que antes de llevar a cabo la incautación, ni siquiera se habían realizado los debidos requerimientos a la empresa para justificar esta decisión, ni se habían seguido los cauces legales para regularizar lo que fuera necesario.
A petición de la defensa de Pedro San Ginés, también declararán como testigos un vigilante de cauces del Consejo Insular de Aguas, José Juan Hernández Mendez (cuya declaración también fue solicitada por la acusación); uno de los administradores concursales de Inalsa, Pedro Martín Toledo, y el que era secretario de Presidencia del Gobierno de Canarias, Ceferino Marrero Fariña.
La lista de testigos se completa con el ex consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas del Gobierno canario Narvay Quintero, que ocupó el cargo entre 2015 a 2019. Es decir, cuando la incautación ya se había producido e incluso se había anulado por los Tribunales, y cuando a instancias del Cabildo presidido por San Ginés, el Ejecutivo regional comenzó a abrir expedientes sancionadores a Club Lanzarote.
Cuatro peritos, uno pagado con fondos públicos del Consorcio
El juicio está previsto que termine el martes 24 con la declaración de los peritos. En total, además de los cuatro que está pendiente aclarar si finalmente lo harán como testigos o como peritos, hay citados ocho. Los cuatro que oficialmente habían sido solicitados como peritos son los catedráticos en Derecho Manuel Rebollo Puig, Luciano Parejo y Germán Fernández Farreres, y un técnico del Cabildo que ha ejercido como interventor en la institución, Hernán Lorenzo Hormiga.
En el caso de Luciano Parejo, cuya declaración ha sido solicitada por la acusación popular, fue contratado por Club Lanzarote al inicio de este pleito, para elaborar un informe en el que desmentía que la desaladora fuera de dominio público, como sostenía Pedro San Ginés.
Respecto a Rebollo Puig, que es el único perito que solicitó en realidad la defensa de San Ginés, fue contratado por el Consorcio del Agua poco después de su imputación en esta causa. De hecho, los entonces consejeros de Podemos denunciaron un presunto delito de malversación de caudales públicos, ya que sostenían que el informe no tuvo “ninguna utilidad pública” y fue encargado “en exclusiva para el procedimiento penal” contra San Ginés. Además de este informe encargado a Manuel Rebollo, que ahora declarará en defensa del ex presidente, Carlos Meca advirtió entonces de que se había encargado también otro a Blanca Lozano Cutanda -que también ha sido perito de Juan Francisco Rosa-, en este caso a través del Consejo Insular de Aguas y por un importe de más de 17.500 euros. En el caso de ella no consta su citación a declarar, aunque San Ginés sí aportó su informe -pagado también con fondos públicos- para su defensa en esta causa.
Una vez que concluyan las declaraciones de los peritos, el mismo día 24 está previsto que termine el juicio, tras presentar sus conclusiones definitivas tanto la acusación popular como las defensas. Además, en ese momento también podría intervenir el Ministerio Fiscal. Después, la causa quedará vista para sentencia.
