El Gobierno de España ha recurrido la resolución del Tribunal Supremo que le obligaba a dar acogida en el sistema nacional a más de mil menores migrantes no acompañados que han solicitado asilo en el archipiélago canario.
Según ha adelantado el diario El País, la Abogacía del Estado ha defendido en su recurso que es la administración autonómica canaria la que tiene la competencia para acoger a los menores migrantes, independientemente de si han solicitado protección internacional o no.
Además, el Ejecutivo nacional ha asegurado que aceptar el fallo judicial y derivar a los niños y adolescentes solicitantes de asilo a sus recursos supondría un "perjuicio" para "el interés superior del menor".
El Alto Tribunal acordó el pasado 25 de marzo como medida cautelar dar un plazo de diez días al Gobierno español para que acogiera a los más de mil menores cobijados en los centros de acogida canarios y que son solicitantes de asilo o que han presentado la declaración de voluntad para pedirlo.
Justamente, un día anterior de conocerse esta situación, el Gobierno de España y el canario se reunieron para acordar cómo se produciría ese traslado de menores exigido por el Supremo.