El abogado Ignacio Calatayud, que cobró cientos de miles de euros del Cabildo y de sus entes dependientes bajo la Presidencia de Pedro San Ginés, ha presentado una reclamación en los Juzgados para exigir a Inalsa otros 82.000 euros, por un incidente derivado del proceso concursal por el que ya facturó a la institución. El pleito por el que reclama estos honorarios se resolvió en junio de 2019, pero la minuta la elaboró un año y medio después -el pasado 7 de enero-, que fue cuando recurrió a la vía judicial para exigir el pago.
Antes, había estado ocultando información sobre este procedimiento tanto al actual grupo de gobierno del Cabildo como al Consorcio Insular del Agua, tal como advirtió este órgano hace más de un año. De hecho, el Consorcio decidió entonces retirar a Calatayud de éste y de otros procedimientos, advirtiendo con emprender acciones legales contra él y contra los procuradores.
En el caso de este pleito con la UTE Edam Janubio -que surgió dentro del procedimiento concursal de Inalsa-, el fallo llegó justo después de que San Ginés dejara la presidencia del Cabildo. Entonces, Ignacio Calatayud sí se dirigió a la nueva presidenta, María Dolores Corujo, proponiéndole la firma de un convenio con la empresa, que había perdido el pleito y debía pagar 1,6 millones de euros a Inalsa. El convenio, según detalla Calatayud en su minuta, lo había había redactado y negociado él mismo.
“Ante esta propuesta, y desconociendo los antecedentes del procedimiento, solicité que se me hiciera llegar la documentación necesaria para valorarla, pero sorprendentemente, la documentación existente en el Consorcio era incompleta y nuestros sucesivos requerimientos a Calatayud y a los procuradores para que la complementen, han resultado infructuosos”, señaló Corujo en febrero de 2020, cuando advirtió de una “deliberada estrategia de ocultación de información de vital importancia para la empresa pública”.
El propio gerente del Consorcio designado bajo el mandato de San Ginés, Domingo Pérez, fue quien exigió al letrado la documentación, y ante la falta de respuesta, propuso apartar tanto a Calatayud como a los procuradores, para designar a nuevos profesionales que pudieran recabar directamente en los Juzgados esa documentación de varios procedimientos relativos al Consorcio y a la concursal de Inalsa.
Ahora, Calatayud reclama el pago de sus supuestos honorarios por ese pleito, aportando para ello una minuta, pero ningún documento que acredite cómo fue contratado ni por qué importe. Cabe recordar que Ignacio Calatayud está investigado desde hace años junto a Pedro San Ginés por otros pagos que recibió del Consejo Insular de Aguas, en una pieza separada de la causa por la incautación de la desaladora de Montaña Roja. Y es que el juez instructor, Jerónimo Alonso, también vio indicios de delito en la contratación de Calatayud para asesorar en esa decisión a San Ginés, que ha reconocido públicamente y en los Juzgados que era amigo personal de este abogado, al que contrató de forma recurrente durante su mandato.
En concreto, el magistrado señalaba que en la contratación de Calatayud podrían haberse omitido "las mínimas exigencias procedimentales", eludiendo así "los controles que el propio procedimiento establece", incluyendo el de evitar posibles “incompatibilidades”. En aquel caso de la desaladora de Montaña Roja, Calatayud cobraba al mismo tiempo de Canal Gestión, que fue a quien se le entregaron las plantas que él mismo propuso incautar a Club Lanzarote. La pieza por esos pagos se abrió a principios de 2016 y pasó al Juzgado del juez Ricardo Fiestras, pero en los últimos años no se ha conocido ningún avance en la instrucción.
“Redacción y negociación” del misterioso convenio
En cuanto al nuevo pago que este mismo abogado reclama ahora a Inalsa, la minuta incluye no solo sus honorarios como letrado en el pleito, sino también su trabajo en la “redacción y negociación” del convenio que pretendía que se firmara con la UTE Edam Janubio, contra la que había pleiteado en nombre del Consorcio.
Fue el pasado 20 de enero cuando Ignacio Calatayud se dirigió al Juzgado de lo Mercantil Número 1 de Las Palmas, que fue el que dirimió tanto el procedimiento concursal -en el que Edam Janubio estaba entre los acreedores- como este incidente derivado del mismo. En su escrito, recordaba que la sentencia de este incidente se dictó el 27 de junio de 2019 y afirmaba que su “cliente” no le había abonado la minuta, por lo que pedía al Juzgado que interviniera para reclamar el pago a Inalsa.
Sin embargo, esa minuta que aportaba estaba fechada solo 13 días antes, el pasado 7 de enero. Además, el único documento que presentó para acreditar que había entregado previamente la factura a Inalsa fue un correo electrónico que envió al día siguiente -el 8 de enero- a la secretaria del Consejo de Administración, Eugenia Torres, remitiéndole la minuta por mail. Solo doce días después, elevó su queja al Juzgado por un supuesto impago de hacía año y medio.
El pasado 30 de marzo, el Juzgado admitió a trámite esta demanda de cuenta de abogado y en abril emitió una cédula de requerimiento dirigida a Inalsa, para que abonara a Calatayud “la cantidad reclamada de 82.606 euros” o para que impugnara el pago, “exponiendo los motivos que tuviere para ello y aportando en su caso los documentos que tuviera a su disposición”
