La Sala de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de Canarias ha decidido iniciar el trámite para llevar a juicio al magistrado Salvador Alba, al considerar que existen indicios suficientes de que incurrió en cuatro delitos desde el ejercicio de su cargo: prevaricación judicial, cohecho, falsedad y revelación de secretos.
En su auto, la juez Margarita Varona ordena transformar la causa en procedimiento abreviado, que es el paso previo a la apertura del juicio oral. Antes, deben presentarse los escritos de acusación, y la magistrada da diez días al Ministerio Fiscal y a las acusaciones particular y popular para que lo hagan.
La causa está relacionada con la actuación de Alba al frente del Juzgado de Instrucción número 8 de la capital grancanaria en sustitución de la magistrada Victoria Rosell, y con la conversación entre Alba y el empresario Miguel Ángel Ramírez, grabada por este último. En ella, se escuchaba al magistrado orientando la declaración de Ramírez, que estaba imputado en una causa que se instruía en ese Juzgado, para que prestara testimonio en contra de la juez Rosell.
Debe juzgar el caso Stravs y las principales piezas de Unión
Se da la circunstancia de que el juez Salvador Alba es quien debe juzgar las principales causas de corrupción que siguen pendientes de juicio en Lanzarote. Y no solo como uno de los tres miembros de la Sección Sexta de la Audiencia Provincial que presidirán esos juicios, sino también como ponente de algunas de esas sentencias. Así, salvo que sea apartado antes de su cargo por su situación penal, Alba se encargará de juzgar, entre otras, algunas de las piezas principales del caso Unión y la pieza central del caso Stratvs.
En esa segunda causa, el magistrado ya tuvo una controvertida intervención hace un año, cuando estimó un recurso del empresario Juan Francisco Rosa y levantó la medida cautelar de cierre de la bodega, que había sido ordenada por la juez instructora. En aquel momento, el contenido de su auto llevó a la acusación popular, representada por Transparencia Urbanística, a pedir que fueran recusados en esta causa tanto él como sus compañeros de Sala.
Ahora, el futuro de Alba y de esos y otros juicios que continúa celebrando este magistrado dependerá del Consejo General del Poder Judicial, que hasta el momento le ha permitido continuar en su cargo. De momento, la juez Margarita Varona ha ordenado que su auto sea remitido al Consejo General del Poder Judicial "a los efectos que procedan", aunque este órgano podría permitir que continuara ejerciendo hasta que este auto sea firme –ya que contra él aún cabe recurso- o hasta que se dé el siguiente y último paso y se abra formalmente juicio oral.
