El Juzgado de Instrucción Número 2 de Arrecife ha ordenado la apertura de juicio oral contra Pedro San Ginés, que volverá así a sentarse en el banquillo de los acusados, esta vez por presuntos delitos de falso testimonio y acusación y denuncia falsa en la causa de los Centros Turísticos.
En su auto, el magistrado también le exige que entregue ya una fianza de 248.751 euros, para asegurar el pago de las cantidades económicas a las que podría ser condenado.
En caso de que no la deposite en un plazo de 24 horas, tal como establece la ley, advierte que “se procederá al embargo de sus bienes en cantidad bastante para cubrir dicha suma o, en su caso, se acreditará la insolvencia”.
Cabe recordar que actualmente San Ginés no puede disponer de sus bienes, por la otra causa penal en la que está inmerso. En ella se investigan, entre otros, delitos de malversación y cohecho, relacionados con los pagos que autorizó bajo su mandato al abogado Ignacio Calatayud.
Prisión, multas y responsabilidad civil por los daños
El magistrado ha ordenado llevar ya la causa a juicio tras recibir los escritos de acusación, tanto de la Fiscalía como de la acusación particular, ejercida por la hija del fallecido Antonio González, que fue uno de los perjudicados por la “denuncia falsa” del expresidente del Cabildo.
En el caso del Ministerio Público, reclama para San Ginés una pena de un año y medio de cárcel por un delito de falso testimonio en causa judicial, mientras que la acusación particular eleva la petición a tres años de prisión, al sumar otro delito de acusación y denuncia falsa.
Ambos escritos solicitan también que se le imponga una multa, que la Fiscalía cifra en 4.050 euros y la acusación particular en 5.475. Además, la querellante reclama una indemnización de 182.347 euros, que es la cantidad que se pretende asegurar con la fianza, con el porcentaje de incremento que establece la ley.
En esa suma, el abogado de la acusación particular incluye tanto el daño moral, cifrándolo en 50.000 euros, como el daño directo causado a la empresa, que terminó cerrando.
“Lo señaló como un delincuente al que era obligado vetar y aislar”
“Las denuncias formuladas por Don Pedro Manuel contra el padre de mi representada, al perseguir un objeto político, tuvieron la máxima difusión pública, como bien es conocido por toda la sociedad de Lanzarote, pues el autor de la denuncia, desde el primer escrito, señala al padre de mi representada como delincuente cierto, al que era obligado vetar, aislar e investigar”, señala en su escrito.
“Como consecuencia, la empresa Climafrical, cuya acción mercantil era de vinculación total con don Antonio González y cuyos servicios estaban históricamente circunscritos a Lanzarote, pierde en pocos meses todos sus clientes y se ve abocada a la presentación del correspondiente concurso de acreedores”, añade.
Además, aporta la documentación de ese procedimiento concursal, en cuya memoria se advertía que “la presentación de una querella por cohecho contra el administrador por unos trabajos realizados por la empresa en 2007, anula cualquier posibilidad de incrementar las ventas y servicios ofrecidos por la empresa, siempre apoyados en el prestigio y buena práctica de su administrador”.
“En definitiva, la acción delictiva del acusado llevó directamente a la paralización y cierre de la empresa con las consiguientes pérdidas patrimoniales y el declive personal de Don Antonio González Medina, que perduró hasta su fallecimiento”, agrega el escrito de la acusación particular.
Para cuantificar el daño económico, también señala que el empresario y su mujer tuvieron que actuar como fiadores de préstamos contraídos por Climafrical, hipotecando tres fincas de las que eran propietarios, valoradas en 349.506 euros.
“Su relación de pérdida de las mismas con la situación económica de Climafrical es más que evidente, puesto que el cierre de la empresa por quiebra ha conducido directamente a la pérdida de este patrimonio personal de la familia”, explica el abogado, señalando que el pasado mes de julio, los Juzgados ordenaron el embargo de esas fincas y su salida a subasta, por importe de 92.604,53 euros
Por eso, reclama que San Ginés indemnice a la familia con esa suma por la que se subastarán las fincas, y con otros 39.742,77 euros en concepto lucro cesante, por el beneficio neto que dejó de recibir la empresa tras la denuncia contra su dueño.
Contra este auto que ordena la apertura de juicio oral, fechado el pasado miércoles 7 de septiembre, ya no cabe recurso, “excepto en lo relativo a la situación personal del acusado”.
