La familia de Antonio González recurre el archivo de la causa por denuncia falsa contra Pedro San Ginés

La acusación particular, encabezada por la hija del empresario, expone que "el procedimiento judicial no solo condujo al cierre de la empresa, sino al disgusto y deterioro personal de Antonio González que, tras diez años de banquillo, falleció"

24 de mayo de 2024 (13:19 CET)
Actualizado el 24 de mayo de 2024 (15:45 CET)
El portavoz adjunto de Coalición Canaria, Pedro San Ginés, durante una rueda de prensa  (FOTO: José Luis Carrasco)

La acusación particular, encabezada por la hija de Antonio González, ha presentado un recurso de reforma ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo que dictó el archivo de la causa que juzgaba al expresidente del Cabildo de Lanzarote y actual senador autonómico de Canarias Pedro San Ginés (Coalición Canaria) por la comisión de los presuntos delitos de denuncia falsa y falso testimonio.

Este recurso se suma al del Ministerio Fiscal que también recurrió el sobreseimiento de la causa ante el Supremo. En el escrito presentado ante la Sala de lo Penal al que ha accedido La Voz, la acusación particular se adhiere al recurso de reforma ya presentado por la Fiscalía y expone que el auto "no es ajustado a derecho". 

Los hechos se remontan al 11 de noviembre de 2009, cuando el expresidente del Cabildo de Lanzarote, el nacionalista Pedro San Ginés, denunció a las 22.30 horas de la noche en la comandancia de la Guardia Civil de Costa Teguise a varias personas, entre ellas al socialista Carlos Espino, a José Manuel Páez y al administrador de Climafrical, Antonio González Medina, que falleció en abril de 2020, tras sufrir años de ataques mediáticos

San Ginés denunció que Antonio González y Climafrical habían sido contratados por la administración "saltándose los procedimientos establecidos para la adjudicación de los contratos", según expuso el Ministerio Fiscal en un escrito anterior.

En un escrito al que ha podido acceder La Voz, la familia de Antonio González defiende que San Ginés, "con el fin de perjudicar a Carlos Espino, orquestó una actuación falsaria, que alcanza a Climafrical y a su propietario el señor González. Todo ello con conocimiento de la falsedad" al ser San Ginés conocedor de "los procesos de contratación administrativa" y resalta que "las acusaciones no se apoyan en ningún informe oficial". 

En esta línea, la familia del fallecido expone que se le llegó a pedir una fianza de un millón de euros y que "el procedimiento judicial no solo condujo al cierre de la empresa Climafrical, sino al disgusto y deterioro personal de Antonio González que, tras diez años de banquillo, falleció". 

La acusación particular defiende que San Ginés señaló a Antonio González durante su denuncia en el cuartel de la Guardia Civil y que añadió que administraba Climafrical y era afiliado del PSOE de Lanzarote.

Además, incide en que el entonces presidente del Cabildo de Lanzarote reiteró estas acusaciones años después durante sus dos declaraciones en sede judicial, una en junio de 2011 y otra en octubre de 2019.

La acusación particular indica, a pesar de que la citada denuncia fue presentada ante la Benemérita en 2009, cuando el ahora senador era presidente del Cabildo de Lanzarote, "no fue respaldada por su institución, sino por el partido político al que representa", Coalición Canaria. 

Tras ello, en mayo de 2010, los Centros Turísticos, durante la presidencia de Pedro San Ginés, se querellaron por este mismo caso con un texto que, según la acusación particular, reproducía "párrafos idénticos de la denuncia anterior", dando a entender que "ha sido elaborada por la misma mano". 

 

"Inexactitudes" en el testimonio de San Ginés

En esta línea, se apoya en el auto dictado por el Juzgado de Instrucción número 3 de Arrecife, que expuso que Pedro San Ginés recayó en "inexactitudes efectuadas" en su testimonio.

Entre ellas, señaló que a pesar de que San Ginés dijo que fue el gerente quien le informó de las irregularidades que llevaron a su denuncia, esto no pudo confirmarse. También resaltó que el propio director económico de los CACT aseguró que los trabajos y facturas eran correctos y que los peritos judiciales concluyeron que la facturación cumplía con los requisitos. 

En este sentido, añade además que no hubo un informe jurídico sobre las presuntas irregularidades expuestas en la querella, ni "informes elaborados objetivos y declaraciones constatadas objetivas" en las que amparar las presuntas irregularidades. 

 

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