Ocho personas serán juzgadas la próxima semana por un delito de estafa en la venta de una supuesta parcela en la Rambla Medular de Arrecife hace 16 años. La víctima, una entidad mercantil, pagó 119.400 euros, para descubrir después que el terreno que creía haber adquirido no pertenecía realmente a los vendedores.
Entre los acusados se encuentran una mujer, A.S.S., y sus cinco hijos, J.H.S., M.E.H.S., I.H.S., B.H.S., A.H.S., que aseguraban ser los propietarios de la parcela, de 163 metros cuadrados, porque la habían heredado del padre. Junto a ellos, en el banquillo se sentarán dos personas que intermediaron en esa venta en nombre de la parte compradora: R.D.D. y una abogada, a los que la empresa perjudicada encargó que buscaran terrenos en la capital para adquirirlos y edificar en ellos.
La Fiscalía sostiene que ambos, “obrando con ánimo de enriquecimiento ilícito”, se pusieron de acuerdo con los otros cinco acusados para ofrecer a la empresa ese terreno, ubicado entre las calles Santander y Doctor Juan Negrín, “haciéndole creer que el mismo era propiedad de estos últimos, pese a ser plenamente conscientes que esto no se correspondía con la realidad”.
En su escrito de acusación, el Ministerio Fiscal pide 3 años y medio de cárcel para cada uno por un delito de estafa. Además, para la abogada reclama también una multa 4.320 euros y tres años de inhabilitación como letrada, por un segundo delito de deslealtad profesional.
En cuanto a la responsabilidad civil, solicita que todos los acusados indemnicen “conjunta y solidariamente” a la entidad compradora con 119.400 euros, como devolución del dinero que abonó por el terreno. Respecto a la abogada, pide que indemnice al que era su cliente con otros 56.000 euros, que fue el dinero que le cobró por sus gestiones en esta operación.
Lo que compró fue una finca expropiada en 1990
Los hechos ocurrieron en octubre de 2006, cuando se firmó una escritura ante notario. Junto con la venta, se firmó también la “aceptación de la herencia”, ya que la parte vendedora afirmaba que el titular había fallecido cinco años antes sin haber dejado testamento. Previamente tramitaron un acta notarial del declaración de herederos, a favor de sus cinco hijos y de su viuda.
“Los referidos A.S.S., J.H.S., M.E.H.S., I.H.S., B.H.S. y A.H.S. aceptaban la herencia del causante y vendían a la entidad mercantil compradora la referida finca por un precio de 119.400 euros”, explica el escrito de acusación, que subraya que en ese acto, la empresa pagó el dinero del terreno y entregó a la abogada 50.000 euros “en concepto de pago por la intermediación y el asesoramiento recibidos por parte de ésta y de R.D.D”.
Sin embargo, la Fiscalía sostiene que el terreno que le vendieron “no se correspondía” con el que le habían “exhibido previamente”. Así, lo que “adquirió” fue una finca que había sido expropiada en el año 1990 y ocupada en su práctica totalidad por la Rambla Medular de Arrecife.
El verdadero dueño del terreno le llevó a los tribunales
Respecto a la parcela que el comprador creía haber adquirido, tenía otro dueño desde 1964. Éste acudió a los tribunales cuando la víctima de la presunta estafa intentó ejercer sus derechos sobre ese suelo. “Durante toda la tramitación de este procedimiento, la abogada hizo creer al administrador de la entidad compradora que la finca que le había sido exhibida se correspondía con el número registral que aparecía en la escritura de compraventa, pese a ser plenamente consciente de que no era así”, insiste el escrito de acusación.
Al no ser aún consciente del engaño, la víctima encargó a la misma letrada su defensa en ese procedimiento, por lo que le abonó otros 6.000 euros, por una sentencia favorable en primera instancia. Después, la Audiencia Provincial estimó la demanda y ordenó al que se creía dueño de ese terreno que “se abstuviera en lo sucesivo de inquietar o perturbar al actor en la posesión de la finca, así como reponerle la posesión de la misma”. Además, también le condenó a pagar las costas generadas con el procedimiento, “aumentando el perjuicio”.
En ese momento trató de seguir pleiteando, contando para ello con la misma abogada. Ésta, según la Fiscalía, “le ocultó que tenía en su poder varios documentos y, en particular, dos hijuelas, un plano de segregación y una instancia dirigida al Ayuntamiento de Arrecife -en la que la familia originariamente propietaria de la finca ofrecía la misma-, que acreditaban que la finca que le había sido vendida, en realidad, había sido expropiada por el Ayuntamiento de Arrecife en el año 1990, perjudicando así de manera consciente los intereses que le habían sido encomendados”.
El juicio se celebrará en Arrecife ante la Sección Primera de la Audiencia Provincial y está previsto que se desarrolle en dos jornadas, entre el 4 y el 5 de octubre.
