"En primer lugar, no sé ni de qué se me acusa. No tengo ninguna idea de la acusación que se me hace. Me imagino que será por la licencia de obra, pero yo no soy técnico ni jurista. Dejo en manos de sus señorías la decisión que se tome". Ésas han sido las únicas palabras del ex alcalde de Yaiza, José Francisco Reyes, cuando ha llegado su turno de declarar como acusado en el juicio del caso Stratvs. A continuación, se ha negado a responder no solo a la acusación popular -como han hecho también los otros seis acusados que han declarado este miércoles- sino también a la Fiscalía. De hecho, Reyes ni siquiera ha respondido preguntas de su propia abogada, que le fue asignada por el turno de oficio y que en la primera jornada explicó que se había hecho cargo de su defensa recientemente.
"¿Quiere que se le lea el escrito de acusación?", le ha preguntado el presidente de la Sala, Emilio Moya. "Me imagino que es por la licencia", ha repetido Reyes. "Se lo pregunto porque me extraña que diga que no sabe de qué se le acusa", ha insistido el magistrado. "Solo se me citó para que viniera aquí. No se me entregó nada más", le ha contestado el ex alcalde, que tiene ya varias condenas a sus espaldas -incluida una por el primer juicio del caso Stratvs- y que actualmente está en prisión cumpliendo condena por el caso Yate.
"A lo largo de estos años digo yo que alguna notificación habrá tenido usted", le ha replicado el magistrado, en referencia al tiempo que ha durado la instrucción del caso Stratvs, en el que ha ido cambiado de defensa. A continuación, pese a poner en duda las afirmaciones de Reyes, y para garantizar que no se estaba vulnerando ningún derecho, ha pedido a la fiscal que leyera la parte del escrito de acusación que relata los hechos que se le imputan. Tras escucharlo, el ex alcalde ha empezado a hablar de nuevo: "Yo he firmado esas licencias...", ha comenzado a decir, ante lo que el presidente de la Sala le ha interrumpido. "Ya ha tenido antes un juicio. Sabe cómo va. Le preguntan y si quiere contesta y si no quiere no contesta", le ha recordado, insistiendo en que aclarara si iba a responder preguntas o se iba a acoger a su derecho de no declarar.
"Si me quiere preguntar algo usted sí", le ha contestado. "Yo no, pero la fiscal seguro que sí", ha replicado el magistrado de la Sala, que solo formula preguntas en contadas excepciones y siempre al final de los interrogatorios, si consideran necesario añadir alguna aclaración sobre lo que se ha expuesto. Finalmente, tras una atípica escena, ha sido la abogada de oficio de Reyes la que ha intervenido para zanjar el momento y explicar que lo que quería su cliente era acogerse a su derecho a no declarar.
El ex edil de Urbanismo dice que solo "subsanó un error"
El siguiente en prestar declaración ha sido el ex concejal de Urbanismo de Yaiza, José Antonio Rodríguez, que también se ha negado a responder a la Fiscalía y a la acusación popular, aunque sí ha contestado a preguntas de su abogada. Rodríguez también fue condenado ya por prevaricación en el primer juicio de Stratvs, que se centraba en la concesión de la licencia de actividad, ya bajo la Alcaldía de Gladys Acuña, y también en la inactividad del Ayuntamiento para clausurar la bodega y el resto de instalaciones pese a tener conocimiento de su ilegalidad.
Ahora, en este segundo juicio el ex concejal debe responder por hechos anteriores, cuando gobernaba con José Francisco Reyes y se autorizó la construcción de la bodega. Durante el breve interrogatorio, en el que solo ha respondido a su letrada, ésta le ha trasladado sobre todo preguntas cerradas -como "¿conocía que había una autorización previa del Gobierno de Canarias"?-, y la mayoría han sido respondidas con "sí" o "no".
En cuanto a la intervención que tuvo este acusado en la concesión de licencia de obras, se centra en realidad en un decreto posterior, que firmó como alcalde accidental. En ese decreto, se introdujo por primera vez la palabra "bodega", ya que hasta ese momento el permiso y las prórrogas que había autorizado Reyes hablaban de la construcción de un almacén.
"Había una omisión y había que corregirlo", "fue para subsanar un error, porque se olvidaron en el primer decreto de poner que era para una bodega", ha defendido, pese a que la Fiscalía considera en su escrito que ese matiz fue esencial, ya que el planeamiento no permitía la construcción de una bodega industrial. Al respecto, el ex edil se ha remitido a la autorización previa que había emitido el Gobierno canario, que sí hacía referencia a una bodega, aunque los propios técnicos del Ejecutivo regional habían precisado antes que nada tiene que ver esa autorización con la posterior licencia de obras que debe otorgar el Ayuntamiento, donde deben analizarse otros parámetros para ver si cumple la normativa específica.
