Uno de los principales acusados del caso Unión, Luis Lleó, ha ratificado este jueves su confesión ante la Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Las Palmas y ha aceptado un acuerdo de conformidad con la Fiscalía, por el que se le impondrá una condena de un año y medio de prisión, así como la obligación de pagar una multa de 150.000 euros por un delito continuado de cohecho. Además, para acreditar que responderá de esta suma ha presentado ya avales y bienes como garantía de pago.
El otro acusado en esta pieza, Fernando Becerra, ya había reconocido hace años que actuó como intermediario de Lleó en un intento de soborno y también ha ratificado su confesión, aceptando en su caso una pena de un año de cárcel y 100.000 euros de multa.
En cuanto a las penas de cárcel, que podrían eludirse al ser inferiores a dos años, lo que se ha establecido es que se sustituyan por el pago de otra multa, con lo que la cantidad que deberán abonar será superior. No obstante, esa suma aún deberá determinarse en la fase de ejecución de sentencia, dado que habrá que descontar el tiempo que ambos pasaron en prisión provisional al inicio de la instrucción de esta causa, así como el tiempo en el que estuvieron sometidos a medidas cautelares como la retirada del pasaporte. En el caso de Lleó, tras su arresto en 2009 pasó casi siete meses en prisión provisional, mientras que Becerra cumplió más de tres meses.
Cambio de estrategia ante la inminencia del juicio
La vista celebrada este jueves en Gran Canaria fue solicitada por el propio Luis Lleó, que tras haber pasado una década intentando tumbar la instrucción del caso Unión decidió hace un mes confesar sus delitos. De esta forma ha evitado la celebración de un juicio que ya era inminente, y que se iba a resolver con un jurado popular.
Además, ha logrado también una rebaja en la pena que solicitaba para él la Fiscalía, que inicialmente era de seis años de prisión, que es el máximo que contempla el Código Penal para este delito. Ahora, esa petición inicial se ha reducido al aplicar como atenuante la "confesión tardía", así como las dilaciones indebidas. Y es que más allá del reconocimiento de los hechos, el retraso en llevar la causa a juicio por parte de la Audiencia Provincial ya hubiera hecho rebajar la condena.
De hecho, es lo que ha ocurrido en otras piezas del caso Unión. En el caso de los empresarios condenados por cohecho y malversación de caudales públicos en la última sentencia, las penas que les impuso la Sección Sexta de la Audiencia Provincial no superaban en la mayoría de los casos los dos años de cárcel, al aplicar entre otras cosas una rebaja por dilaciones indebidas. Al respecto, la propia Sala asumía en su sentencia la responsabilidad de ese retraso, ya que el Juzgado de Instrucción cerró esa pieza en 2014 y no fue a juicio hasta 2018.
En el caso de la pieza de Lleó, el escrito de acusación databa incluso de 2013, por lo que habían transcurrido seis años desde que se cerró la instrucción y no se había celebrado aún el juicio. Y aunque la mayor parte del retraso ha sido provocado por la propia cascada de recursos que fue presentando sin éxito el acusado, al cerrar el acuerdo también se reconoce que hubo en total más de tres años en los que esta causa estuvo paralizada.
Lleó reconoce que tenía un acuerdo con los dueños de hoteles ilegales
La pieza que ha quedado ya sentenciada este jueves -a falta solo de que los magistrados plasmen por escrito el fallo- fue la que dio origen al caso Unión, cuando el entonces consejero de Política Territorial del Cabildo, Carlos Espino, denunció que el empresario Luis Lleó le había ofrecido un soborno utilizando como intermediario a Fernando Becerra, para intentar desbloquear la construcción de la parcela de Costa Roja, a la entrada de Playa Blanca.
Con su confesión, Lleó reconoce íntegramente los hechos relatados en el escrito de acusación del Ministerio Fiscal. En él, la Fiscalía describía hasta tres intentos de soborno, que fueron grabados por la UCO tras la denuncia de Espino. En el primero, le ofrecieron una comisión de 400.000 euros, a repartir entre Espino y Fernando Becerra, a cambio de que el Cabildo se retirara del contencioso que había iniciado contra la licencia ilegal concedida por el ex alcalde de Yaiza, José Francisco Reyes, para construir "una macrourbanización de 1.012 viviendas, 220 locales comerciales y 2.559 plazas de garaje" en la parcela de Costa Roja.
En el segundo, la oferta subió a 600.000 euros, y lo que pedía entonces Lleó es que el Plan Territorial Especial de Ordenación Turística Insular que se estaba desarrollando en ese momento, incluyera los terrenos de Costa Roja como suelo urbanizable.
Por último, Becerra trasladó una última propuesta a Espino, que incluía no sólo el desarrollo de Costa Roja, sino también la regularización de los hoteles ilegales de otros promotores como Juan Francisco Rosa. Al respecto, lo que ha admitido ahora Lleó es que tenía "un acuerdo con los propietarios" de esos hoteles, que entregarían dinero a Lleó por piezas de suelo en Costa Roja. Después, "pondrían a disposición del Cabildo a título gratuito" ese parcelas, como supuesta compensación por la legalización de sus establecimientos. A cambio, le prometieron a Espino no sólo los 600.000 euros a repartir con Fernando Becerra, sino también "un porcentaje del precio de cada una de las ventas que Luis Lleó hiciera a los titulares de los hoteles ilegales de Yaiza".
