Dos de los concejales que ejercían la oposición en Yaiza en el año 2004 declararon el pasado jueves como testigos en los Juzgados y confirmaron que el convenio que permitió construir el Kikoland en suelo público se aprobó sin ningún tipo de informe, pese a que implicaba la cesión gratuita de más de 30.000 metros cuadrados que debían haberse destinado a zonas verdes.
“Tal como consta en el acta de ese Pleno, yo advertí de que no había informes y pedí que se retirara este punto del orden del día y que no se llevara a cabo la votación”, ha señalado a La Voz el que era portavoz del PSOE en el municipio, Marcial Valiente. Además, aunque no ha querido entrar en detalles sobre su declaración “por respeto a la investigación judicial”, el edil se ha remitido a lo que recoge el acta de ese Pleno, en el que también alertó de que se estaba cediendo suelo público del Ayuntamiento sin establecer siquiera el pago de un canon.
“Nos parecía que no era aceptable, y menos tal como estaba el Ayuntamiento en ese momento. Aunque se estaba construyendo mucho, el Ayuntamiento estaba en bancarrota”, recuerda. Ahora, más de 16 años después, celebra que la Justicia esté investigando estos hechos, a raíz de la querella presentada hace tres años por los entonces consejeros de Podemos en el Cabildo, Carlos Meca, Griselda Martínez y Pablo Ramírez.
Inicialmente, el juez había imputado en este procedimiento al ex alcalde, José Francisco Reyes, y a los empresarios Juan Francisco Rosa y Juan Luis Lorenzo, pero ahora ha acordado citar también como investigados a todos los concejales de CC que votaron a favor de ese convenio en el Pleno, tal como había solicitado previamente la Fiscalía.
“Yo siempre estoy contento de que todas las causas se investiguen. Luego ya se verá, pero lo que sí me gustaría es que todo se aclarase”, afirma Marcial Valiente. Respecto a si no se planteó acudir en su día a los Tribunales para denunciar este convenio, afirma que en ese momento tenían “demasiados frentes abiertos”, en pleno boom de la concesión de licencias ilegales por parte de Reyes en Playa Blanca.
“La verdad es que fue una época tremenda. Fueron años muy duros”, rememora el edil, que explica que en esa época su partido “intentaba paralizar el hotel Papagayo Arena”; y el Cabildo tuvo que acudir a los Tribunales para que el Ayuntamiento le notificara las licencias que otorgaba. Y es que el ex alcalde no solo no pedía el obligado informe de compatibilidad con el PIOT, sino que también ocultaba a la Corporación insular los permisos que otorgaba.
Respecto a los partidos que ejercían la oposición en el municipio, Marcial Valiente recuerda que el alcalde “zancadilleaba” su labor. “Los procedimientos los teníamos que copiar a mano. No nos dejaban fotocopiarlos”, recuerda Valiente, que en ese momento era el único concejal del PSOE en el municipio.
Además, explica que les daban acceso a la documentación que iba a ir a Pleno solo uno o dos días antes, sin dejarles tiempo para analizarla. “Para estudiarlo antes del Pleno teníamos que ser máquinas”, lamenta. “La verdad es que sí, fueron unos años muy difíciles”, insiste el ex edil, que en ese momento acababa de entrar en política y se retiró nada más terminar ese mandato, hace ya 13 años.
“Luego ya empezó a cambiar la cosa. Reyes no duró sino dos años más y empezó a cambiar todo un poquito”, añade, en referencia a la moción de censura que apartó de la Alcaldía a José Francisco Reyes en 2008. Después, al año siguiente fue detenido en el marco del caso Yate, por el que actualmente cumple condena en prisión, tras haber confesado que otorgó decenas de licencias a sabiendas de su ilegalidad y a cambio de sobornos de distintos empresarios.
“No me puedo alegrar de que alguien vaya a prisión, pero sí me alegro de que nuestro granito de arena haya servido de algo para poner un poquito de orden en ese Ayuntamiento”, añade Marcial Valiente.
“En ese momento no éramos del todo conscientes”, explica al preguntarle si sospechaban el nivel de corrupción que había en ese Ayuntamiento, donde además de Reyes ya han sido condenados junto a él varios técnicos en distintas causas judiciales. “Por lo menos yo no me pensaba que fuese del tal magnitud”, apunta.
El ex edil del PP también confirmó los reparos que puso al convenio
Respecto al Pleno en el que se votó el convenio para ceder gratis suelo público -ocupando un espacio que debió destinarse a zonas verdes con instalaciones como el Kikoland-, insiste en que él pidió que no se llevara a cabo la votación. “Pero ellos con su mayoría arrastraron”, señala en referencia a todos los concejales de CC, que ahora tendrán que declarar como investigados en esta causa junto al propio Reyes.
En ese momento, Coalición Canaria gobernaba con mayoría absoluta con siete concejales, mientras que la oposición estaba formada por el PIL (con cuatro ediles) y el PSOE y el PP, con uno cada uno. Y los tres partidos de la oposición votaron en contra de ese convenio que desde hace tres años se investiga en esta causa penal, y los que eran portavoces de esas formaciones han sido citados a declarar como testigos.
En el caso del que era concejal del PP, José Carlos Rojas, también compareció ya el pasado jueves, y confirmó que se opuso a la aprobación del convenio porque no le parecía que fuera “beneficioso” para el municipio, ya que no implicaba ningún tipo de pago por la ocupación de ese suelo. Además, aunque igual que Marcial Valiente apuntó que había detalles que no recordaba por el tiempo transcurrido, se ratificó en el contenido del acta de ese Pleno, en que el también planteó numerosos reparos.
Respecto al PIL, la portavoz entonces era Gladys Acuña, que también está pendiente de declarar como testigo en esta causa. Acuña lideró durante años la oposición a Reyes y también votó en contra de este convenio, aunque años después de llegar a la Alcaldía terminó siendo condenada en el caso Stratvs, por haber incurrido en delitos de prevaricación en beneficio del mismo empresario, Juan Francisco Rosa.
Junto a ella fueron condenados también otros ediles, algunos nuevos y otros procedentes de la etapa de José Francisco Reyes. Uno de ellos, José Antonio Rodríguez -que gobernó durante años con Reyes y después se unió al nuevo partido que fundó Gladys Acuña- será citado ahora también como imputado en esta causa, ya que en 2004 formaba parte del grupo de CC y votó a favor de ese convenio.
