La Justicia ordena al Consorcio del Agua que ejecute la sentencia que le condenó a devolver una finca en Órzola

La Audiencia Provincial de Las Palmas resolvió en sentencia firme en 2018 que la institución debía devolver los terrenos a la familia del exconsejero Benjamín Perdomo

13 de marzo de 2024 (12:53 CET)
Actualizado el 13 de marzo de 2024 (15:12 CET)
 Fachada juzgados de Arrecife, donde se celebrará el juicio por venta de droga. Foto: José Luis Carrasco.
Fachada juzgados de Arrecife, donde se celebrará el juicio por venta de droga. Foto: José Luis Carrasco.

El juzgado de Primera Instancia número 5 de Arrecife ha ordenado que se ejecute la sentencia de marzo de 2018, decretada firme en diciembre de 2020 por la Audiencia Provincial de Las Palmas, por la que se condenó al Consorcio del Agua a devolver a la familia del exconsejero socialista Benjamín Perdomo una finca de su propiedad en Órzola. 

El Tribunal, bajo la titularidad de Antía Otín Couso, ha dado un plazo de un mes al Consorcio del Agua para que cumpla con la resolución judicial. De no cumplirse, ha advertido de que impondrá multas coercitivas. 

Además, ha dado ese mismo plazo para que el Consorcio exponga ante el juzgado los motivos por los que se niega a ejecutar la condena. La resolución, con fecha del pasado 7 de marzo, es firme y ante ella no cabe recurso alguno. Sin embargo, el Consorcio puede oponerse a la ejecución en un plazo de diez días desde la recepción de la notificación.

El Tribunal ha establecido el próximo 12 de abril, a las 10.30 horas, como el día en el que el Consorcio deberá entregar a la familia de Benjamín Perdomo la finca, de 174.884 metros y de las construcciones edificadas en ella. 

El pleito se remonta al año 2015, tras una demanda interpuesta por la familia de Perdomo donde solicitaban la desocupación de la finca. La sentencia resolvió en 2018 que la institución actuó "con mala fe" ya que siguió haciendo uso de la finca y realizando obras y ampliaciones a pesar de las advertencias de sus propietarios. 

La familia incluso se enfrentó a un expediente urbanístico, porque el Consorcio realizó obras sin licencia en este suelo de su propiedad. El fallo judicial recogió entonces que "el Consorcio ha querido disponer del servicio ubicándolo en una finca ajena sin pagar por ello, pese a los continuos requerimientos de la familia afectada".

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