Canal Isabel II, empresa matriz de Canal Gestión Lanzarote, ha solicitado al Juzgado que se ejecute la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, declarada firme en febrero de 2019 por el Supremo, que ordena revisar la adjudicación del agua a esta filial madrileña y por la que se podría anular el contrato. Así lo ha confirmado en la mañana de este viernes la Oficina de Comunicación del Juzgado.
Después de que la Agencia Efe adelantara en la mañana de este jueves que Canal Gestión Lanzarote pidió al Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 3 de Las Palmas de Gran Canaria que de cumplimiento a la sentencia firme que exigía determinar si se debe anular o no este contrato, Canal Gestión emitió un comunicado de prensa negando que hubiera pedido esa ejecución. Sin embargo, el Juzgado ha confirmado "hasta en dos ocasiones", que Canal Isabel II sí ha realizado esa petición.
El fallo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, fue luego declarado firme por el Tribunal Supremo en febrero de 2019, como adelantó La Voz en exclusiva, a pesar de que, por aquel entonces, San Ginés ocultó durante tres meses la resolución judicial.
Esta sentencia tachó de "polémica" la actuación del Consorcio del Agua y concluyó que se produjeron "sorprendentes alteraciones" entre el concurso inicial y el negociado por el que se adjudicó finalmente el contrato en 2013 a Canal Gestión, durante la presidencia de Pedro San Ginés (CC) al frente del Cabildo de Lanzarote. Estas "polémicas" alteraciones fueron "en beneficio" de Canal Gestión.
Asimismo, ya entonces, el Tribunal Superior de Justicia de Canarias alertó de que "muy difícilmente esta polémica actuación" por parte del Consorcio podrá "superar el obstáculo que supone el dictamen del Consejo Consultivo", que deberá emitir un informe durante el proceso de revisión del contrato.
Desde su entrada en la isla, Canal Gestión Lanzarote acumula unas pérdidas de explotación de 64 millones de euros. Además, según ha adelantado La Voz, la empresa filial de Canal Isabel II ha estado barajando traspasar a otra empresa el control del ciclo integral del agua en la isla.
En caso de que se anulara el contrato, la empresa madrileña, además de dejar de prestar servicio, podría solicitar ser indemnizada por el dinero que ha invertido en Lanzarote durante estos doce años.
La intervención de San Ginés
La sentencia deriva de un procedimiento iniciado por la empresa Club Lanzarote, que interpuso después de que el expresidente del Cabildo Pedro San Ginés (CC) ordenara la intervención de la planta desaladora que la empresa tiene en Montaña Roja (Playa Blanca).
La primera sentencia es de octubre de 2016 y fue desfavorable a la empresa, pero el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) la revocó en noviembre de 2017 y el Supremo rechazó los recursos de casación.
Posteriormente, Club Lanzarote y el Cabildo llegaron a un acuerdo sobre la desaladora y la empresa renunció a solicitar la ejecución de la sentencia sobre el contrato del ciclo del agua.
En mayo de 2018, el entonces presidente del Cabildo de Lanzarote, Pedro San Ginés, aseguró en pleno que la sentencia ya no tenía efecto porque Club Lanzarote había renunciado. En ese mismo año, el Consorcio del Agua insistía en que el procedimiento estaba agotado porque no había "quien instara a que se ejecute".
