El empresario Juan Francisco Rosa y el ex alcalde de Yaiza, José Francisco Reyes, han sido citados a declarar el próximo 7 de enero, dentro de la causa abierta por la ocupación de zonas verdes públicas en Playa Blanca con instalaciones privadas como el Kikoland. Ambos están imputados en la causa desde hace más de un año, pero aún no han prestado declaración.
Inicialmente, su comparecencia se fijó para el pasado mes de febrero, pero esas declaraciones se terminaron suspendiendo y se estableció una nueva fecha para octubre, que de nuevo volvió a ser cancelada. Ahora, el Juzgado de Instrucción Número 4 de Arrecife ha ordenado que se les tome declaración “a la mayor brevedad posible” y ya ha señalado fecha para el 7 de enero. Ese día también ha sido citado otro investigado en la causa, el empresario Juan Luis Lorenzo.
Además de estas declaraciones, también siguen pendientes las de todos los concejales de Coalición Canaria que formaban parte del grupo de gobierno de Reyes en el año 2004, cuando se aprobó el convenio por el que el Ayuntamiento cedió gratis 30.000 metros cuadrados de suelo público sin establecer ningún tipo de canon. Su imputación fue solicitada hace meses por la Fiscalía, ya que como concejales dieron su voto favorable en el Pleno, pese a que el convenio no estaba avalado por ningún informe. El juez estimó esta petición el pasado mes de agosto, acordando la imputación de todos los ediles, aunque de momento no han prestado declaración.
Quienes sí comparecieron en los Juzgados en calidad de testigos fueron dos ex concejales que entonces eran portavoces de la oposición: Marcial Valiente por el PSOE y José Carlos Rojas por el PP. En su declaración, ambos confirmaron que durante aquel Pleno advirtieron que el convenio era perjudicial para el Ayuntamiento y que se estaba aprobando sin ningún tipo de informe que lo avalara.
Junto a ellos también había sido citada la que en esa época era portavoz del PIL en la oposición, Gladys Acuña, pero su declaración también fue suspendida. Ahora, “visto el estado del procedimiento”, el juez ha acordado que comparezca como testigo el próximo 8 de enero.
Una querella que tiene ya más de tres años
La causa se inició hace ya más de tres años a raíz de una querella presentada por los entonces consejeros de Podemos en el Cabildo, Carlos Meca, Pablo Ramírez y Griselda Martínez. Además de Rosa, Reyes y Juan Luis Lorenzo, la querella inicial también estaba dirigida contra el ex secretario de Yaiza, Vicente Bartolomé Fuentes, y las empresas Getsu No Denwa S.L. (promotora inicial del Plan Parcial donde se ubica el Kikoland y absorbida después por otra de las empresas de Rosa) y Salmepa y Hotel Princesa Yaiza SA, propiedad de Juan Francisco Rosa.
Poco después de presentarse, la querella fue admitida a trámite, aunque en los dos primeros años prácticamente no se practicaron diligencias. Fue desde finales de 2019 cuando empezó a avanzar la instrucción y a acordarse imputaciones, aunque el procedimiento ha seguido sufriendo parones -en parte del la mano del Covid y de cambios de magistrados- y vuelve a reactivarse ahora con estas citaciones.
Además, el juez también ha ordenado otras diligencias. Por un lado, después de que la Audiencia de Cuentas de Canarias haya rechazado elaborar un informe pericial que había solicitado el Juzgado, el magistrado ha acordado dirigir la misma petición a la Intervención General de la Administración del Estado.
En concreto, quiere que este órgano informe “acerca del perjuicio económico causado al Ayuntamiento de Yaiza” por los convenios firmados primero con Getsu No Denwa en 2004 y después con Salmepa, en junio de 2006, “teniendo en cuenta la pérdida de la oportunidad de obtener el pago de un canon por parte de la entidad concesionaria en el caso de que la explotación de las instalaciones deportivas municipales hubiera sido asignada mediante la correspondiente licitación”.
En la misma providencia, el juez también ordena reiterar un requerimiento que ya había hecho al Ayuntamiento de Yaiza, para que informe sobre si ha iniciado algún procedimiento de revisión de oficio del segundo convenio, firmado directamente con Salmepa en 2006. Sobre esto ya se había enviado un requerimiento, solicitando al Consistorio que aportara todos los datos del expediente en caso de existir, pero el Juzgado no ha obtenido respuesta, por lo que ahora lo reclamará de nuevo.
Respecto al primer convenio, sí ha sido ya anulado por el Ayuntamiento de Yaiza, aunque el municipio sigue sin recuperar este suelo público. Tras un largo proceso de varios años y tras recabar un informe del Consejo Consultivo, el Consistorio aprobó en Pleno declarar su nulidad en el año 2016, pero Rosa recurrió en los Tribunales, que terminaron dando la razón al Ayuntamiento. Después, cuando con esa sentencia firme el Consistorio ordenó el desalojo del Kikoland, el empresario volvió a recurrir esa orden y el tema ha vuelto a los tribunales, habiendo conseguido Rosa incluso medidas cautelares.
No obstante, la ilegalidad de ese convenio ya ha sido confirmada por los juzgados en la vía contencioso administrativa, con dos sentencias que rechazaron los recursos de Rosa y avalaron la decisión adoptada por el Ayuntamiento hace cuatro años, cuando declaró nulo ese convenio. "No es solo la ausencia de informes jurídicos, técnicos o de fiscalización, sino del más mínimo trámite para la consecución del acuerdo", señalaba la sentencia dictada por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo Número 3 de Las Palmas en abril de 2018, que fue ratificada por el TSJC en enero de 2019, y que calificaba este caso de "particularmente grave y evidente".
