La alcaldesa de Yaiza, todos los concejales que en 2008 formaban parte de la Junta de Gobierno, el ex secretario del Ayuntamiento, el técnico que intervino en el expediente y el funcionario del Cabildo que informó sobre la licencia de actividades clasificadas aseguran que no sabían que la bodega Stratvs llevaba ya meses funcionando cuando le otorgaron este permiso. Y ni siquiera les constaba que existiera además una tienda y un restaurante, pese a que muchos de ellos habían acudido más de medio año antes a la fiesta de inauguración de las instalaciones, a la que en el juicio se refirieron como una fiesta de "presentación".
"Nada me hizo pensar que aquello estaba funcionando. Aquello estaba impecable", declaró durante el juicio Gladys Acuña, que junto a otros ediles acudió a esa fiesta celebrada siete meses antes de aprobar la licencia de actividad. Y según declaró, fue cinco años después, al declarar ya como imputada en esta causa, cuando tuvo "conocimiento" de que en el complejo había también "un restaurante que no tenía licencia". Por su parte, el ex concejal Leonardo Rodríguez aseguró que él solo hizo "acto de presencia" en esa fiesta que tuvo lugar a mediados de 2008. "Estuve los dos minutos de rigor y me marché", afirmó el entonces concejal de Urbanismo, que sostuvo que no vio el interior de la bodega.
"No conocía la bodega. Vi una casa con unos árboles pero no entré" y "por supuesto que no vi el restaurante ni la tienda", insistió. Además, a preguntas de su abogada añadió que "no es arquitecto ni tiene conocimiento de mediciones" para saber que lo construido, como sostiene la instrucción de esta causa, eran 12.000 metros cuadrados, cuando solo se había autorizado la ejecución de una bodega-almacén de 900 metros y la rehabilitación de una vivienda protegida preexistente, que según la acusación fue derribada y sustituida por otra mayor.
"Invitaron a toda la flor y nata de Lanzarote y de Canarias"
En cuanto al otro concejal acusado en la causa que acudió a esa fiesta de "presentación" de Stratvs, Evaristo García, declaró que al acto invitaron "a toda la flor y nata de Lanzarote y de Canarias" y que él también asistió, porque "invitaron a todos". Sin embargo, cuando su letrado le preguntó si tenía conocimiento de si a partir de entonces Stratvs empezó a funcionar, respondió que no lo sabía, porque no era "su área".
Además, agregó que para él "ni siquiera era zona de paso" el lugar en el que se ubica la bodega, por lo que "no tenía conocimiento" de que ya estaba funcionando cuando votó a favor de otorgar la licencia de actividad. Incluso, tras negar que alguien hablara con él previamente para influir en su voto, aseguró que hasta desconocía que se iba a tratar ese punto "antes de sentarse" en la Junta de Gobierno.
"¿Tiene alguna relación con Juan Francisco Rosa? ¿Por qué fue invitado?", le preguntó el juez que preside la Sala de lo Penal del TSJC, tras terminar el interrogatorio de su abogado, que fue el único al que el ex edil contestó preguntas. "Invitaron a todos. Lo conozco porque nos conocemos todos aquí en Lanzarote", respondió. "¿Y era una fiesta de inauguración?", insistió el magistrado. "Para mí fue una presentación", contestó el ex concejal.
La existencia del restaurante y la tienda, "la apreciación de un técnico"
Además de no detectar que las instalaciones ya estaban funcionando cuando se celebró esa fiesta en mayo de 2008, siete meses antes de obtener la licencia de actividad, todos los acusados aseguraron que tampoco vieron un informe negativo que estaba dentro del expediente municipal, y que advertía de que en el complejo Stratvs no había solo una bodega, que era para lo único que se pidió autorización, sino también "un comercio minorista y una cafetería". "Lo pone, pero es una apreciación de la técnico y no fue corroborado por nadie", declaró durante el juicio el ex secretario, Vicente Bartolomé Fuentes, cuando durante la vista le mostraron ese informe. Así, él también negó que supiera que existían la tienda y el restaurante cuando informó sobre la licencia de actividad, porque sostiene que no vio ese informe y porque además, según él, "nadie" había "corroborado" lo que en él advertía la técnico de Sanidad.
Y también declaró no haber leído ese informe el técnico de Actividades Clasificadas de Yaiza, Andrés Morales, pese a que durante el juicio fue el único que admitió haber tenido acceso a todo el expediente. Pero en el caso de este dictamen negativo -que el fiscal subrayó que fue encontrado en un cajón de su despacho, junto al resto del expediente, cuando la Guardia Civil realizó un registro en el Ayuntamiento-, Morales aseguró que no lo había visto antes.
Además, tanto Andrés Morales como el resto de técnicos que intervinieron en el expediente declararon en la primera jornada del juicio celebrada este lunes que desconocían que la obra estuviera ya ejecutada cuando se otorgó la licencia de actividad, que debió haberse tramitado antes que la licencia de obra y, por tanto, antes de la construcción de estas instalaciones. "Yo me limitaba a la licencia de actividad, no sé si después vendrá otra de obra o no", declaró Morales, pese a que esa licencia de obra había sido concedida por el Ayuntamiento nueve años antes, bajo la Alcaldía de Reyes.
