La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Las Palmas juzgará a partir de este martes 21 de enero y hasta el 6 de febrero en Gran Canaria al empresario lanzaroteño Juan Francisco Rosa, a sus hijos y a otros miembros de su familia por delitos societarios y de falsedad documental.
De acuerdo con el escrito de acusación del Ministerio Fiscal, Juan Francisco Rosa Marrero, dos hijos y otros miembros de su familia, presuntamente se pusieron "previamente de acuerdo" y actuaron de forma conjunta "siguiendo las instrucciones" de Juan Francisco Rosa para "otorgar recurrentemente" entre, al menos, 2004 y 2016 "préstamos no documentados" a favor de sociedades "vinculadas a los acusados" y "ajenas al socio minoritario".
La citada causa se inició en el año 2017 tras una querella presentada por los socios del empresario en el hotel Fariones, García Bravo e Hijos SL. Según el escrito de acusación de la Fiscalía, Juan Francisco Rosa actuaba como autor material de los delitos investigados, mientras que los otros cinco acusados "seguían sus instrucciones".
Por ello, el Ministerio Público solicita para Juan Francisco Rosa una pena de cuatro años de prisión al considerarlo autor material de dos delitos continuados societarios y un delito continuado de falsedad en documento mercantil. Asimismo, para el resto de los acusados pide dos años de cárcel.
Mientras, la acusación particular, ejercida por García Bravo e Hijos SL, añade el delito de apropiación indebida o, de forma alternativa, el de administracción desleal y pide once años de cárcel para todos los acusados.
El Ministerio Fiscal defiende que entre, al menos, 2004 y 2016, los acusados presuntamente otorgaron préstamos- no documentados- a favor de sociedades vinculadas a los acusados y ajenas al socio minoritario y a la propia actividad de la sociedad". Estos préstamos oscilaron entre los 486.425.04 euros (2008) y los 6.348.610,4 euros (2016).
Cuando solicitó el comienzo del juicio oral, el juez Jerónimo Alonso exigió a Juan Francisco Rosa y a sus dos hijos una fianza de 57 millones de euros. Además, los otros acusados tuvieron que depositar casi 30 millones de euros cada uno.
En el citado escrito, el Ministerio Público mantiene que los acusados, “miembros de la misma familia, puestos previamente de acuerdo y actuando conjuntamente siguiendo las instrucciones" de Juan Francisco Rosa, se valieron de los cargos que ostentó cada uno en distintos periodos y actuaron “con claro ánimo de favorecer a sus intereses personales, familiares y patrimoniales y a sabiendas del perjuicio económico que irrogaba a la sociedad y al socio minoritario de la misma, la entidad mercantil García Bravo, S.L.”.
