La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Las Palmas juzgará el próximo 4 de febrero en Gran Canaria a un acusado de abusar sexualmente de una menor de 16 años en Lanzarote. Este juicio se celebrará este febrero a pesar de que inicialmente estaba previsto para el pasado septiembre en Arrecife.
Según el escrito de calificación del Ministerio Fiscal, el acusado A.F.O.C., que tenía 27 años en el momento de los hechos, mantuvo una relación sentimental con una menor de 16 años durante tres meses, entre junio y septiembre de 2021.
El pasado 11 de septiembre de 2021, sobre las 03.00 horas de la madrugada, el acusado se encontraba con la víctima en el piso de una amiga de la menor en Arrecife. El Ministerio Público expone que, al llegar el momento de la despedida y una vez se encontraron ambos en la puerta del edificio, el hombre a sabiendas de que era menor de 16 años y con "ánimo libidinoso" presuntamente comenzó a besar a la menor en la boca y en el cuello, trató de quitarle la camiseta y le tocó el pecho, a pesar de que la víctima le quitaba la mano y le pedía que parase.
La Fiscalía califica los hechos como un delito de abuso sexual a menor de 16 años y pide para él tres años de prisión, con inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena. Además, de la prohibición de acercarse a la víctima, a su domicilio y a su lugar de estudio o trabajo en una distancia inferior a 500 metros, así como la prohibición de mantener cualquier tipo de comunicación por cualquier medio manuscrito, telefónico, informático o telemático.
Si es declarado culpable, la Fiscalía pide cinco años de libertad vigilada tras cumplir la pena de prisión, así como pena de inhabilitación especial para cualquier profesión u oficio, sea o no retribuido, que conlleve contacto regular y directo con menores de edad por un periodo de tres años superior al de la pena de prisión que sea impuesta.
Para finalizar, el Ministerio Público pide que haga frente a la responsabilidad civil e indemnice a la víctima a través de su representante legal con 2.000 euros por los daños morales ocasionados.
