El ex presidente del Cabildo, Pedro San Ginés, envió un comunicado en la noche de este lunes para dar su versión sobre lo que “quiso decir” en su declaración otro de los acusados en la primera jornada del juicio por la incautación de la desaladora de Montaña Roja, en lo que podría abrir una importante brecha entre su defensa y la del ex secretario del Cabildo, Francisco Perdomo. Además, explica por qué él no contestó a las preguntas de la Fiscalía durante la vista, asegurando que lo hizo por “aligerar el juicio”.
“Pedro San Ginés no ha respondido al Ministerio Fiscal porque no tiene la carga de la prueba de la acusación porque no acusa”, sostiene en un comunicado que firma a nombre de su defensa. “De esta forma se colabora a aligerar el juicio, suprimiendo partes innecesarias y centrándonos en los testigos y en las pruebas que tienen interés para la defensa”, añade, después de que su cliente fuera el único acusado que no respondió a las preguntas de la fiscal.
En cuanto al resto del comunicado, se centra en rebatir lo publicado por varios medios de comunicación -y en particular por La Voz de Lanzarote- sobre la declaración de otro de los acusados, el ex secretario del Cabildo Francisco Perdomo. Sin embargo, aunque carga contra los medios, el comunicado supone un ataque directo a Perdomo y a su declaración.
“Es imposible que el secretario se enterase de la incautación de la desaladora de Montaña Roja por la prensa, como afirman algunos medios, puesto que firmó como fedatario la resolución de incautación el mismo día que lo hizo San Ginés, esto es, el día antes al hecho material de dicha incautación”, señala al respecto, pese a que quien afirma eso no son "los medios", sino el propio Perdomo, que dio esa respuesta a preguntas de la fiscal.
Concretamente, tras escuchar en qué había consistido el supuesto “asesoramiento verbal” que el ex secretario prestó a San Ginés antes de la incautación, la fiscal le ha preguntado “cómo intervino después”. “Yo conocí por la prensa y por compañeros que se había incautado”, ha respondido Francisco Perdomo, tal como había recogido La Voz en su crónica.
“En todo caso, habrá querido decir que se enteró por la prensa de ese acto material”, añade a esto el comunicado remitido por San Ginés, interpretando la declaración que ha prestado el secretario en el juicio. Sin embargo, aunque tenía oportunidad de hacerlo, la defensa del ex presidente no ha formulado ninguna pregunta durante la vista a Francisco Perdomo: Ni siquiera para que aclarara esa afirmación que había realizado a preguntas de la Fiscalía, y en la que consideran que había “querido decir” otra cosa.
De hecho, ninguno de los letrados de la defensa ha hecho ninguna pregunta al resto de los acusados y cada uno se ha limitado a dirigirse a su cliente. Y el abogado de San Ginés tampoco le ha preguntado a Perdomo por el documento que ha remitido a los medios en la noche de este lunes junto a este comunicado, para sostener que Pancho Perdomo también firmó la resolución por la que el ex presidente ordenó la incautación.
Efectivamente, en ese documento aparecen las firmas de ambos, aunque la defensa de San Ginés no había hecho referencia a ello durante la primera jornada del juicio. Y Francisco Perdomo tampoco ha hablado de ello durante su declaración, en la que solo ha respondido a preguntas de su abogado y del Ministerio Fiscal, negándose a responder a las de la acusación popular. Al igual que San Ginés, Perdomo está acusado de un delito de prevaricación, y ha basado su declaración en defender que él no intervino en la incautación ordenada por el presidente.
Respecto a su asesoramiento, tanto a preguntas de la Fiscalía como de su letrado ha afirmado que fue “genérico”, “informal” e “improvisado”, y que él “no había estudiado el expediente ni conocía las interioridades” del caso. “No me pidió un informe”, ha llegado a afirmar con rotundidad.
“Es rotundamente falso que el secretario desmintiera a San Ginés en el juicio. Todo lo contrario, confirmó lo que ya había dicho en el proceso de instrucción, es decir, que ese asesoramiento verbal fue previo”, sostiene sin embargo la defensa del ex presidente, que tampoco ha hecho una sola pregunta a Perdomo durante el juicio para que corroborara este extremo, máxime cuando tanto en el juicio como en fase de instrucción relativizó totalmente ese supuesto asesoramiento.
De hecho, en la propia declaración que el ex secretario realizó durante la instrucción, y que San Ginés también ha enviado junto a su comunicado, afirmó que solo habían hablado de este tema en una ocasión “por breve espacio de tiempo” y que no creía “que con su asesoramiento estuviera formando la voluntad del presidente”, que “tenía sus asesores privados”, refiriéndose en concreto a Ignacio Calatayud.
“Tan genérico e improvisado no debió ser su asesoramiento previo, cuando en la fase de instrucción, y a pregunta del presidente sobre las medidas a adoptar, se refirió a diversa jurisprudencia en los Tribunales Supremo y Constitucional y a normas legales específicas que versaban sobre el problema suscitado, concretamente la requisa temporal o la intervención de empresas productoras y distribuidoras de agua. Y más explícitamente, respondió al presidente que 'sí se podría incautar la prestación de ese servicio en el marco de entender que eran dotaciones de dominio público'”, sostiene la defensa de San Ginés en su comunicado de prensa.
En las partes que obvia de esa declaración, y que Pedro San Ginés no ha enviado subrayadas aunque aparecen en el mismo escrito, Francisco Perdomo también dijo que él “no hubiera adoptado la medida que adoptó el presidente sin contar con un informe jurídico escrito previo”, que él “hubiera estado respaldado por informes jurídicos escritos previos” y que cuando le dio su opinión lo hizo “con las reservas de que se trataba de un informe verbal”.
Además, también declaró que lo que le propuso fue se “procediera a la apertura de un expediente sancionador dirigido a la recuperación del dominio público y que procedería como consecuencia del expediente una clausura de la actividad ilegal”, pero no que adoptara una medida cautelar ordenando la incautación antes de resolver siquiera el expediente, máxime cuando el Consejo no tenía competencias para ordenar la clausura de una planta, ya que esas competencias dependen del Gobierno de Canarias.
En el mismo comunicado, la defensa de San Ginés insiste en que la firma que después puso Francisco Perdomo en la resolución ordenando la incautación “no es una cuestión baladí por cuanto correspondiendo al mismo el asesoramiento jurídico del Consejo insular de Aguas, como él mismo ha declarado, no realizó ninguna advertencia de ilegalidad”. Al respecto, Perdomo sí se ha pronunciado a preguntas de su abogado sin hacer alusión directa a la firma que había plasmado en esa resolución.
En concreto, su defensa le ha pedido que aclarara si como secretario estaba obligado a hacer "advertencias de legalidad" cuando no le solicitaban un informe. "Es verdad que antes teníamos obligación de advertir, pero eso ya no es así. Las advertencias de legalidad quedaron desaparecidas hace muchos años", ha respondido Perdomo.
En su comunicado, la defensa de San Ginés también insiste en que en el juicio “solo acusan dos personas físicas a quienes ninguna resolución judicial les ha autorizado para que sean parte acusadora”, pese a que tanto el Juzgado de Instrucción como la Audiencia Provincial y el Ministerio Fiscal ya han señalado reiteradamente lo contrario, aclarando que quienes se personaron como acusación popular desde el inicio fueron los ex consejeros de Podemos Carlos Meca y Pablo Ramírez como personas físicas. Sin embargo, la defensa de San Ginés insiste en que es un “error” y recuerda que lo volvieron a plantear este lunes en las cuestiones previas al inicio de la vista, cuando pidieron sin éxito que no continuara el juicio.
