La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Las Palmas juzgó este martes en Gran Canaria a un dentista acusado de un presunto delito de estafa procesal al presuntamente falsificar un documento para cubrir una negligencia médica en Lanzarote. Por este motivo, el Ministerio Fiscal solicita la pena de dos años de prisión y la acusación particular lo eleva hasta ocho años.
En concreto, de acuerdo con el escrito de acusación de la Fiscalía, se trata del odontólogo L.M.D.C., que trabaja en la única clínica maxilofacial concertada de Lanzarote. Los hechos se remontan a enero de 2016, cuando una menor fue derivada por el Servicio Canario de Salud a esta clínica dental para extraerle un diente supernumerario, es decir, una pieza que le sobraba entre los incisivos centrales. Sin embargo, según la denuncia de la madre de la menor, en la clínica le extrajeron un diente fijo y no el indicado por los facultativos públicos.
Inicialmente, la madre presentó una reclamación patrimonial formulada en enero de 2017 contra el Servicio Canario de Salud por la que pedía 153.987,62 euros por daños y perjuicios sufridos en la menor, al supuestamente haberle extraído "por error" un diente fijo en lugar del indicado. Tras su desestimación, presentó un contencioso administrativo contra dicha resolución.
Tras ello, el dentista y la denunciante fueron citados por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo. Si el proceso resolvía que existió una negligencia médica, el sanitario y la clínica concertada debían responder por ella.
El Ministerio Fiscal defiende que al ser citado por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, el médico habría añadido de "forma manuscrita" al consentimiento informado para la cirugía oral, proceso que hay que firmar cuando un paciente se somete a una intervención de este tipo, que iba a extraer la pieza fija y/o el diente supernumerario. Así se respaldaría en que la madre de la menor tenía conocimiento de ello.
La Fiscalía asegura que "el acusado, después de su firma y antes de presentarlo en el procedimiento, procedió a añadir de forma manuscrita [...] la expresión 'y/o pieza definitiva 11' con el objetivo de simular que la recurrente había firmado este documento tras ser informada". Así pues, el Ministerio Público revela que eso "no era cierto", ya que se le habría informado "únicamente" de que se le iba a extraer el diente supernumerario.
El dentista defiende que la madre de la menor también firmó un segundo documento. Mientras el Ministerio Fiscal apostilla que levó a cabo "la misma finalidad fraudulenta" después de la firma, añadiendo a mano que se había extraído la pieza fija y se conservaba el diente supernumerario.
Esta presunta falsificación de los documentos hizo que la madre no fuese indemnizada por el daño contra la menor, después de que la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias desestimase su recurso.
El Ministerio Público entiende que el dentista es autor de un delito de estafa procesal y pide para él una pena de dos años de prisión, inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena y nueve meses de multa con una cuota diaria de 20 euros, así como el pago de la responsabilidad personal subsidiaria prevista para el caso de impago. Además del abono de las costas.
Por su parte, la acusación particular, ejercida por el letrado Agustín Márquez, aumenta la petición a ocho años de prisión, cuatro por estafa procesal y otros cuatro por los presuntos delitos de falsificación de documentos privados. Según ha informado el diario La Provincia.
