La Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Las Palmas juzgará el próximo miércoles 20 de noviembre en Lanzarote a tres personas acusadas de un delito contra la salud pública por traficar con cocaína en la isla.
Los hechos se remontan a entre los años 2019 y 2021, cuando el equipo contra el crimen organizado de la Guardia Civil en Canarias, en coordinación con los equipos contra la delincuencia organizada y antidroga de la Benemérita en Huelva y Madrid, detectaron que existía un grupo de personas que presuntamente introducía y distribuía cocaína en Lanzarote, causando un grave daño a la salud y obteniendo "un importante" beneficio económico.
El Ministerio Fiscal acusa a J.M.T.F. y F.F.J. de presuntamente introducir "grandes partidas" de cocaína en Lanzarote entre 2016 y 2021 "hasta la fecha en que resultaron detenidos" y de distribuirla de forma ilícita en la isla.
Para trasladar la droga hasta Canarias, el Ministerio Público expone que supuestamente ocultaban "la sustancia en el interior de vehículos" que trasladaban en ferry desde otras islas canarias y desde Huelva y Cádiz.
En el escrito de acusación, la Fiscalía añade el papel de I.L.V.B., supuestamente la persona encargada de distribuir la droga por la isla, bajo el rol de "vendedora final al consumidor".
En marzo de 2021, en el marco de la operación de la Guardia Civil, un Juzgado de la isla autorizó el registro del domicilio de los acusados en Lanzarote, localizado en Arrecife. Cuando llegaron a la vivienda, el Ministerio expone que la acusada I.L.V.B. estaba abandonando la vivienda con una mochila y que presuntamente fue localizado en su interior sustancia estupefaciente que destinaría a distribuirla por el mercado ilícito y una pistola semiautomática, con número del Ejército del Aire 04513, su cargador y 17 cartuchos sin disparar. El Ministerio Fiscal expone que no consta que tuviera licencia de armas.
Entre los registros y la droga incautada del interior de la mochila, la Benemérita encontró nueve envoltorios de cocaína y otros de sustancias con polvo blanco que no fue analizada, 7.000 euros en efectivo, una prensa hidráulica y tres teléfonos móviles. La sustancia intervenida tenía un valor total de 25.111,64 euros.
El Ministerio Público califica los hechos como un delito contra la salud pública en su modalidad de sustancia que causa un grave daño a la salud y pide para los tres acusados J.M.T.F., F.F.J. y I.L.V.B. seis años de prisión, con accesoria de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena y 75.334,92 euros de punta.
Además, un año y nueve meses de prisión por un delito de tenencia de armas para I.L.V.B., con accesoria inhabilitación para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena.
