El Juzgado que instruye la causa contra Pedro San Ginés (CC) e Ignacio Calatayud ha acordado citar como investigados a todos administradores del concurso de acreedores de Inalsa, por su “posible participación” en los hechos investigados. En el procedimiento ya estaba imputado uno de ellos, Pedro Martín Toledo, y tras su declaración se ha decidido citar al resto, para determinar si realmente avalaron que Calatayud se embolsara más de un millón de euros solo de costas procesales.
“A los efectos de salvaguardar debidamente su derecho de defensa y que puedan justificar su intervención en el procedimiento concursal desde su nombramiento hasta que se dispuso su cese, procede su citación como investigados”, señala la providencia del Juzgado.
La comparecencia de Pablo de la Vega Viñambres, Matías Hernández Gil y Juan Luis Ceballos Toledo se ha fijado para el próximo 16 de diciembre, ante el Juzgado de Instrucción Número 2 de Arrecife.
Sin documentos que avalen la versión de Pedro Martín
Tanto en informes escritos como en su declaración en los Juzgados, Pedro Martín ha defendido los pagos que recibió Ignacio Calatayud, que al mismo tiempo mantenía una relación “laboral” y de “amistad” con la mujer de este administrador concursal, tal como ha revelado la investigación.
En concreto, Martín aludió a un supuesto acuerdo que permitió a Calatayud multiplicar por diez sus honorarios. Y es que no solo recibió los 156.000 euros del presupuesto que presentó como abogado en el concurso de acreedores, sino que a eso sumó los incidentes del concurso, que cobró aparte, quedándose con el dinero de las costas procesales a favor de Inalsa.
Tanto San Ginés como Calatayud han sostenido que eso se hizo con el aval de los administradores concursales, y así lo sostiene también el propio Pedro Martín, pero los investigadores no han encontrado ningún documento que lo avale. Ahora, el Juzgado tomará declaración a los otros tres administradores, para aclarar si realmente permitieron lo que podría ser una apropiación indebida, según sostiene el sumario de la causa.
Cobo Plana, testigo clave
El anterior abogado de Inalsa en ese concurso de acreedores, el magistrado Juan José Cobo Plana, ya declaró como testigo y confirmó las tesis que sostienen el Juzgado y los investigadores del Equipo contra el Crimen Organizado de la UCO. Es decir, que las costas pertenecían a Inalsa y que debían destinarse al pago de los acreedores, no pudiendo quedárselas el abogado.
Además, a esto se suma que tampoco hubo una designación expresa de Calatayud para representar a Inalsa en esos incidentes concursales, que facturó por separado. Al respecto, Cobo Plana también subrayó que los incidentes forman parte del concurso, por lo que debían estar incluidos en el presupuesto inicial, como ocurría en su caso.
El magistrado, que aquella época estaba en excedencia, también desmintió lo que lleva años sosteniendo Pedro San Ginés, que afirma que Cobo Plana renunció voluntariamente y que por eso tuvo que designar a un nuevo letrado. Lejos de esa versión, Juan José Cobo Plana declaró que fue destituido al llegar San Ginés a la Presidencia. En su lugar designó a Ignacio Calatayud, que terminó cobrando 1,5 millones de euros, frente a los 196.000 euros que había presupuestado para todo el concurso Cobo Plana, que es además experto en la materia.
