Las conversaciones de Whatsapp analizadas por la UCO en el teléfono móvil de Ignacio Calatayud revelan que el abogado participó activamente en la estrategia de defensa de Pedro San Ginés de cara al juicio por la incautación de la desaladora de Montaña Roja, pese a que él mismo estaba implicado, ya que iba a declarar como testigo y antes había estado imputado en la causa.
Además, los mensajes también reflejan cómo gestionaron un encuentro con la Fiscalía con el objetivo de que influyera de cara al juicio, donde finalmente el Ministerio Fiscal terminó pidiendo la absolución.
“¿Ya pedimos formalmente la cita con (Fiscalía).? Yo iba a intentar a través de Clavijo, que conoce a alguien que le conoce, que les reciba”, escribió Pedro San Ginés en un grupo de Whatsapp que compartía con sus abogados, José María Calero Martínez y Carlos Viñas, y con el propio Calatayud, bajo el nombre "Juicio San Ginés".
“Esto último es muy importante. La cita!!!”, respondía Ignacio Calatayud. “Buenos días Pedro. Esa vía que expones la veo mejor carta que la que yo tengo ahora. Debería intentarse por ahí y si no pues ya veríamos”, añadía por su parte Carlos Viñas, que es cuñado de San Ginés y decano del Colegio de Abogados de Lanzarote.
“Tremenda actuación”, “¡¡¡a por el siguiente!!!”
Esa conversación se produjo el 16 de septiembre de 2021, tras compartir Viñas en el grupo un pantallazo de la noticia que ese día había publicado La Voz de Lanzarote, bajo el título “la Audiencia multa con 1.000 euros a San Ginés por intentar apartar con 'mala fe' a la magistrada que debe juzgarlo”.
Un año antes, en septiembre de 2020, la defensa de Pedro San Ginés había conseguido que se suspendiera el juicio cuando ya se había celebrado la primera jornada, tras amenazar incluso a la jueza con emprender acciones legales contra ella. “Tremenda actuación. Hoy me ha salido un día muy intenso y he aprendido bastante. Gracias maestro!!! y al resto del equipo, Nacho, presi, tremendo equipo. Íbamos a por el partido y aquí está el resultado. A por el siguiente!!!”, escribió Viñas ese día en el mismo grupo de Whatsapp.
Meses después, la Audiencia tumbó los argumentos con los que el abogado de San Ginés logró esa suspensión y confirmó que la magistrada que había iniciado el juicio sí era la competente para celebrarlo.
“Ahora sí que estoy jodido”
“La AP (Audiencia Provincial) quiere devolver la causa? Ahora sí que estoy jodido”, escribió Pedro San Ginés en el grupo el 15 de diciembre de 2020, tras conocer la noticia de que el procedimiento volvía al Juzgado de lo Penal.
Después presentaron la recusación contra la magistrada, que llevó a esa multa de la Audiencia, que la calificó de “interesada”, “injustificada” e “insostenible”, y concluyó que el único objetivo de San Ginés era apartar a una jueza “que le resulta incómoda”.
Entonces, al ser ya inevitable el nuevo juicio, comenzaron las conversaciones en el grupo de Whatsapp para concertar esa reunión con Fiscalía. Y el primero en volver a insistir fue Calatayud, esta vez para que la tramitara Carlos Viñas.
“Buenos días Don Carlos!!! Cómo va la gestión de la cita, ...?”, le preguntaba a Viñas. “Por favor cuñado. Que el no ya lo tienes. Pedir una cita no es ningún delito y está en juego mi presente y futuro. Soy inocente en un juicio que no se debe celebrar”, añadía San Ginés.
“Sí Pedro, la vamos a pedir por ser tú, eh!!! Bueno, y porque no quiero dormir en la azotea”, respondía el decano del Colegio de Abogados de Lanzarote, que está casado con la hermana de Pedro San Ginés.
“Fíjate que te compro la razón que tú quieras. Pero me apunto lo de la azotea. ¿Eso no se hace con una llamada?”, insistía San Ginés. Además, explicaba cuál había sido el resultado de sus gestiones con el expresidente del Gobierno de Canarias, su compañero de CC Fernando Clavijo -que también ha afrontado varias causas judiciales-, para organizar esa reunión con el fiscal.
“Clavijo me dijo que éste no es precisamente afín”
“Clavijo me dijo que 'su mediación podría ser positiva, pero también todo lo contrario', que la Fiscalía es rarita y éste no es precisamente afín”, añadía San Ginés al hablar del fiscal.
Viñas respondió entonces que “compartía esa opinión” y que le daba “miedo” que saliera “el tiro por la culata”. “Creo que no me entiendes. Clavijo opina que si lo pide él en lugar de tú, es cuando puede salir el tiro por la culata. Que debes pedirlo tú de profesional a profesional”, le aclaraba San Ginés al decano, instándole a solicitar él ese encuentro.
“Buenas tardes. ¿Cómo va esa petición, Carlos? Se estrecha el cerco”, insistía dos días después en el grupo.
“Celebrada reunión. Buenas sensaciones”
Finalmente, la respuesta llegó al día siguiente. “Cita con don ....concedida”, confirmó Carlos Viñas. También ofreció dos fechas alternativas, dándole a elegir a “el maestro”, en referencia al abogado José María Calero, que representó a San Ginés en este juicio y es tío de Ignacio Calatayud. Calero respondió confirmando la cita para el 2 de noviembre de 2021 a las 12 horas.
“Buenos días. Voy a poner unas velas”, escribió esa mañana San Ginés en el grupo. Después, José María Calero escribió a Calatayud: “Celebrada la reunión. Buenas sensaciones. Ya te cuento”.
El juicio por la incautación de la desaladora de Montaña Roja se terminó celebrando entre mayo y junio de este año, y en sus conclusiones finales la fiscal pidió la absolución de los tres acusados.
Hasta que terminó la instrucción de la causa, el Ministerio Fiscal mantuvo el mismo criterio del juez instructor, e incluso se opuso a todos los recursos que presentaron los imputados contra el auto que inició el trámite para llevarla a juicio.
Sin embargo, después cambió de criterio, coincidiendo con la estimación de uno de esos recursos -el del entonces imputado Ignacio Calatayud- por parte de la Audiencia Provincial. Quien dictó el auto fue el juez Salvador Alba, que después fue condenado por graves delitos de corrupción en el ejercicio de su cargo y actualmente se encuentra en prisión. Fue él quien “desimputó” a Calatayud, y a raíz de eso la Fiscalía decidió no formular acusación contra el resto.
Aún así, acudió a todas las sesiones del juicio, donde podía haber modificado su calificación, e interrogó a acusados, testigos y peritos. Al presentar sus conclusiones finales, la fiscal señaló que la medida de la incautación no fue “proporcional”, que “existían medidas menos gravosas” y que el propio Tribunal Superior de Justicia de Canarias advirtió que fue una “grave actuación administrativa”. Sin embargo, defendió que el hecho de que una resolución administrativa sea nula, no implica “necesariamente” que haya un delito de prevaricación.
El abogado de San Ginés, José María Calero, suscribió después “íntegramente” la intervención final de la fiscal, que calificó de “brillante”; mientras la abogada de la acusación popular subrayó que “no se entiende el cambio de criterio de la Fiscalía, que hasta junio de 2018 mantenía que había "sobrados indicios" de delito.
La sentencia terminó finalmente absolviendo a los tres acusados, aunque el fallo no es firme y actualmente está pendiente del recurso presentado por la acusación popular.
