La promotora Papagayo Arena, propietaria del hotel ilegal Sandos Papagayo de Playa Blanca, ha solicitado a la Dirección de la Costa y el Mar que anule el nuevo deslinde propuesto en el Plan Parcial de Las Coloradas, que implica que la servidumbre de protección pase de 20 a 100 metros de ancho y que de aprobarse afectaría a la práctica totalidad del hotel.
El polémico Papagayo Arena es uno de los 22 hoteles que vieron declaradas nulas sus licencias en Lanzarote y uno de los tres que no han podido legalizar aún su situación. En concreto, su licencia fue declarada nula por la Justicia en 2007 por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias por infracciones urbanísticas graves. Luego, en 2016 fue declarada delictiva por la Audiencia Provincial de Las Palmas, que condenó al entonces alcalde de Yaiza José Francisco Reyes a seis años de cárcel e inhabilitación y decretó el embargo de todos sus bienes.
Sin embargo, el establecimiento sigue abierto al público y alojando turistas a pesar de no contar con ninguna autorización para ello. Además, tiene una orden de demolición dictada por el Ayuntamiento de Yaiza, durante la alcaldía de Gladys Acuña en marzo de 2016. El propio consistorio sureño ya concluyó en 2016 que este establecimiento, localizado en una ubicación privilegiada junto al Monumento Natural de Los Ajaches, era ilegalizable. Este alojamiento turístico ocupa un vial de acceso público a la playa de Las Coloradas y privatiza "de facto" la misma, además supera la altura permitida.
El anterior Grupo de Gobierno, liderado por Dolores Corujo, trató de precintar el establecimiento y llevar a cabo su derrumbe, pero el TSJC desestimó su demolición e instó al Ayuntamiento de Yaiza a que "continúe con su legalización".
De 20 a 100 metros de servidumbre de protección
En la documentación a la que ha podido acceder La Voz, y que fue adelantada por el digital Canarias Ahora, los dueños del Sandos Papagayo defienden que no hay "nada en absoluto que proteger" en la zona y que "el ámbito de ordenación ya se encuentra consolidado por la edificación en toda su extensión".
La Demarcación de Costas del Estado en Canarias sostiene que la servidumbre de protección es de 20 metros de ancho para los terrenos urbanos anteriores a la Ley de Costas. Para que puedan hacerse valer los 20 metros, expone que además debe haber cumplido "el plan de etapas". Mientras, "en el caso contrario", aumenta hasta la delimitación hasta los 100 metros.
El plan parcial de Las Coloradas, sobre el que se asienta el Sandos Papagayo, fue aprobado tras la Ley de Costas, pero antes de su entrada en vigor. Sin embargo, no ha podido confirmarse que su "plan de etapas" se hubiera cumplido porque "no ha aparecido el certificado de final de obra".
Mientras tanto, los dueños del hotel ilegal insisten en que las obras de urbanización del Plan Parcial de Las Coloradas "fueron ejecutadas de acuerdo" con el plan de etapas, aunque "pudieran quedar por ejecutar algunas unidades".
A lo que añaden que "la práctica totalidad de las obras" estaba ejecutada antes de los nueve años marcados por el plan, pero niega que el "posible retraso, en tres o cuarto años" pueda suponer la delimitación actual, que lo amplía a 100 metros. El Sandos Papagayos expone que este suelo está "consolidado por la edificación en casi un 90%".
Por su parte, el Ayuntamiento de Yaiza, afirmó en las alegaciones que las obras de urbanización de Las Coloradas "fueron ejecutadas en los plazos previstos en el citado documento".
La Demarcación de Costas añade que en 2003 las obras de urbanización tuvieron que "ser reconstruidas", pero la promotora hotelera lo atribuye a que "simplemente se produjeron una serie de despertectos" que fueron reparados.
Para defender que el plan de etapas se cumplió y aferrarse a esos 20 metros de servidumbre, la entidad se apoya en las licencias de final de obra y la de primera ocupación, otorgadas por el Ayuntamiento de Yaiza entre diciembre de 2003 y febrero de 2004, que ya han sido declaradas nulas por la Justicia y que llevaron al alcalde de Yaiza, José Francisco Reyes a prisión. "Para la obtención de ambas licencias es presupuesto necesario la ejecución de las obras de urbanización", resaltó en el escrito enviado a la Demarcación.
Otro de los argumentos plasmados por la promotora es que la nueva línea de servidumbre le supondría "una pérdida de aprovechamiento urbanístico reconocido en el instrumento de ordenación urbanística" y esto sería "a todas luces indemnizable".
Además, añade que Costas "pretende, 22 años más tarde, delimitar la línea de servidumbre con un ancho de 100 metros, en contra de sus propios actos y en clara vulneración de los principios de seguridad jurídica y confianza legítima".
Para concluir, la propiedad expone que no ha "recibido notificación alguna" sobre el proyecto de deslinde de Costas y alerta de que "la ausencia de notificación" puede provocar la "nulidad" del procedimiento.
