La Fiscalía de Medio Ambiente ya ha presentado un escrito ante la Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Las Palmas anunciando que recurrirá la sentencia absolutoria del caso Stratvs, ya que considera que en el juicio quedaron acreditados delitos que no han tenido condena.
Este escrito es el primer paso para elevar el recurso de casación ante el Tribunal Supremo, y recoge los ejes sobre los que girarán las alegaciones del Ministerio Fiscal. Una vez admitido a trámite, se abre un nuevo plazo para que se prepare y desarrolle ese recurso.
La sentencia del caso Stratvs se dictó el pasasdo 2 de diciembre, absolviendo al principal acusado, Juan Francisco Rosa, y al resto de los procesados. Dos semanas después, la Fiscalía pidió una aclaración de la sentencia, al considerar que había importantes omisiones y errores en el fallo y que no se pronunciaba sobre algunos de los hechos que habían sido objeto de acusación. Por eso, pidió un “complemento” del apartado de “hechos probados”, que omitía muchos de los datos que se pusieron sobre la mesa en el juicio, especialmente en lo relativo a la ejecución de las obras. Y también solicitaba que se corrigieran otros "errores", como fechas que “no se corresponden con la documental obrante en autos”; y que diera respuesta a otros hechos que relataba el Ministerio Fiscal en su escrito y sobre los que no se manifestó la Sala.
La Fiscalía presentó dos escritos con estas peticiones a la Sección Sexta, el 16 y el 17 de diciembre, y solo tres días después la Sala rechazó la solicitud. El auto, fechado el pasado 20 de diciembre y redactado por la misma magistrada que fue ponente de la sentencia, Oscarina Naranjo, sostiene que solo procedería una rectificación si “el relato fáctico fuera oscuro, impreciso, dubitativo, ininteligible, incompleto, incongruente o contradictorio”, y considera que no es el caso.
Sobre los aspectos omitidos, la magistrada respondió que habían “excluido deliberadamente aquellos numerosos hechos incluidos en el extenso escrito de acusación que no han llegado a probarse tras la valoración efectuada”. Y entre ellos incluía no solo datos como los metros cúbicos extraídos durante la excavación para realizar la bodega, sino incluso los metros cuadrados que tiene actualmente la construcción, pese a las periciales de funcionarios públicos que se aportaron a la causa detallando las dimensiones del complejo.
En el auto rechazando aclarar la sentencia, la magistrada se refiere a “la existencia de elementos accesorios de la construcción” -en referencia al restaurante, la cocina, la tienda, las terrazas pavimentadas y el resto de elementos que rodean a la bodega en sí, que no contaban con ningún tipo de autorización- llegando a afirmar que fue “admitida por todas las partes”, pero que no “resulta” acreditada por “la actividad probatoria desplegada” por la acusación.
Precisamente en este punto se basará buena parte del recurso del Ministerio Fiscal, que considera que el delito contra la ordenación del territorio quedó sobradamente probado durante el juicio. De hecho, en el primer juicio de Stratvs fueron condenados todos los políticos y técnicos que intervinieron en la posterior concesión de la licencia de actividad, ya que el fallo concluyó que la construcción era ilegal e ilegalizable y que no se debía haber autorizado su apertura.
Sin embargo, pese a ese fallo que ya es firme y que fue ratificado por el Tribunal Supremo, la sentencia de la pieza principal absolvió después a todos los acusados y al propio promotor de la bodega. Ahora, la Fiscalía espera que el Supremo revise ese fallo, ya que considera que se obviaron multitud de hechos que habían quedado probados.
