El todavía presidente en funciones del Cabildo, Pedro San Ginés, utilizará para su defensa a un perito al que contrató a través el Consorcio del Agua, Manuel Rebollo Puig, que ahora ha pedido que declare en el juicio por la incautación de la desaladora de Montaña Roja. Así consta en el escrito de defensa que ya ha presentado San Ginés de cara al juicio, que incluye la lista de testigos y peritos que solicita que declaren en la vista, y entre los que se encuentra este catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de Córdoba.
Cabe recordar que el grupo Podemos en el Cabildo llegó a denunciar hace casi un año un presunto delito de malversación de caudales públicos por la contratación de este jurista, ya que sostenía que se le encargó un informe que no ha tenido "utilidad pública" alguna y que solo consta haber sido utilizado por San Ginés dentro de esta causa penal abierta contra él. De hecho, el presidente lo encargó unos meses después de declarar como imputado, lo aportó al Juzgado pocos días después de recibirlo y ahora ha pedido que Rebollo Puig sea citado como perito para el juicio.
Además de este informe, Podemos también denunció que el Consorcio había encargado otro a la también catedrática Blanca Lozano Cutanda, que trabaja en la Universidad del País Vasco y ya había sido perito de parte en el caso Stratvs, contratada por Juan Francisco Rosa. En este caso, esta jurista recibió más de 17.500 de este ente público por un informe que San Ginés presentó en el Juzgado para su defensa en este procedimiento, pero que tampoco consta que haya tenido otra utilidad.
También usa el convenio con Club Lanzarote en su defensa
Además de utilizar informes contratados a través del Consorcio de Agua que entonces presidía y pagados con dinero público, San Ginés también ha utilizado en su defensa el convenio que negoció personalmente con Club Lanzarote. Gracias a ese convenio consiguió que la empresa se retirara de los contenciosos que aún continuaban abiertos, y también se terminó retirando como acusación particular en esta causa penal contra él.
"En el presente caso, el control de la legalidad del acto administrativo fue ya ejercitado por jurisdicción contenciosa, dando respuesta a la tutela judicial requerida y poniendo fin al conflicto", sostiene ahora San Ginés en su escrito de defensa, en el que insiste en defender la legalidad de la incautación. Sin embargo, lo que ocurrió con esos procesos es que no llegaron a continuar por la retirada de la demandante, que sí había conseguido una contundente sentencia en primera instancia.
En ese fallo, el Juzgado de lo Contencioso Administrativo Número 4 de Las Palmas de Gran Canaria anuló la incautación concluyendo que fue una medida "extrema", "gravosa", "desproporcionada" e "ilegal", coincidiendo así con el criterio del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, que ya había dictado medidas cautelares un año antes anulando la incautación y ordenando la devolución de las plantas. Después, ese fallo del Juzgado fue recurrido y no llegó a tener sentencia firme porque San Ginés consiguió que Club se retirara del pleito gracias a ese convenio que ahora usa en su escrito de defensa.
Sin sanciones por las presuntas faltas que motivaron el expediente
Entre otras cosas, este convenio supuso que se cerraran todos los expedientes abiertos a Club Lanzarote, que actualmente sigue explotando las plantas y girando las facturas de agua a los vecinos de Montaña Roja. Ahora, pese a que todo terminó sin siquiera una sanción a la empresa, San Ginés insiste en su escrito de defensa en que ordenó la incautación -sin orden judicial y sin contar con un solo informe por escrito que propusiera o avalara esta medida- por la gravedad de la situación. No obstante, los documentos que él mismo ha aportado en su defensa reflejan que conocía esa situación al menos el año 2010 y no actuó hasta cuatro años después, cuando Canal de Isabel II se acababa de hacer con la gestión del agua en la isla.
Fue entonces cuando San Ginés decidió abrir un expediente sancionador a Club Lanzarote por tres faltas leves y una menos grave, pero en el mismo decreto ordenó también la incautación, pese a que no hay una sola ley que ampare esta medida cautelar, tal como sentenció el Tribunal Superior de Justicia de Canarias. Ese mismo día, el presidente entregó las plantas a Canal, en una medida que después fue anulada por los Tribunales.
En cuanto a las posibles faltas en las que sí podría haber incurrido la empresa, no llegaron a ser sancionadas por ese convenio negociado por San Ginés. Y tampoco se han adoptado medidas tras los informes que encargó después de la incautación. En base a esos informes, el presidente llegó a presentar una querella en la que acusaba a Club Lanzarote de hasta cinco delitos, así como de haber puesto en riesgo la salud y el medio ambiente. Esa denuncia fue archivada poco después por los Juzgados, pero el presidente también ha incorporado esos informes a su escrito de defensa.
Pide que declare como testigo Calatayud
En cuanto a los testigos, San Ginés ha pedido que entre otros declare el abogado Ignacio Calatayud, que también estuvo imputado en esta causa pero que fue 'desimputado' por el polémico juez Salvador Alba, que actualmente está apartado de su cargo y a la espera de juicio por graves delitos en el ejercicio de su labor como magistrado. Los recursos de los otros tres acusados en la causa recayeron en otras secciones de la Audiencia Provincial, que los desestimaron y avalaron la instrucción.
En su escrito de defensa, el todavía presidente del Cabildo insiste en que decidió incautar la desaladora de Montaña Roja "previamente asesorado" por "juristas de reconocido prestigio" -aunque a continuación solo cita al "abogado externo Ignacio Calatayud Prats"-, y por el secretario del Cabildo, Pancho Perdomo, que sí continúa acusado junto a él en la causa. No obstante, ninguno de los dos llegó a emitir un informe por escrito que avalara esa medida, que se adoptó sin autorización judicial y que después fue anulada y declarada ilegal por los Tribunales.
Además, cuando declaró como imputado en esta causa, Pancho Perdomo relativizó su "asesoramiento verbal" a San Ginés subrayando que solo mantuvieron una breve reunión en la que hablaron del tema y que no creía que "con su asesoramiento estuviera formando la voluntad del presidente", ya que éste "tenía sus asesores privados", refiriéndose a Ignacio Calatayud, que finalmente solo declarará como testigo.
Además de ese asesoramiento "verbal" previo, Calatayud elaboró un informe jurídico que se hizo "a posteriori", y que es el único que consta en el expediente avalando la incautación. Y todo ello mientras trabajaba para Canal Gestión, que fue la empresa a la que le entregaron las plantas incautadas, y quien estuvo así facturando el agua a los vecinos hasta que la Justicia anuló esta medida.
"Todo el mundo sabía que trabajaba para Canal"
"Lo desconozco", respondió San Ginés cuando el juez le pregunto si Ignacio Calatayud trabajaba para Canal mientras le asesoraba en la incautación. Sin embargo, el abogado declaró después ante el magistrado que "todo el mundo sabía que trabajaba para Canal Gestión Lanzarote" y que "no lo ocultaba jamás". Además de haber contratado de forma reiterada como abogado y asesor a Ignacio Calatayud -que también jugó un papel clave en el proceso para adjudicar el agua a esta empresa madrileña-, Pedro San Ginés también ha declarado que les une una relación personal de amistad.
Finalmente, de la mano de esta causa se pudo conocer que este abogado cobró al menos 116.000 euros de Canal en menos de dos años y estaba contratado por la empresa cuando se produjo la incautación, en la que también participó activamente. De hecho, además del asesoramiento que prestó a San Ginés, estuvo presente durante la ejecución de la incautación, a la que acudió también el entonces gerente de Canal Gestión, que según declaró fue quien llamó al cerrajero.
