El ex presidente del Cabildo, Pedro San Ginés, ha decidido cambiar de abogado para el juicio por la incautación de la desaladora de Montaña Roja, apostando ahora por un letrado que ha intervenido en algunas de las mayores causas de corrupción que se han juzgado en España, como los ERE de Andalucía y la trama Gürtel.
El nuevo letrado de San Ginés es Jose María Calero Martínez, que empezó su carrera como fiscal, pero desde 2007 ejerce como abogado defensor, tras haber pedido una excedencia. Con despacho en Sevilla, Calero Martínez asumió la defensa entre otros del ex presidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, y también ha representado a otros acusados en el caso ERE, en el que protagonizó sonados enfrentamientos con la juez instructora, Mercedes Alaya. Además, también fue abogado del ex presidente del Betis, Manuel Ruiz de Lopera, y de uno de los acusados en el caso Gürtel.
Hasta ahora, la defensa de Pedro San Ginés en esta causa había corrido a cargo del Carlos Viña, que es el decano del Colegio de Abogados de Lanzarote. Sin embargo, hace unos meses San Ginés ya contrató a Jose María Calero Martínez para presentar un recurso extraordinario ante el Tribunal Constitucional, en un intento de evitar este juicio. Ahora, ante la inminencia de la vista oral, el ex presidente ha decidido renunciar a su anterior abogado y dejar su defensa en manos de este nuevo letrado, que también representó a Ignacio Calatayud al inicio de esta causa.
Cambio de defensa a pocos meses del juicio
El cambio de defensa fue notificado al Juzgado el pasado 14 de enero, cuando faltaban poco más de dos meses para la fecha prevista para iniciarse el juicio. No obstante, la vista volverá a retrasarse, tras haber sufrido ya un primer cambio. El motivo vuelve a estar en que las fechas siguen coincidiendo con algunas del caso Stratvs y uno de los procesados, José Juan Hernández Duchemín, está acusado en los dos juicios.
Inicialmente, el juicio por la incautación se fijó para los próximos días 16, 23 y 30 de marzo y el día 6 de abril, y posteriormente se modificó para el 23 y 24 de marzo y el 6 y 21 de abril. Sin embargo, una jornada sigue coincidiendo con Stratvs, por lo que el Juzgado de lo Penal Número 3, que es quien celebrará el juicio, está pendiente de cerrar unas nuevas fechas. Esto, al tener que coincidir con la agenda del propio Juzgado y de los letrados, incluido el nuevo abogado de San Ginés, podría retrasar el juicio algunos meses más.
Petición de doce años de inhabilitación
Junto a San Ginés, en este juicio se sentarán en el banquillo el ex gerente del Consejo Insular de Aguas, José Juan Hernández Duchemín, y el ex secretario del Cabildo y del Consejo, Francisco Perdomo. El juicio se celebrará solo con la acusación popular, ejercida por los ex consejeros de Podemos Carlos Meca y Pablo Ramírez, ya que la Fiscalía cambió de criterio después de haber defendido que había indicios de delito.
Ese cambio llegó tras un auto del juez Salvador Alba -que poco después fue condenado por corrupción en el ejercicio de su cargo- en el que desimputó a Calatayud, que estaba representado por el mismo letrado que ahora ha contratado San Ginés. Según la Fiscalía, al no poder formular acusación contra el que había sido señalado como "ideólogo" de la incautación, tampoco podía hacerlo contra el resto.
No obstante, tanto el propio Ministerio Fiscal como el juez instructor y la Audiencia Provincial han avalado que la causa llegue a juicio con la acusación popular, que pide 12 años de inhabilitación para cada uno de los acusados por delitos de prevaricación. En su escrito de calificación, la acusación popular sostiene que la incautación de la desaladora de Montaña Roja se llevó a cabo porque era "la única vía que daba respuesta al capricho del señor San Ginés y su deseo de beneficiar a Canal Gestión Lanzarote por encima del respeto a la legalidad vigente y de la propiedad privada".
Además, el escrito recuerda que ésta no es la primera vez en la que San Ginés es acusado de "beneficiar" a Canal. El Tribunal Superior de Justicia de Canarias también ordenó revisar la adjudicación del contrato por el que Canal de Isabel II se hizo con la gestión del agua en la isla, al considerar acreditado que se alteraron los pliegos en beneficio de esta empresa madrileña.
