La Sección Sexta de la Audiencia Provincial juzgará el próximo miércoles en Gran Canaria a dos hombres y una mujer acusados de introducir y distribuir grandes cantidades de cocaína en Lanzarote entre 2016 y 2021.
La investigación que dio lugar a esta causa se desarrolló entre los años 2019 y 2021 por parte del Equipo contra el Crimen Organizado de la Guardia Civil en Canarias, de forma coordinada con los Equipos contra la delincuencia organizada y antidroga de las Comandancias de la Guardia Civil de Huelva y Madrid.
Según el escrito de acusación de la Fiscalía, los acusados J.M.T.F. y F.F.J. se habrían puesto de acuerdo para introducir "grandes partidas de cocaína" en Lanzarote para luego distribuirlas por la isla. Así pues, la droga se introducía en los vehículos que se trasladaban por ferrys desde otras islas canarias o desde las localidades de Huelva y Cádiz.
Para ello, presuntamente contaban con la ayuda de I.K.V.B. que hacía de "vendedora final al consumidor". En el marco de la investigación, la Guardia Civil sorprendió a la acusada cuando presuntamente salía de su vivienda, en la calle Triana de Arrecife, con una mochila donde guardaba más de una decena de envoltorios de cocaína, una prensa hidráulica, 7.000 euros en efectivo y tres teléfonos móviles. La droga incautada ascendía a 25.111,64 euros.
Además, de acuerdo con el escrito fiscal, le fue encontrada una pistola semiautomática del calibre 380 automática, de 17 milímetros y número del Ejército del Aire, así como un cargador con 17 cartuchos sin disparar. A pesar de ello, el Ministerio Público resalta que "no consta" que la acusada tuviera licencia de armas.
El Ministerio Fiscal expone que los tres acusados son coautores de un delito contra la salud pública, mientras que a I.K.V.B. se le suma el de de tenencia ilícita de armas. Por este motivo, pide seis años de prisión para cada uno, con accesoria inhabilitación especial del sufragio pasivo durante el tiempo de la condena y una multa de 75.334,92 euros.
Mientras que a I.K.V.B. le añade un año y nueve meses de prisión, con la accesoria inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena. Además del decomiso de la droga y el abono de las costas.
Para concluir, la Fiscalía solicita el sobreseimiento provisional de las actuaciones contra otros seis investigados al entender que no existen "motivos suficientes" para sostener la acusación contra ellos.
