Cuatro años después de que la Audiencia Provincial de Las Palmas anulara la primera sentencia y ordenara repetir la vista, el juicio de La Bufona por fin vuelve a tener fecha. Las sesiones comenzarán el 14 de noviembre y esta vez, también estarán personados como responsables civiles subsidiarios los compradores de las 14 casas, que fueron ampliadas ilegalmente invadiendo suelo rústico de protección.
Entre ellos se encuentra la alcaldesa de Arrecife, Ástrid Pérez, y el que fue fiscal coordinador en Lanzarote, Miguel Pallarés, que desde hace más de una década no ejerce en la isla.
El hecho de no haberlos incluido en su día el procedimiento fue lo que llevó a la Audiencia a anular el primer fallo, que condenó a los promotores de las casas, Federico Echevarría y Antonio Caro, por delitos continuados contra la ordenación del territorio, después de una instrucción que se dilató durante más de 16 años.
Precisamente esas “dilaciones indebidas extraordinarias” e “injustificadas” llevaron a rebajar la condena a los dos acusados, a “seis meses de prisión menos un día”. Además, el fallo ordenaba el derribo parcial de las 14 viviendas, pero fue al ejecutar esa parte cuando comenzaron de nuevo los problemas.
En ese momento, varios propietarios presentaron un incidente de nulidad alegando que habían resultado "perjudicados" por el fallo y que no se les había dado oportunidad de personarse en la causa.
"Sospecha" y "extrañeza" de la Audiencia con los propietarios
Al responder a esta petición de nulidad, el Ministerio Fiscal se opuso a que fuera admitida, alegando que todos ellos habían sido citados como testigos en el juicio y que "pudieron expresar su parecer". Sin embargo, la Audiencia concluyó que el hecho de que declararan como testigos no es "suficiente" para considerar que fueron debidamente notificados del procedimiento y de las consecuencias que podía suponer para ellos.
“Aunque el Tribunal pueda considerar cuanto menos extraño que no supieran las consecuencias que, para sus casas, podría tener la condena que pudiera llegar a dictarse, es evidente que esa extrañeza, esa sospecha, no la podemos elevar al nivel de certeza que se hace preciso en este caso", concluía la resolución.
Así, anuló lo actuado en la causa desde diciembre de 2011, cuando el Ministerio Fiscal elevó su escrito de acusación, y ordenó que se retrotrajeran las actuaciones a ese momento, para que se emplazara a los propietarios de los inmuebles en calidad de responsables civiles y se volviera a celebrar el juicio. Desde entonces, ya han transcurrido casi cuatro años, con constantes quejas por parte del denunciante, Gonzalo Murillo, que considera que ni la Fiscalía ni los respectivos magistrados han actuado con diligencia en esta causa, que afecta entre otros a un fiscal.
Obras ilegales tras la entrega de las casas
En total, hay una veintena de personas citadas como responsables civiles subsidiarias, en calidad de propietarios de las 14 casas. Durante el primer juicio, los dos condenados alegaron que las obras que se realizaron sobre suelo rústico -que ni siquiera consta registrado a su nombre- fueron ejecutadas por parte de los compradores tras la venta, ampliando lo entregado originalmente, con la instalación de elementos como piscinas y pérgolas.
Por su parte, varios compradores admitieron haber realizado obras sin licencia, aunque defendieron que las llevaron a cabo dentro de la finca que les entregaron, que aseguran que ya estaba delimitada por un muro.
Al presentar el incidente de nulidad durante la ejecución de esa sentencia, los compradores pedían que se anulara la parte de la sentencia que ordenaba el derribo, aunque la Audiencia rechazó esa posibilidad, y lo que ordenó fue repetir el juicio. Finalmente, éste llegará más de cuatro años después de dictarse ese auto, y más de 20 después de que comenzara la instrucción de esta causa.
