Horas después de que estallara públicamente la nueva causa penal contra Pedro San Ginés, la UCO llamó a declarar a ocho testigos, que supuestamente participaron en la reunión donde se aprobó contratar a Ignacio Calatayud para el procedimiento concursal de Inalsa. Y tras su declaración, y en base al informe emitido por los agentes, el juez sumó un nuevo delito a la investigación: el de falsedad en documento público.
En su auto, el magistrado señalaba que las declaraciones de esos testigos sembraron “dudas sobre la veracidad” del acta de la reunión, ya que ninguno recordaba haber asistido y dos negaron expresamente haber participado.
Después, la investigación de la UCO ha arrojado otro dato determinante. Y es que el día de la supuesta reunión, el 18 de enero de 2010, Ignacio Calatayud estaba en realidad en Madrid, según la geolocalización obtenida de la inspección de su teléfono móvil. Es decir, que no podría haber estado presente en esa reunión, pese a que su nombre también aparece en el acta.
“La ubicación concreta sitúa el terminal en la calle Paseo del Duque Fernán Núñez de la localidad de Madrid, tanto el día 18 de enero de 2010 como los días anteriores y posteriores a dicha fecha, ubicación que resulta totalmente compatible con el domicilio en el que reside el investigado”, señala la UCO en uno de sus informes.
El acta estaba firmada por el propio Pedro San Ginés y por el entonces secretario Inalsa, Pedro Antonio Márquez Rodríguez. Éste último también pasó a estar imputado cuando se empezó a investigar esa presunta falsificación, pero falleció poco después.
“Nunca he estado en el salón de actos del Cabildo”
Junto a San Ginés, Calatayud y el secretario, en el acta se señalaba que en la reunión estuvieron presentes ocho cargos públicos. De hecho, el expresidente se ha remitido de forma reiterada a ese documento para defender que fue una decisión colegiada.
Uno de los que negó de forma tajante haber participado en ese encuentro fue el ex concejal de Tías y ex secretario insular del PP, José Pablo Lemes. En su caso, declaró que conoce el procedimiento concursal de Inalsa solo “de oídas”, y que él nunca “ha participado” en ese organismo, “ni ha estado nunca en el salón de actos del Cabildo”, donde supuestamente se celebró la reunión.
El otro fue el ex consejero del PIL Fabián Martín, que afirmó que “está seguro de no haber asistido a ninguna reunión de similar naturaleza en el salón de actos del Cabildo”. Incluso apuntó que “no recuerda haber tomado posesión como consejero de administración de Inalsa”; ni tampoco “haber participado en ningún acto en el que estuvieran la totalidad de las personas reseñadas” en el acta de esa reunión.
De los otros seis, alcaldes y consejeros, ninguno recordaba haber asistido. La mayoría ni siquiera supo hablar de la concursal de Inalsa, e incluso afirmaron que desconocen quién fue el letrado de la empresa pública, pese a que Pedro San Ginés sostiene que ellos autorizaron su contratación.
Ése fue el caso por ejemplo del alcalde de Tinajo y compañero de partido de San Ginés, Jesús Machín, que afirmó desconocer ese nombramiento, pese a que su nombre también aparece en el acta. Además, dado que José Pablo Lemes declaró antes que él y negó rotundamente haber asistido a la reunión, también le preguntaron por ello. Al respecto, Jesús Machín declaró que no recuerda haber coincidido con Lemes “en ningún acto en el que ambos intervinieran como consejeros de Inalsa”.
“Miembros elegidos libremente entre personas capacitadas”
Los ex consejeros del Cabildo Juan Carlos Becerra (PNL), Ramón Bermúdez (PIL) y Plácida Guerra (PIL)- esta última consejera de Inalsa durante años-, respondieron “no lo recuerdo” a todas las preguntas de los agentes.
Por su parte, el entonces alcalde de Haría, José Torres Stinga, tampoco recordaba haber asistido a esa reunión. Respecto a la concursal de Inalsa, solo supo decir que “él, entre otros, sufrió embargos por ese procedimiento”.
Por último, la actual alcaldesa de Arrecife y entonces consejera del PP en el Cabildo, Ástrid Pérez, sí respondió que el primer abogado del proceso concursal fue Cobo Plana, y que tras asumir la Presidencia Pedro San Ginés pasó a ser Ignacio Calatayud, pero poco más. No “recuerda” haber asistido a esa reunión en la que se le designó y, al igual que Fabián Martín, tampoco recuerda haber tomado posesión como consejera de Inalsa.
En el acta, se indica que la sesión corresponde a la Asamblea General del Consorcio del Agua de Lanzarote, “constituida en Junta General de Inalsa”. Respecto a los asistentes, señala como “miembros” del órgano al entonces presidente del Cabildo, Pedro San Ginés, y en calidad de alcaldes a José Torres Stinga y a Jesús Machín Del resto, señala que eran “miembros elegidos libremente entre personas capacitadas”, y que se incorporaron al órgano en esa misma sesión que ninguno recuerda.
Una designación “deliberadamente genérica y ambigua”
En cualquier caso, antes incluso de sospechar de la veracidad de ese acta, tanto la UCO como el juez instructor consideraban que lo que se aprobó en esa supuesta reunión no daba cobertura legal a la contratación de Calatayud.
“La designación del letrado, además de incumplir abiertamente la normativa en cuanto a la contratación administrativa, fue deliberadamente genérica y ambigua, pues, entre otros extremos, ni siquiera se hizo referencia a la cuestión de sus honorarios”, advertía el juez que instruye esta causa. Fue después cuando se autorizó un presupuesto, posteriormente modificado por otro aún más “lesivo” para Inalsa, y ninguno de los dos se presentó ante los consejeros ni ante ningún órgano colegiado del Consorcio ni de Inalsa.
Al respecto, el magistrado señalaba también que al estar en ese momento intervenida Inalsa, con unos administradores concursales, “es dudoso que el Consejo de Administración pudiera adoptar decisión alguna sobre la designación de un letrado, y además, lo hiciera en condiciones distintas a las establecidas respecto al letrado contratado previamente”.
En uno de sus primeros informes, la UCO ya advertía de un posible delito de prevaricación en la contratación de Calatayud, señalando que “se realizó al margen del procedimiento legalmente establecido para este tipo de contratos, habiendo sido ésta una decisión arbitraria por parte de Pedro San Ginés, aprovechando su condición de consejero delegado” de Inalsa.
