La causa penal por la licencia ilegal de Costa Roja ya tiene por fin fecha de juicio, y se celebrará 16 años después de que el ex alcalde de Yaiza, José Francisco Reyes, otorgara ese permiso para construir más de 1.000 viviendas, 228 locales comerciales y 2.559 plazas de garaje a la entrada de Playa Blanca. La vista comenzará el próximo 26 de septiembre, según el señalamiento acordado ya por el Juzgado de lo Penal Número 3 de Arrecife.
Junto a Reyes, en el banquillo se sentarán el que era secretario del Ayuntamiento, Vicente Bartolomé Fuentes, y el ex jefe de la Oficina Técnica, Antonio Lorenzo, acusados de delitos de prevaricación urbanística. Actualmente, ninguno de los tres ocupa ya esos cargos, de los que fueron apartados por otras condenas de corrupción.
En su escrito de acusación, la Fiscalía subraya las “dilaciones extraordinarias e indebidas” que se produjeron durante la instrucción de esta causa, y las aplica como atenuante para rebajar la pena. Así, solo pide una condena de tres años y tres meses de inhabilitación para cada uno -que actualmente no tendría efectos prácticos-, así como una multa de 3.960 euros.
Por su parte, la acusación particular eleva la petición a un año y tres meses de cárcel y siete años de inhabilitación, al considerar que no fue un único delito, sino un delito continuado. Y es que un año después de otorgar la licencia de obra, los acusados aprobaron también el proyecto de ejecución, pese a las reiteradas advertencias que habían recibido ya entonces del Cabildo sobre su ilegalidad.
El origen de Unión
Junto a Reyes, Bartolomé Fuentes y Lorenzo, en la causa también estuvo investigado el empresario que recibió esa licencia, Luis Lleó, aunque su imputación se terminó archivando, al no encontrar “indicios suficientes” del pago de un soborno. Sin embargo, Lleó sí fue condenado por cohecho en el caso Unión, que surgió por otro intento de soborno vinculado a esta misma parcela.
En ese momento, después de que Reyes otorgara este permiso de las mil viviendas, el Cabildo había conseguido medidas cautelares para frenar la construcción -más tarde los Tribunales declararon ilegal la licencia- y el entonces consejero Carlos Espino había acudido también a la vía penal.
Fue entonces cuando Espino recibió un intento de soborno de Lleó, que utilizó como intermediario a Fernando Becerra, para intentar desbloquear la construcción de la parcela, y también para que Carlos Espino retirara la denuncia penal. El consejero presentó entonces otra denuncia ante la UCO, que dio origen al caso Unión.
Sin embargo, mientras esa pieza de Unión ya fue juzgada y condenada hace más de dos años -con la confesión de Lleó-, este procedimiento previo había pasado años paralizado en el Juzgado de Instrucción Número 3 de Arrecife, durante la etapa del juez Rafael Lis. Al jubilarse este magistrado -que fue sancionado por intervenir en otro procedimiento pese a sus vínculos con Juan Francisco Rosa-, el juez que le reemplazó retomó ésta y otras causas que se habían dilatado durante años en su Juzgado.
Un expediente para un macroproyecto resuelto en tres meses
En su escrito de calificación, la acusación recuerda que fue el 31 de agosto de 2006 cuando Luis Lleó, en nombre de la entidad Residencial Costa Roja SL, presentó la solicitud de licencia. Solo 13 días después, el secretario, Vicente Bartolomé Fuentes, “con pleno conocimiento de la ilegalidad del proyecto de obra”, emitió un informe jurídico para “dar apariencia de legalidad al expediente”, “limitándose a enumerar genéricamente preceptos legales y requisitos que debieron cumplirse” y sin “hacer expresa referencia al proyecto que se informaba ni si tales requisitos legales concurrían en el mismo”.
A los dos meses emitió su informe el otro acusado, Antonio Lorenzo, como jefe de la Oficina Técnica. Y según la acusación, lo hizo con el mismo objetivo de dar “apariencia de legalidad”. En su informe, señala que se limitaba “a elucubrar sobre supuestos motivos por los que el proyecto podría tener encaje, obviando deliberadamente y de forma burda pronunciarse sobre la manifiesta ilegalidad del mismo”. Tanto Lorenzo como Bartolomé Fuentes han sido ya condenados en otras causas por un 'modus operandi' similar, que consistía en emitir informes vacíos de contenido, en los que después se basaba Reyes para otorgar las licencias.
Finalmente, a los 20 días de tener ese informe, el alcalde concedió el permiso, completando en tres meses y cinco días el expediente para autorizar la construcción de un proyecto que hubiera multiplicado la población de Playa Blanca, ya que implicaba más camas que habitantes tenía en ese momento Tinajo.
Además, tampoco pidieron informes obligados al Cabildo y al Gobierno de Canarias y ocultaron esa licencia, que finalmente fue desvelada por La Voz en febrero de 2007. A partir de entonces hubo numerosas advertencias por parte de la Corporación insular, pero los tres acusados siguieron adelante con el expediente de ejecución. Y en este caso, lo resolvieron todo el mismo día. El 8 de junio de 2007, Antonio Lorenzo emitió un informe técnico, Vicente Bartolomé un informe jurídico y Reyes otorgó ese permiso de ejecución.
