Además de condenar a nueve acusados que se sentaron en el banquillo, la sentencia del caso Yate anula "todas" las licencias investigadas en esta causa, incluyendo la del puerto deportivo Marina Rubicón, que a diferencia del resto no había sido anulada en la vía contencioso-administrativa. Además, el fallo de la Audiencia Provincial considera probado que los tres dueños de este puerto deportivo, Juan Francisco Rosa, Rafael Lasso y Francisco Armas, entregaron un soborno al ex alcalde en forma de regalo por la concesión de este permiso ilegal.
En los hechos probados de la sentencia, se recoge expresamente el relato realizado por la Fiscalía y confesado por Reyes, que admitió que recibió una "dávida" de los dueños del puerto valorada en 60.000 euros, al disfrutar de un atraque gratis durante cinco años en esas instalaciones.
"Dicha dádiva obedece al otorgamiento de varias licencias urbanísticas otorgadas con anterioridad a sabiendas de su frontal colisión con la normativa urbanística de aplicación por el acusado José Francisco Reyes a los administradores de la entidad Puerto Deportivo Rubicón SA, entre las que destaca la propia licencia concedida para la construcción de dicho puerto deportivo por decreto de fecha 20 de marzo de 2003, así como otras licencias anuladas por sentencia firme del Tribunal Superior de Justicia de Canarias por su frontal contravención a las normas urbanísticas de aplicación para la construcción de establecimientos hoteleros", considera probado la sentencia.
Un hotel autorizado en 3 días y un puerto en 6
Así, señala que esa "dádiva" no respondía solo a la licencia de Marina Rubicón, sino también a otras otorgadas por Reyes a los dueños del puerto. Dos de ellas, la del hotel Princesa Yaiza y la del hotel Son Bou, fueron concedidas a Juan Francisco Rosa, en uno de los casos "únicamente tres días después" de que la pidiera. La tercera, que permitió la construcción del Hotel Meliá Volcán, había sido solicitada por Francisco Armas. En cuanto a la del puerto deportivo, quien la solicitó fue Rafael Lasso. Y lo hizo cuando el Tribunal Superior de Justicia de Canarias ordenó paralizar las obras, que se habían iniciado sin permiso. Solo seis días después, tal como subraya la sentencia, Reyes le otorgó esa licencia ilegal.
En su fallo, tal como reveló la instrucción de esta causa, la Audiencia señala que el Plan General de Yaiza que estaba en vigor no contemplaba un puerto deportivo, que no se realizó la declaración de Sistema General Insular, ni por tanto se tramitó el estudio de impacto ambiental, y que "no había instrumento de ordenación del territorio" que le diera "cobertura", pese a lo cual se concedió ese permiso.
Solo por este delito de cohecho impropio, Reyes ha sido condenado a 6 meses de prisión y a una multa de 4.292 euros. A esto se suma la misma pena por otros dos cohechos impropios, y 4 años y medio de cárcel más por el resto de delitos, que incluyen prevaricación urbanística, malversación y blanqueo de capitales. En todos los casos, se ha rebajado significativamente la pena por las dilaciones indebidas en la instrucción, así como por las atenuantes de colaboración tardía con la Justicia y reparación del daño, al haber depositado antes del juicio unos 300.000 euros, para responder de sus multas y de las de su mujer y sus tres hijos.
En cuanto a los empresarios que entregaron esa dádiva, en su momento estuvieron imputados en la causa, pero finalmente se archivaron los cargos contra ellos. Y es que el Código Penal que estaba vigente en ese momento no permitió tipificar el delito, al tratarse de un cohecho impropio posterior a la concesión de la licencia, y no anterior. Para esos casos, se contemplaban penas para el que recibe el regalo, pero no para el que lo entrega.
Otras dos dádivas y 300.000 euros en metálico en sobornos
Además esta dádiva de los dueños de Marina Rubicón, Reyes ha sido condenado por otras dos. Una de ellas la recibió de la empresa Construcciones Isla de Lobos SL, que entre los años 1996 y 1998 fue adjudicataria de múltiples obras en el municipio de Yaiza. Mientras tanto, esta misma empresa realizó obras en la vivienda particular de José Francisco Reyes y de su esposa, por importe de más de 60.000 euros, que "nunca fueron abonados por los acusados ni reclamados por la mercantil".
La otra dádiva probada procede de José Rafael Mesa Ferrer, que se sentó en el banquillo, pero por un delito de blanqueo de capitales del que ha resultado absuelto. En este caso, a través de la empresa Gestión y Desarrollo Janubio SA, Mesa Ferrer cedió una casa a una de las hijas de Reyes, que estuvo viviendo allí al menos entre agosto de 2005 y septiembre de 2009 "sin pagar alquiler alguno". "Dicha dádiva obedece al otorgamiento de varias licencias en su condición de alcalde", señalaba la Fiscalía, que enumeraba los permisos otorgados por Reyes a esta empresa. Entre ellos se encuentra la licencia para la ejecución de 190 bungalows en Montaña Roja, así como la licencia para la construcción del hotel Dream Gran Castillo, también declarada ilegal por los tribunales.
Además, a estos sobornos en forma de 'regalos' se suman otros 300.000 euros que Reyes reconoció haber recibido en metálico, a cambio de otorgar decenas de licencias ilegales en Playa Blanca.
