La Fiscalía Europea ha decidido asumir la investigación del "caso Mascarillas" porque considera que la posible estafa de cuatro millones de euros que sufrió la sanidad canaria al inicio de la pandemia de covid-19 puede afectar a fondos europeos y ha pedido al Juzgado al cargo de la causa que "se abstenga" de practicar nuevas diligencias.
En un decreto emitido desde su sede en Madrid, la Fiscalía Europea anuncia que activa su "derecho de avocación" para asumir la competencia sobre el caso y su investigación, ya que sospecha que el dinero que pagó por adelantado el Servicio Canario de Salud para adquirir un millón de mascarillas FFP3 que nunca recibió podían proceder del FEDER (Fondo Europeo de Desarrollo Regional).
El texto del decreto, que ha sido adelantado por el periódico "El Cierre Digital", recuerda que, de acuerdo con el derecho comunitario, las autoridades nacionales que estaban investigando esta presunta malversación de fondos públicos (el Juzgado de Instrucción número 7 de Las Palmas de Gran Canaria y la Fiscalía Anticorrupción) "están obligadas a remitir sus actuaciones".
El Juzgado ha suspendido las declaraciones que tenía previsto para este viernes tras recibir esta comunicación, según han informado a EFE fuentes cercanas al caso, en el que figuran como imputados el exdirector del Servicio Canario de Salud, Conrado Domínguez, que dimitió la pasada semana, precisamente debido a esta causa; la exdirectora de Recursos Económicos de la sanidad pública canaria, Ana María Pérez, y el empresario Rayco Rubén González, dueño de RR7.
"Reactivación" de un contrato extinguido por incumplimiento
Según los hechos que se investigan, el Servicio Canario de la Salud abonó en 2020, al inicio de la pandemia de coronavirus, cuatro millones de euros por una partida de un millón de mascarillas FFP3 que nunca recibió de la sociedad RR7, una empresa dedicada al comercio de coches sin experiencia anterior en la importación de material sanitario.
Las mascarillas contratadas llegaron al aeropuerto de Gran Canaria, pero Aduanas las intervino y las destruyó, porque eran falsificaciones de productos de la firma 3M. Ante ello, el Servicio Canario de Salud decidió rescindir el encargo a RR7.
Un año más tarde, en 2021, Conrado Domínguez autorizó que ese contrato se reactivara, a pesar de que legalmente estaba ya rescindido, y se diera a RR7 la oportunidad de importar otra partida de 1,2 millones de mascarillas de otra marca a cuenta del dinero que ya había cobrado, mascarillas que el SCS tampoco recibió.
Por estos hechos, Conrado Domínguez ha sido imputado por delitos de prevaricación y tráfico de influencias; Ana María Pérez por prevaricación; y el empresario Rayco Rubén González por estafa agravada y blanqueo de capitales.
Nuevos delitos
En el último auto que ha dictado sobre esta causa, el pasado 30 de octubre, el juez al cargo del caso anunciaba que veía inicios de un quinto delito, malversación, y que consideraba que el asunto había dado "un giro radical" tras la declaración prestada por el dueño de la empresa RR7, el imputado Rayco Rubén González.
Decía el juez en ese auto que González ha aportado pruebas de las que pueden "surgir numerosas derivadas respecto a los hechos y nuevos contratos", así como conducir a "la extensión de la investigación a nuevas personas".
A partir de ese auto, la instrucción del caso está declarada formalmente secreta para "evitar que se puedan destruir fuentes de prueba o neutralizar el resultado de las diligencias que se acuerden".
En su declaración, Rayco Rubén González aludió a contactos con el entonces director del SCS que este había negado mantener.
Al conocer el contenido de ese testimonio, el presidente de Canarias citó a una reunión a Conrado Domínguez para que le diera explicaciones, en una conversación que terminó con la decisión de este último de presentar la renuncia al cargo.
