La empresa FCC, encargada de la construcción del Pabellón de Argana Alta, ha solicitado al Juzgado que se encarga del caso Jable, que sea la Asociación Jiménez de Asúa, que estaba personada en esta causa, la que haga frente al pago de las costas del juicio que ascienden a más de 1,4 millones de euros.
Esta cifra forma parte del dinero que Fomento de Construcciones y Contratas (FCC) abonó desde 2016 hasta la abril de este año como parte de un aval bancario que pidió para pagar la posible responsabilidad civil, solicitada por Jiménez de Asúa, por el dinero recibido en la adjudicación de este pabellón deportivo en Arrecife.
Los hechos se remontan a 2016, cuando la Asociación Jiménez de Asúa, personada como acusación popular en la causa, solicitó que FCC pusiera en forma de posible responsabilidad civil subsidiaria el dinero que había recibido del Ayuntamiento de Arrecife para la construcción del citado Pabellón. FCC ingreso 11,8 millones de euros por la construcción del pabellón de deportes de Argana y para garantizar la posible devolución de dicho importe tuvo que suscribir un aval bancario cuyo coste hasta la fecha ascendería a 1,4 millones de euros, según la defensa de la empresa.
Curiosamente, siete años después y a un mes del comienzo del juicio, la polémica asociación Jiménez de Asúa solicitó el "apartamiento" de la causa y renunció a tomar acciones. Así pues, la Sala decidió retirar la petición de las responsabilidades civiles subsidiarias tanto a Urbaser como a FCC, así como cancelar el aval de FCC para cubrir la fianza. Es por esto que la defensa de FCC solicita en un escrito enviado a la Sección Segunda de la Audiencia Provincial "la expresa condena en costas de la acusación popular", a la que acusa de hacer "un uso instrumental de la figura de acción popular y "como consecuencia de su comportamiento procesal cuanto menos temerario, si no de mala fe".
Además, en mayo de este año la empresa ha vuelto a enviar un segundo escrito reiterando la petición e interesa "el impulso procesal de las actuaciones".
Causa contra Isabel Déniz y Felipe Fernández Camero entre otros
La citada empresa fue una de las investigadas en el marco del caso Jable, la última pieza que queda por juzgar del caso Unión, la causa de corrupción más compleja del Archipiélago por volumen y extensión. En ella se investigan los sobornos en los contratos entre el Ayuntamiento de Arrecife y las empresas FCC y Urbaser para la construcción del polideportivo de Argana (Arrecife) y la adjudicación en los contratos de limpieza del municipio, respectivamente.
Entre los imputados se encuentra la exalcaldesa de Arrecife Isabel Déniz, el exsecretario Felipe Fernández Camero y Dimas Martín. Como se recordará la vista oral se tuvo que suspender el pasado mes de junio por los problemas de salud de la ex alcaldesa y se reanudará el próximo 11 de septiembre
Jiménez de Asúa, "un caballo de troya con intereses bastardos"
La Asociación de Juristas Jiménez de Asúa tiene una historia polémica. La asociación pretendió ejercer la acusación popular en varios casos de corrupción pero, cuando conseguía entrar, sus principales pasos se encaminaban a intentar entorpecer esos procedimientos, tal como advirtieron la Fiscalía, los jueces de instrucción y la Audiencia Provincial, que llegó a imponer a la asociación una multa de 1.000 euros por "mala fe procesal", al intentar apartar a la juez instructora del caso Unión. Jiménez de Asúa también presentó sin éxito una querella contra el primer juez instructor de Unión, César Romero Pamparacuatro, y la Fiscalía se refirió a ella como un "caballo de Troya con intereses bastardos".
