El Juzgado de Instrucción número 4 de Arrecife, del que es titular Ricardo Fiestras, ha rechazado la petición de la Ejecutiva Federal del PSOE para personarse como acusación popular en la causa contra el senador de Coalición Canaria, Pedro San Ginés, por los contratos adjudicados a su amigo, el abogado Ignacio Calatayud, mientras era presidente del Cabildo de Lanzarote para que representara a Inalsa durante su fase concursal.
El Tribunal Supremo, al que le correspondía juzgar la implicación de San Ginés en la causa por su estatus como aforado, ordenó "devolver por falta de indicios" esta causa judicial al Juzgado de Instrucción de Ricardo Fiestras. Luego, la Sala archivó el proceso judicial para el resto de implicados y aseguró que "no aparecía debidamente justificada la perpetración del delito".
Tras el sobreseimiento provisional, en el auto de la desestimación, la Sala ha expuesto que "han de ser evitadas las personaciones que pudieran fundarse en motivos espurios, fraudulentos, meramente dilatorios y también las que pudieran provocar indefensión y atentar contra la seguridad jurídica de las partes".
Así pues, el Juzgado ha señalado que "jurídicamente no tiene cabida admitir en este momento procesal" la personación del PSOE porque "de otro modo resultarían gravemente afectados y perjudicados los derechos jurídicos de los investigados".
Pedro San Ginés ha señalado que este asunto judicial se originó con una denuncia presentada por Inalsa, empresa pública dependiente del Cabildo de Lanzarote, cuando estaba bajo la presidencia de la socialista Dolores Corujo, actual diputada en el Congreso y secretaria general del PSOE en la isla de Lanzarote.
En la línea de sus últimas intervenciones públicas, San Ginés ha acusado a la dirigente socialista de "ocultar informes oficiales que lo exoneraban" y de presuntamente haber "utilizado documentos externos para sustentar las acusaciones con el objetivo de incriminarlo con esta falsa denuncia".
En este contexto, el expresidente del Cabildo de Lanzarote ha lamentado “el intento del PSOE de personarse ahora en esta causa”, autorizado mediante un poder firmado por la directora gerente federal del PSOE estatal, Ana María Fuentes Pacheco, y con el aval de Ángel Víctor Torres, ministro de Política Territorial y secretario general del PSOE en Canarias, para frenar el archivo definitivo del caso.
“Ahora el auto desestima y afea la extemporánea pretensión del PSOE cuando textualmente añade que ‘no tiene cabida admitir en este momento procesal la personación pretendida por el PSOE, toda vez que de otro modo resultarían gravemente afectados y perjudicados derechos jurídicos fundamentales de investigados’ y que ‘ha de tenerse en cuenta que durante toda la instrucción, de gran repercusión pública y notoria, en ningún momento se ha constatado por el PSOE interés de personación en la misma, hasta este momento procesal’”, ha continuado.
Para concluir Pedro San Ginés ha defendido que esta resolución judicial “retrata el uso indecente de las instituciones por parte del PSOE para atacar a sus adversarios” y, además, ha instado a Corujo “a superar sus obsesiones y centrarse como diputada estatal en resolver los problemas reales de Canarias y de Lanzarote de los que se desentendió cuando era presidenta, como la gestión de los menores migrantes, la dependencia, las infraestructuras hidráulicas o la vivienda”.
Mientras tanto, ha lamentado que el PSOE, "una vez conocida la desestimación de su solicitud, haya solicitado una aclaración del auto, presumiblemente como paso previo a un posible recurso para intentar mantener viva la causa judicial al senador".