Además, la abogada de José Antonio Rodríguez también le ha preguntado qué relación mantiene con Rosa, a lo que ha respondido que "ninguna"; y si ha recibido algún "regalo u ofrecimiento" por parte del empresario, a lo que ha contestado que "no".
"Informes tipo" para autorizar licencias
El tercer acusado por parte del Ayuntamiento de Yaiza en declarar este miércoles ha sido el que era aparejador en el Consistorio, Pablo Carrasco, que tuvo que dejar el puesto tras ser condenado a cinco años de inhabilitación por prevaricación urbanística en otra causa anterior. En su declaración, Carrasco sí ha respondido a la Fiscalía -aunque no a la acusación popular- y ha defendido que cuando informó a favor de la licencia en 1999 se limitó a comprobar que el proyecto se ajustaba al Plan General porque así se lo indicaron sus superiores.
Además, ha repetido en varias ocasiones que él es "técnico" y no "jurista" y también ha asegurado que desconocía un informe que había emitido el secretario del Ayuntamiento, donde se advertía de que era necesario solicitar la calificación territorial antes de conceder la licencia. "Yo analicé lo que me pasó el jefe de la Oficina Técnica", ha defendido. Antes, había subrayado que él no tenía una formación específica para ese cargo en la administración y que habitualmente solo informaba de solicitudes de licencia en suelo urbano y no en suelo rústico, porque de esas se encargaba el jefe de la Oficina, aunque en este caso se lo pidieron a él. Y que lo hizo como con el resto, con "informes tipo" que le entregaban.
Además, ha hecho hincapié en que el proyecto venía ya con una autorización del Gobierno de Canarias. "Entendía que le había dado el visto bueno", ha añadido, pese a que son trámites independientes.
Aprobó el proyecto de ejecución con la licencia caducada
En cuanto a su segunda intervención en este expediente, cuando en 2005 informó sobre el proyecto de ejecución, la fiscal ha subrayado que la licencia entonces ya había caducado, ya que por ley caducan a los dos años. "En ese momento no lo sabía. Ahora he visto algunas cosas del procedimiento que podría no estar conforme, pero en ese momento no tenía tanto conocimiento", ha respondido.
En la licencia otorgada en 1999 se establecía un plazo de seis meses para iniciar las obras, pero éstas no arrancaron hasta 2003, cuando esa licencia ya estaba caducada. Además, el proyecto de ejecución no se presentó hasta dos años después de arrancar los trabajos, en 2005, cuando estos tuvieron que ser paralizados por el Ayuntamiento. Ahí fue donde llegó el informe favorable de Carrasco al proyecto de ejecución, pese a que la licencia estaba caducada y pese a que lo que ya se llevaba dos años ejecutando nada tenía que ver con ese proyecto.
Sin embargo, el aparejador ha declarado que no acudió a ver las obras porque no le mandaron hacerlo, y tampoco las visitó para elaborar la liquidación provisional de los tributos que debía pagar Rosa por esa licencia. Por esa liquidación, la acusación popular imputa un segundo delito a Carrasco, ya que considera que hubo un fraude a la administración, que cobró mucho menos de lo que correspondía por lo que realmente se había construido. Al respecto, Pablo Carrasco ha afirmado que "ni siquiera le correspondía" a él hacer esa liquidación y que además era solo una liquidación provisional.
"La definitiva es la que se hacía con el certificado final de obra", ha defendido, explicando que es ahí cuando "se comprueba que cumple con la licencia". Sin embargo, ha insistido en que al tratarse de una liquidación provisional no hizo esa comprobación porque solo lo hacía si "lo ordenaba el alcalde o el interventor". Respecto al secretario interventor, Vicente Bartolomé Fuentes, ha hecho también otras referencias en su declaración. "Yo creía que el secretario era el que ordenaba el expediente. Lo creía. Después, con el paso de los años, ha pasado lo que ha pasado", ha añadido, en referencia a las condenas que Bartolomé Fuentes tiene también ya a sus espaldas, incluida una en el primer juicio del caso Stratvs. En esta segunda pieza, el ex secretario también tendría que haberse sentado en el banquillo, pero un error en las citaciones -al haberse separado la causa en dos piezas tras la presentación de los escritos de acusación-, le ha librado finalmente de sentarse en el banquillo en este nuevo juicio.
