La Fiscalía ha presentado un recurso de reforma ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo que dictó el sobreseimiento libre y el archivo definitivo de la causa que juzgaba al senador autonómico de Canarias Pedro San Ginés (Coalición Canaria) por la comisión de un presunto delito de denuncia falsa y otro de falso testimonio.
En un escrito al que ha podido acceder La Voz, el Ministerio Fiscal señala que la resolución judicial tiene "varios errores que la han condicionado". Entre ellos, resalta que la justificación del archivo de la causa "puede inducir a error" y "dar a entender" que Pedro San Ginés se presentó ante la Guardia Civil porque fue citado. Sin embargo, "se presentó voluntariamente".
El entonces presidente del Cabildo de Lanzarote acudió a las 22.30 horas el 11 de noviembre de 2009 a dependencias policiales para denunciar a varias personas. Entre ellos, al entonces consejero delegado de los Centros Turísticos, Carlos Espino (PSOE), a José Manuel Páez y al administrador de Climafrical, Antonio González Medina, que falleció en abril de 2020, tras sufrir años de ataques mediáticos.
Según el Ministerio, San Ginés "en su declaración atribuyó" a Climafrical y a Antonio González Medina haber sido contratado por la administración insular "saltándose los procedimientos establecidos para la adjudicación de los contratos" y resaltó que el empresario había sido afiliado del PSOE y miembro de la ejecutiva insular.
La Fiscalía expone que "desde la primera denuncia" se puede "extraer ese ánimo de querer faltar a la verdad de forma dolosa" y de forma "intencional causar un perjuicio" a Antonio González Medina. Además, incide en que "todas las acusaciones vertidas" por Pedro San Ginés a lo largo del procedimiento judicial "no respondían a la verdad".
El entonces presidente insular acudió al cuartel de la Benemérita apoyándose en "un informe jurídico de un abogado de su partido político", Coalición Canaria, redactado por un letrado "del que no conoce el nombre". Es por ello, que la Fiscalía resalta que la denuncia es "espuria" ya que fue "respaldada por el partido político al que pertenecía, pero no por la institución a la que representaba".
El Ministerio contradice al juez instructor y niega que la denuncia presentada por el expresidente del Cabildo de Lanzarote estuviera "amparada en informes objetivos y en declaraciones constatadas". En este sentido, asegura que "no hemos encontrado tales informes, ni tales declaraciones". Además, el informe jurídico que San Ginés mencionó a lo largo del procedimiento judicial "no consta en las actuaciones" y cuestiona que pueda tratarse "de esos que llamamos a la carta".
Durante su denuncia ante la Guardia Civil y sus diferentes declaraciones en sede judicial, San Ginés aseguró que fue el gerente de los Centros Turísticos José Juan Lorenzo el que le informó "de las irregularidades" denunciadas. Sin embargo, este no denunció ninguna irregularidad ni emitió un informe al respecto.
San Ginés también se avaló en el testimonio del director económico de los CACT, Francisco Ortega, quien aseguró que las obras "eran necesarias y las facturas eran correctas" y que el coste final de las facturas "fue superior al presupuesto por cuestiones técnicas imprevistas como filtraciones".
El Ministerio Fiscal expone que ya en junio de 2011 San Ginés compareció ante el Juzgado de Instrucción de Arrecife, que instruyó la causa, y volvió a citar el mismo informe jurídico. La Fiscalía concluye que realmente "no existía un informe jurídico previo" a la querella contra los denunciados. A ello se suma que en octubre de 2019 volvió a declarar ante el mismo Juzgado ratificando su testimonio.
El Ministerio Público insiste además en que cuando el nacionalista presentó la denuncia "ya había ostentado el cargo de consejero del Área de los Centros Turísticos" entre 2005 y 2007, por lo que "conocía perfectamente el entramado organizativo" y "estaba en disposición de conocer los mecanismos de control y asesoramiento".
Una respuesta a la denuncia del Caso Unión
El Ministerio Fiscal expone que la denuncia de Pedro San Ginés ante la Guardia Civil se dió "como consecuencia" de la denuncia que Carlos Espino había presentado tiempo antes y que dio lugar a la apertura de la investigación del Caso Unión en el Juzgado de Instrucción número 5 de Arrecife.
La Benemérita incluso enmarcó inicialmente la denuncia de San Ginés en el procedimiento de Unión. Según el Fiscal, Pedro San Ginés "pretendía establecer una conexidad entre la denuncia presentada por él con la presentada por Espino". Sin embargo, al no existir esa conexión la pieza fue desglosada de la causa de Unión.
En este sentido, añade que "San Ginés obviamente con la finalidad de perjudicar a Carlos Espino, por razones que no se le escapan a nadie, pero que se determinarán en el momento oportuno, orquestó una actuación falsaria utilizando a funcionarios policiales primero y faltando a la verdad en sus declaraciones judiciales después, que alcanzaron no solo a Espino, sino al propietario de Climafrical, que resultó investigado" y "al que se le llegó a exigir una fianza de más de un millón de euros".
La fiscal Isabel Rodríguez Mateo fue la encargada de representar al Ministerio Público en el caso de la violación múltiple de los Sanfermines de Pamplona, conocida como el caso de La Manada.