Sin proyecto de ejecución con la obra terminada
"Ni idea", respondió por su parte el técnico de Actividades Clasificadas del Cabildo, Manuel Jesús Spínola, cuando el fiscal le preguntó si sabía que la obra ya estaba hecha cuando él informó sobre la licencia de actividad. En su caso, en dos ocasiones pidió que se aportaran más documentos para informar, dado que inicialmente solo le entregaron un proyecto básico, después complementado con el proyecto de instalaciones y posteriormente con un "anexo" sobre las medidas para evitar la contaminación acústica. Sin embargo, no le llegaron a entregar el proyecto de ejecución, ya que la propiedad alegó que estaban terminando de elaborarlo, pese a que para entonces ya había finalizado la construcción del complejo Stratvs.
"El proyecto de ejecución yo no lo necesito para nada", respondió Spínola para explicar por qué emitió su informe sin ese documento. Además, el técnico elaboró ese dictamen solo un día después de que la propiedad remitiera el último documento que él había solicitado, para adaptar las condiciones acústicas. "No era un proyecto, era un anexo aclaratorio de cuatro o cinco folios", defendió Manuel Jesús Spínola para justificar la celeridad con la que emitió el informe tras recibir ese "anexo". A esto, añadió que al desarrollarse la actividad en La Geria, había "muy pocas posibilidades de molestar" con los ruidos de esta industria.
Incluso, sobre su rapidez para resolver, defendió que están "muy orgullosos" de "lo que se han agilizado los trámites" en el Cabildo tras los cambios legislativos sobre las competencias, aunque precisó que en este caso no recuerda si el último documento llegó "el día anterior, una semana antes o un mes antes". "Todos los días teníamos presiones de todo el mundo para agilizar las cosas", "sobre todos los técnicos", "un estrés enorme", añadió a preguntas de su abogado, antes de negar que recibiera ningún tipo de "influencia" u oferta de "un premio" para tratar con mayor diligencia el expediente de la bodega de Rosa.
Rosa, "como un vecino más"
Aunque tanto la alcaldesa como los ediles que formaban parte de su Junta de Gobierno en 2008 se negaron a contestar al Ministerio Fiscal y a las acusaciones particular y popular, todos ellos hablaron de su relación con Juan Francisco Rosa a preguntas de sus propios abogados. En el caso de Gladys Acuña, también el presidente de la Sala le preguntó por esa relación, a lo que la alcaldesa respondió que no es "amiga" del empresario. "Si me pregunta si lo conozco, sí. Pero las relaciones a veces son buenas y a veces son malas. Institucionalmente hablando", matizó.
Por su parte, Leonardo Rodríguez dio explicaciones sobre las llamadas que intercambió con Rosa, y que están incorporadas a este procedimiento, negando que tuvieran relación con la concesión de la licencia de actividad a Stratvs. Y también negó haber quedado a comer con el empresario, pese a que hablaban de ello en una de esas conversaciones. El ex concejal señaló que en todo caso habían coincidido "en algún evento", como una "cena multitudinaria" celebrada en Puerto Calero, de la que también hablaban en una de esas llamadas.
Del mismo modo, Leonardo Rodríguez negó que acudiera a casa de Rosa a entregarle la licencia de actividad al día siguiente de aprobarse en la Junta. Al respecto, aseguró que lo que en una conversación telefónica decía que iba a llevarle, al día siguiente de esa Junta celebrada en diciembre de 2008, era "una felicitación de Navidad", como "hacía con todos", "todos los años", y no la licencia.
"No tenía ninguna amistad", aseguró Leonardo Rodríguez, que insistió en que "jamás" quedó para comer con Rosa "a solas, para tratar algún tema del Ayuntamiento". "Ni con él ni con nadie", añadió. Según el ex edil, su relación con el empresario era como la de "un vecino más" y "lo trataba igual, como a cualquiera". Y algo muy similar respondió otro de los concejales que intervino en esa Junta de Gobierno y que también está acusado en la causa, Juan Lorenzo Tavío, que declaró que Rosa es "un conocido del municipio, de la isla". "Cuando vamos al velatorio, como digo yo, nos saludamos, pero no tengo relación personal", afirmó.
Por su parte, el fiscal Ignacio Stampa subrayó que además de otorgar esa licencia de actividad, pese a los informes negativos que constaban en el expediente, tampoco se verificaron después los condicionantes que se establecían en esa licencia. Uno de ellos era que se girara una visita de comprobación, que nunca se llevó a cabo. Una visita que hubiera permitido comprobar lo que los ediles no detectaron en la fiesta de "presentación", es decir, que las instalaciones superaban con creces lo autorizado, que había un restaurante que ni siquiera tenía licencia de obra y que el complejo llevaba en realidad meses funcionando.
