"Un mínimo de 40.000 euros" de la tarjeta del centro en múltiples disposiciones de 700 a 1.000 euros, fue lo que retiró uno de los directores de los hogares para menores llegados en patera a Canarias denunciados por malversación de fondos públicos por la Fiscalía Anticorrupción. Y usando como cajero automático a uno de sus proveedores, una frutería de Lanzarote.
En la querella que ha presentado contra cuatro directivos de la Fundación Respuesta Social Siglo XXI, Anticorrupción subraya que "la operativa de los centros de Gran Canaria y Lanzarote cuestionados era tan "irregular" y "opaca", que el banco donde recibían los fondos públicos que financiaban su actividad les cerró las cuentas en aplicación de los protocolos de prevención del blanqueo de capitales".
"Los querellados las abrieron en otras entidades y se manejaron con unos procedimientos en los que las disposiciones en efectivo y los traspasos de fondos de origen público a sus cuentas personales se convirtieron en práctica común en su día a día", explica el fiscal.
En el caso del centro para menores de La Santa, en Lanzarote, Anticorrupción aprecia "indicios de alto potencial y significado incriminatorio" en su director, como el hecho de que el 60 % de los fondos que este hogar de acogida recibió de las administraciones públicas "fueron extraídos directamente en efectivo": 506.940 euros.
El fiscal Anticorrupción de Las Palmas, Javier Ródenas, ha pedido al juez que ordene una auditoria "exhaustiva" de los centros en cuestión para saber en detalle cómo gastaron el dinero público, ya que sospecha que lo malversaron, al menos una parte.
4.874 euros a su cuenta personal en siete traspasos
En su examen de las cuentas proporcionadas por la Fundación Respuesta Social Siglo XXI, el fiscal ha encontrado, por ejemplo, que el director de La Santa transfirió 4.874 euros a su cuenta personal en siete traspasos, sin que haya aportado ningún pago relacionado con el cuidado de los menores a su cargo que, a su juicio, lo justifique.
Anticorrupción detalla que una pequeña frutería de Arrecife, regentada por un familiar de un directivo de otro centro de la misma entidad, se convirtió en uno de los principales proveedores de la Fundación Respuesta Social Siglo XXI en Lanzarote, hasta suponer el 35 % de sus gastos en concepto de "higiene, limpieza y alimentación" (la tienda fue traspasada y ahora pertenece a otros dueños).
Además de su gasto en fruta, al fiscal le llama la atención cómo el director de La Santa transformó esa pequeña tienda en su cajero automático, a través de la operativa que los bancos denominan "cashback" ("dinero de vuelta", en español)
En un operación de "cashback", el cliente pide a la tienda a la que hace una compra que le añada a su importe otra cantidad que pide recibir en efectivo de la propia caja del negocio con concepto de "vuelta"; cargando después a la tarjeta todo, compra y efectivo.
La práctica, si el negocio la acepta, es legal y varios bancos la describen en sus páginas web entre las formas de usar una tarjeta de crédito, pero en este caso se empleaba con una tarjeta de un centro que se nutría de fondos públicos para el cuidado de menores.
También la Fiscalía subraya en su querella que la "opacidad" de esas retiradas de fondos en la frutería "está específicamente destinada a impedir verificar el control del destino último dado al dinero en efectivo".
En el caso del director de La Santa, añade que "no consta nada respecto del efectivo obtenido mediante 'cashback' a la hora de realizar los pagos". "Cada una de estas operaciones en las que se obtiene un efectivo de entre 700 y 1.000 euros coincide con que ese mismo día, o un día antes o un día después, se realiza una extracción de efectivo en cajero, que también suele oscilar sobre los 1.000 euros. Todo ello con destino final desconocido", apunta Anticorrupción.
Delitos de malversación, administración desleal y falsedad
En su querella, la Fiscalía no solo defiende que las operaciones que achaca a los cuatro directores denunciados pueden constituir delitos de malversación, administración desleal y falsedad, sino que tuvieron "consecuencias" para los menores de los que debían cuidar.
"El desvio de dinero público originó una merma en la calidad de la atención integral de los menores, en las instalaciones de los centros y en sus estancias"
"El reflejo de la irregular, defectuosa, opaca, y desviada gestión económica de los centros de menores gestionados por la Fundación Respuesta Social Siglo XXI, con el indiciario desvío" de dinero público destinado a la acogida de menores en desamparo, advierte, "originó una merma en la calidad de la atención integral de los menores, en las instalaciones de los centros y en sus estancias", concluye la fiscalía.
