La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Las Palmas celebrará la próxima semana en Arrecife la continuación del juicio oral contra el dueño de una constructora y dos empresas inmobiliarias de Lanzarote acusado de un delito continuado societario y otro continuado de falsedad en documento mercantil, así como contra otros cuatro acusados como presuntos cooperadores necesarios.
De acuerdo con el escrito de acusación de la Fiscalía, el acusado K.L.T. fue condenado ya en 2018 por un delito contra la Hacienda Pública, como administrador de la empresa Inversiones Laaroussi Ramos SL, con domicilio fiscal en Costa Teguise.
El Ministerio Fiscal defiende que el acusado, "con claro ánimo de favorecer a su persona y a terceros y a sabiendas del perjuicio económico" que generaba a la sociedad y a su socio, vendió con pacto de retro (el comprador debe devolver al vendedor por su precio de compraventa) varias fincas de titularidad social y dos terrenos en Tías.
Entre los compradores estaba un primo político del acusado, J.C.B., administrador de otra entidad, y también acusado en la causa, que se hizo con el 50% de esas propiedades y M.C.M.D. y A.H.F.M, que adquirieron cada uno el 25% restante.
El Ministerio Público señala que K.L.T. vendió las citadas propiedades en junio de 2015 por tres millones de euros, aunque realmente valían más de 17,3 millones de euros en total. Según el citado escrito, K.L.T. empleó alrededor de 2,6 millones de euros del dinero obtenido en la venta para pagar la condena contra la Hacienda Pública y sin devolver los beneficios a la sociedad propietaria de los terrenos.
La Fiscalía añade que los acusados que se hicieron con las fincas, presuntamente vendieron el mismo día de la compra los terrenos a otra entidad, que había sido creada días antes por un cuarto acusado D.A.C.Q.
K.L.T. supuestamente para evitar que el resto de socios de la entidad Inversiones Laroussi Ramos SL, a la que pertenecían los terrenos, descubrieran el presunto delito aprobó las cuentas generales de la empresa entre los años 2010 y 2013 sin convocar al socio principal ni a los socios minoritarios.
El Ministerio Fiscal pide para el acusado K.L.T, socio de Inversiones Laroussi Ramos SL, la pena de prisión de cuatro años e inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo por un presunto delito continuado societario y solicita otros 2 años y medio por un delito continuado de falsedad en documento mercantil, multa de once meses a razón de una cuota de 100 euros. En el caso de no cumplir con la multa deberá pagar la responsabilidad subsidiaria. Además, la Fiscalía le atribuye el abono de las costas.
Mientras que para uno de los supuestos colaboradores, J.C.B.D. solicita dos años y medio de prisión por un delito continuado societario. Para los "cooperadores necesarios" M.C.M.D. y A.H.F.M. reduce a los dos años de prisión e inhabilitación para el derecho al sufragio pasivo durante el tiempo de las condenas por un delito continuado societario. Por último lugar, para D.A.C.Q. solicita 18 meses de prisión con la correspondiente inhabilitación bajo el mismo delito.
Para concluir, el Ministerio Fiscal pide la nulidad de las tres escrituras públicas que se realizaron durante el proceso.
