Los funcionarios de la Administración de Justicia han celebrado este jueves una nueva concentración en señal de protesta en la fachada del edificio judicial, localizada en la Avenida Aragón de Arrecife.
Ataviados con camisetas negras con el mensaje "sin justicia no hay derecho" y tras una pancarta en la que se podía leer el mensaje: "Por nuestra dignidad profesional y defensa de nuestros derechos. Gobierno escucha, justicia está en lucha".
Los sindicatos CSIF, Comisiones Obreras, STAJ y UGT emitieron este pasado miércoles un comunicado conjunto en la que advertían de "una fase superior" de esta huelga y cuyas "consecuencias eran dificiles de prever" en la huelga indefinida de los trabajadores de la Administración de Justicia.
"Se estima que se hayan alcanzado los 200.000 juicios suspendidos y cuatro millones de actuaciones judiciales no realizadas" en todo el país, revela el texto.
La principal demanda se dirige al Ministerio de Justicia, dirigido por Pilar Llop, a quien exigen "de una vez por todas" que "se siente a negociar con los cuerpos judiciales que más razones tienen para realizar una huelga y a los que menos caso ha prestado".
Al mismo tiempo han recalcado que "tras amenazar con una huelga indefinida, jueces y fiscales, entraron como un elefante en una cacharrería y sin realizar un solo día de huelga, la ministra y juez de carrera, Pilar LLop, los recibió con inmediatez y alfombra roja, aprovechándose de una situación de paralización judicial que habían provocado los funcionarios", denuncia el comunicado.
"Ni qué decir tiene que la capacidad de poner en una situación de crisis a la administración de justicia es 90 veces superior a la de fiscales, jueces y letrados, y sin embargo, les ha otorgado preferencia y acuerdos", amenaza.
Los sindicatos tachan de "clasista", "diferencial" y "privilegiado" el trato hacia jueces y fiscales. Entre las reivindicaciones, piden definir "bien" las funciones de trabajo, su movilidad, la elección de destino, "y otra serie de demandas relacionadas con una cierta garantía de que la prestación de los servicios no esté expuesta a abusos de poder, decisiones arbitrarias e intereses políticos que en nada tiene que ver con los intereses de los ciudadanos".
