La primera jornada del juicio por la incautación de la desaladora de Montaña Roja ha puesto de relieve una contradicción clave entre dos de los acusados. Y es que mientras el ex presidente del Cabildo, Pedro San Ginés, ha insistido en asegurar que ordenó esa medida cautelar asesorado por el entonces secretario de la Corporación, Francisco Perdomo, éste lo ha negado tajantemente.
“No se me pidió un informe”, ha respondido Perdomo a preguntas de la fiscal. “Yo no había estudiado el expediente ni conocía las interioridades”, ha sostenido el ex secretario, que ha recordado que lo mismo declaró durante la instrucción de esta causa.
Sin embargo, San Ginés ha seguido insistiendo en que tenía un “informe verbal” del secretario para ordenar esta medida, que después fue anulada por los Tribunales. De hecho, lo que se juzga ahora en esta causa es si el ex presidente y los otros dos acusados incurrieron en delitos de prevaricación al llevar a cabo "a sabiendas" este acto ilegal, sin tener ni un solo informe previo por escrito que lo avalara.
“Yo era consciente del extraordinario calado de lo que suponía la decisión y fui asesorado en todo momento verbalmente. Es verdad que también por un asesor externo, pero fundamentalmente por quien a mí me vinculaba, que era el secretario del Cabildo”, ha asegurado Pedro San Ginés, que se ha negado a responder al Ministerio Fiscal y solo ha contestado a su propio abogado.
En esa declaración, su letrado ha comenzado subrayando la falta de conocimientos jurídicos de su cliente. “¿Cuál es su formación en conocimientos de derecho?”, le ha preguntado. “Básica. Tengo una diplomatura en Empresariales”, ha respondido San Ginés. “¿E hizo después algún curso de derecho?”, ha insistido el abogado, a lo que ha contestado que no. Sin embargo, aunque en varios momentos de su declaración el ex presidente ha reconocido que era “consciente de que este era un caso de extraordinaria complejidad”, no pidió ningún infome por escrito antes de adoptar la decisión.
Según él, porque el secretario le dijo verbalmente que podía ejecutar la incautación, e incluso que podía hacerlo sin orden judicial y que ni siquiera necesitaba “un informe por escrito”. Sin embargo, estas afirmacionnes chocan frontalmente con lo que ha declarado instantes después el entonces secretario del Cabildo.
Tanto a preguntas de la fiscal como de su propio abogado, Francisco Perdomo ha explicado que Pedro San Ginés solo le preguntó verbalmente en una ocasión por este tema. “¿El presidente lo llamó a su despacho o acudió él al suyo?”, le ha planteado su letrado. “No, me llamó al suyo”. “¿Y acudió sin saber qué le iba a pedir?”, ha insistido el abogado. “Sí”, ha vuelto a responder Perdomo. “Fue entonces un asesoramiento improvisado”, ha concluido el letrado, a lo que el ex secretario ha respondido afirmativamente. “Puede calificarse así, sí”. Y lo mismo le había contestado antes a la fiscal, cuando le ha planteado si se limitó a informar con “carácter general”, dado que ha asegurado que desconocía los detalles de este caso y que solo pudo hablarle de otros que conocía "de debastecimiento de poblaciones".
De hecho, el ex secretario ha sostenido que ni siquiera se le informó después de que se había ejecutado esa decisión y ha afirmado que se enteró “por la prensa y por compañeros de que se había incautado” la planta de Club Lanzarote. Al respecto, su defensa ha hecho hincapié en que no estaba obligado como secretario a hacer "advertencias de legalidad". "Es verdad que antes teníamos obligación de advertir, pero eso ya no es así. Las advertencias de legalidad quedaron desaparecidas hace muchos años", ha subrayado Perdomo a preguntas de su letrado.
“Diez o doce días después”, según Francisco Perdomo, el presidente le llevó un informe. “Me dice que lo lea. Le digo que me parece fundamentado y razonado jurídicamente. Y me preguntó si estaría dispuesto a ratificar el contenido con una diligencia y le dije que sí y así lo hice”, ha añadido el ex secretario, que está acusado precisamente por haber puesto su firma en ese informe, ya que la acusación considera que con ello pretendían “intentar investir de legalidad la incautación” y la “acción prevaricadora” del presidente.
Ese informe, elaborado después de la incautación, no fue redactado por ningún funcionario de la Corporación sino por el abogado externo Ignacio Calatayud, amigo personal de San Ginés. Además, en ese momento Calatayud trabajaba también para Canal Gestión, que es la empresa a la que San Ginés entregó las plantas incautadas.
En su declaración, el propio Pedro San Ginés ha reconocido que pidió ese informe tras ejecutar la incautación porque vio que podía haber “problemas”. “Se solicitó después un informe por escrito, precisamente temiendo lo que ha ocurrido: que estoy aquí dando explicaciones a la Justicia de por qué tomé esa decisión. Les pedí: 'Por favor, háganme un informe por escrito porque va a haber problemas'”, ha admitido. A preguntas de su letrado, ha asegurado que lo que hizo fue pedir “a posterior” a Ignacio Calatayud y al secretario que plasmaran por escrito “todos los planteamientos” que le habían trasladado antes verbalmente. Sin embargo, de nuevo ahí ha vuelto a entrar en contradición con el ex secretario.
“¿Le pidieron que plasmara por escrito lo que había dicho verbalmente”, le ha preguntado su abogado a Francisco Perdomo, tras haber escuchado la declaración del ex presidente. “No”, ha vuelto a desmentir el ex secretario. Así, ha insistido en que ni antes ni después de la incautación emitió un informe y que se limitó a poner su firma en el elaborado por Ignacio Calatayud porque se lo pidió el presidente y le pareció que estaba “fundamentado”.
En cuanto a su intervención previa, además de la “breve” e “improvisada” conversación que ha declarado que mantuvo en el despacho del presidente, ha señalado que también participó en una reunión con los promotores del Plan Parcial Montaña Roja, es decir, con los dueños de la planta incautada. “Fue para llegar a un acuerdo amistoso al que no se llegó. Y yo ni intervine. Solo estuve presente”, ha precisado, insistiendo en que fue “unos meses antes” y “solo a efectos de tratar de llegar a una posible solución”.
En ese momento, el Consorcio sostenía que Club no tenía autorización para vender agua, como lo llevaba haciendo desde hacía casi tres décadas, dado que ese Plan Parcial seguía sin estar recepcionado por la administración. Finalmente, en septiembre de 2014 San Ginés ordenó abrir un expediente sancionador, que solo proponía una multa de 7.800 euros por tres faltas leves y una menos grave. Sin embargo, sin contar con ningún informe jurídico por escrito, ese mismo día y en la misma resolución ordenó incautar las plantas como medida cautelar y entregárselas a Canal Gestión, a quien había adjudicado menos de dos años antes la gestión del agua en Lanzarote.
