La Fiscalía afirma que solo pidió datos sobre los menores en El Hierro, sin requerimiento

Responde así al Gobierno de Canarias, que este lunes señalaba que las ong encargadas de la atención de los menores en la isla habían recibido "presiones" de la Fiscalía y la Policía Nacional para acogerlos

EFE

3 de septiembre de 2024 (19:48 CET)
Actualizado el 4 de septiembre de 2024 (06:53 CET)
Menores migrantes atendidos en el muelle Comercial Fotos: José Luis Carrasco
Menores migrantes atendidos en el muelle Comercial Fotos: José Luis Carrasco

La Fiscalía Superior de Canarias ha asegurado este martes que solo "solicitó información" a la Dirección General de Protección a la Infancia del Gobierno de Canarias "de las concretas medidas que se estaban adoptando" para atender a los menores migrantes en El Hierro, negando la emisión de algún requerimiento.

En un comunicado, el Ministerio Público ha explicado que, tras ser informada por parte de la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras de que la ONG que se encarga de la acogida y atención a los menores migrantes en El Hierro les manifestó no poder acoger a los 15 niños y niñas que llegaron en un cayuco el 29 de agosto, "en el normal ejercicio de sus funciones, solamente solicitó información".

"Se reitera que por parte de la Fiscalía única y exclusivamente se ha solicitado información, sin que se haya producido ningún requerimiento ni a la ONG, ni a la Dirección General", ha rechazado el Ministerio Público.

La Fiscalía ha respondido de esta forma al Gobierno de Canarias, que este lunes señalaba que se habían recibido "presiones" por parte del Ministerio Público y la Policía Nacional a las organizaciones encargadas de la atención de los menores en El Hierro a las que se les requirió, según su versión, que aceptasen la acogida de menores, pese a manifestar que sus recursos estaban sobrepasados.

Este hecho ha provocado un cambio de postura en el Ejecutivo autonómico, que anunció, tras acordarlo en Consejo de Gobierno, que cualquier menor migrante que llegue a las islas deberá tener la autorización expresa de la comunidad autónoma para ser atendido en los centros que gestionan las ONGs, pues a partir de ahora entiende que los niños y adolescentes están bajo custodia policial, no abandonados ni desamparados, y son por tanto competencia del Estado.

Desde la Fiscalía Superior de Canarias han apuntado que tuvieron también conocimiento de la imposibilidad de que dichos menores "fueran trasladados al Centro de Atención Temporal de Extranjeros (CATE) de San Andrés por estar totalmente desbordado y no poder garantizarse su acogimiento separados de los migrantes adultos", y que de ahí su petición de información al Gobierno regional.

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