El expresidente del Cabildo, Pedro San Ginés, consiguió este lunes volver a retrasar el inicio de su primer juicio penal, pero la duda un día después sigue siendo si la vista podrá finalmente arrancar la próxima semana. De momento, la jueza del Juzgado de lo Penal Número 3 de Arrecife mantiene los señalamientos que estaban previstos para las siguientes jornadas -el 24 y 25 de mayo y el 1 de junio-, pero todo apunta a que la incógnita no se desvelará hasta este viernes.
Según han confirmado a La Voz desde el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, ese día termina el plazo que ha dado la Audiencia Provincial a la acusación y a las defensas para que se pronuncien sobre el último incidente de nulidad presentado por la defensa de San Ginés, para intentar evitar el juicio por la incautación de la desaladora de Montaña Roja.
Hasta que no tenga esos escritos, la Audiencia no puede dictar su resolución. Por eso, si alguna de las partes decide agotar los plazos, será difícil que ese pronunciamiento llegue a tiempo para el próximo lunes, lo que impediría “salvar” las fechas que ya estaban señaladas.
En caso de tener que cancelarlas, el juicio podría tardar de nuevo meses, hasta que se busquen nuevas fechas disponibles, ya que además son cuatro los días previstos para celebrar la vista.
Pide una nulidad con argumentos que ya fueron rechazados
En cuanto a los argumentos que plantea San Ginés en ese incidente de nulidad, en realidad son los mismos que ya han sido rechazados de forma reiterada tanto por el Juzgado de Instrucción como por distintas secciones de la Audiencia Provincial, que ratificaron que la vista debía celebrarse.
De hecho, el juicio comenzó hace un año, aunque el segundo día la defensa de San Ginés consiguió que se suspendiera, alegando entonces -con la vista ya empezada- que la jueza no era competente para juzgar la causa.
Eso obligó a un nuevo pronunciamiento de la Audiencia Provincial, que tumbó los argumentos de San Ginés y ordenó que el juicio continuara en el mismo juzgado. Después, su defensa optó por recusar a la jueza, lo que volvió a dilatar el procedimiento, y le costó a Pedro San Ginés una condena a una multa de 1.000 euros por “mala fe”.
Finalmente, resueltos todos los recursos, la magistrada dictó la providencia fijando las nuevas fechas, y ésa fue la resolución que recurrió entonces San Ginés. Ese recurso también fue ya resuelto y rechazado, esta vez por la Sección Sexta de la Audiencia Provincial, pero entonces la defensa del expresidente presentó el incidente de nulidad contra esa resolución, que es el que ahora está pendiente de resolverse. Y en base a eso, el pasado viernes pidió que se suspendiera la vista.
Lo mismo que ha “venido sosteniendo desde el primer momento”
En un comunicado remitido este lunes a través del gabiente de prensa oficial del grupo de CC en el Cabildo, el propio San Ginés reconoce que el argumento que utiliza en ese incidente de nulidad es el mismo que ya ha venido planteando desde hace años, y que nunca ha prosperado ante ninguna instancia. Ahora, la pretensión es que la Audiencia declare nula su propia resolución, en la que rechazó el último recurso de San Ginés.
“El incidente de nulidad ante la Sección Sexta de la Audiencia Provincial fue presentado el pasado día 19 de abril por entender mi defensa, tal y como hemos venido sosteniendo desde el primer momento, que no existe acusación formalmente legitimada en el caso que nos ocupa, es decir, que las personas físicas que formularon la acusación nunca se personaron como parte del procedimiento ni existe resolución que les acepte como tales y, por tanto, no son parte del procedimiento”, insiste el expresidente, que considera que quien se personó fue el grupo Podemos en el Cabildo, y no las personas que lo conformaban entonces, que son las que continúan como acusación.
Sin embargo, tanto el juzgado de instrucción como distintas secciones de la Audiencia Provincial han desmentido ya reiteradamente esa tesis. De hecho, nunca podría haberse admitido la personación de un grupo político en una institución, dado que no tiene entidad jurídica fuera de ella (a diferencia de lo que ocurre con un partido político). Así, quienes constan como personados son los ex consejeros Carlos Meca, Pablo Ramírez y Plácida Martín, y todos los magistrados que se han pronunciado hasta ahora, así como el Ministerio Fiscal, han concluido que están legitimados para ejercer la acusación popular.
Reproches de la Audiencia por recursos “carentes de fundamentación”
Los recursos presentados en este último año por San Ginés y los intentos de suspender el anterior juicio señalado en 2021, apelando incluso a la pandemia, se suman a todos los que presentó durante la instrucción.
"No se le ocultan a esta parte las limitadas posibilidades de éxito del presente recurso que pretende que el Juzgado rectifique su propio criterio. Pudiera por ello calificarse la iniciativa de inútil, fútil, innecesaria e incluso impertinente", reconocía su propia defensa en uno de esos recursos, presentado hace ya tres años.
Después, recibió advertencias y reproches de la Audiencia, cuestionando que estaban presentado recursos “carentes de fundamentación”, intentando que la Sala volviera a pronunciarse sobre aspectos que ya había resuelto.
De hecho, además de haber sido condenado a una multa hace unos meses por mala fe al intentar recursar a la jueza, previamente también se le había impuesto a San Ginés el pago de las costas generadas con uno de los recursos.
Desde el inicio de este procedimiento, el abogado de San Ginés en la causa fue Carlos Viña, pero hace dos años decidió fichar a un letrado experto en corrupción, José María Calero Martínez, que ha intervenido en causas como los ERE de Andalucía y la trama Gürtel, y fue quien consiguió que se suspendiera el juicio hace un año, amenazando a la jueza con una posible denuncia por prevaricación si la continuaba.
Calero había sido ya abogado de Ignacio Calatayud en esta misma causa, cuando estuvo investigado junto a Pedro San Ginés; ya que Calatayud fue quien le "asesoró" en la incautación de la desaladora de Montaña Roja, mientras a su vez trabajaba para Canal Gestión, que fue la empresa beneficiada con esa medida ilegal.
Finalmente, el abogado fue desimputado en un auto firmado por el entonces juez Salvador Alba, que actualmente está apartado de su cargo por una condena de corrupción. Sin embargo, ahora Ignacio Calatayud está investigado en la nueva causa abierta contra San Ginés, donde se investigan delitos de malversación de caudales públicos y de cohecho.
