La Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Las Palmas juzgará el próximo lunes 13 de noviembre a dos gestores de una agencia inmobiliaria acusados de los delitos de estafa y apropiación indebida en la compraventa de una vivienda en Playa Blanca.
En el momento de los hechos, M.B. y N.B. se dedicaban profesionalmente a la intermediación inmobiliaria. El primero de ellos actuaba como administrador único de la agencia inmobiliaria I.E.N.S.L., mientras que la segunda era socia y partícipe en un 20% de la misma entidad. Además ejercía como secretaria.
De acuerdo con el escrito de acusación de la Fiscalía, los acusados vendieron una vivienda en Playa Blanca el pasado seis de diciembre de 2007, que era propiedad de terceras personas, a dos compradores. Por esta transacción el precio fijado fue de 280.000 euros. Mientras que se decidió pactar de la siguiente manera: 1.000 euros ingresados a la firma del contrato privado de compraventa que presuntamente fueron ingresados en la cuenta de la agencia inmobiliaria I.E.N.S.L.
Asimismo, el 20% del precio de la venta, un total de 65.000 euros, que debían ser entregados en los 14 días siguientes a la firma del citado contrato. En este caso, según el Ministerio Público, los compradores transfirieron en dos pasos 50.000 euros y 6.000 euros el seis de diciembre de 2007. El resto del dinero se debía abonar en la escritura notarial, entre el 14 y el 29 de febrero de 2008.
De acuerdo con la Fiscalía, los compradores presuntamente encargaron a la citada agencia inmobiliaria la gestión de la escritura de compraventa del negocio. Por ello, ingresaron un total de 15.700 euros a la empresa.
Ambas partes acordaron que la escritura pública de compraventa se realizaría el 29 de febrero de 2008. Sin embargo, los acusados presuntamente usaron el dinero recibido para pagar otras cosas, de modo que el contrato de venta no pudo formalizarse. Así pues, los compradores tuvieron que formalizar un nuevo contrato ya en mayo de 2008, ya sin utilizar a esta agencia de los intermediarios.
El Ministerio Público defiende que no está acreditado que los acusados entregaran ninguna cantidad de dinero a los dueños de la vivienda ni hubieran devuelto a los compradores lo entregado.
La Fiscalía atribuye a ambas personas un delito de apropiación indebida por el que pide tres años y seis meses de prisión para cada uno de los acusados, con inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena y una multa de nueve meses, con una cuota diaria de diez euros. Mientras que por el delito de estafa solicita penas de tres años y seis de prisión para cada uno y una multa de nueve meses con una cantidad de diez euros al día.
En este sentido, también pide que se indemnicen a los comprados con 72.720 euros, la cantidad que presuntamente fue entregada a los acusados como parte del pago de la vivienda y para la gestión de la escritura pública.
